PREOCUPANTE DISCURSO PRESIDENCIAL

Ayer, el presidente Ernesto Zedillo, durante la entrega del Premio Nacional de la Juventud, realizó una serie de formulaciones desconcertantes en torno a la situación que prevalece en la Universidad Nacional Autónoma de México.

En primer lugar, el mandatario sugirió en su discurso que los estudiantes paristas -a los que denominó genéricamente como "algunos jóvenes"- son los únicos causantes del conflicto que tiene lugar en la UNAM y, con ello, minimizó la responsabilidad que en este diferendo han tenido las autoridades de esa casa de estudios y el desafortunado papel que la rectoría ha desempeñado a lo largo del presente movimiento estudiantil. Basta recordar, en este sentido, que las negociaciones entre el Consejo General de Huelga (CGH) y la Comisión de Encuentro -pláticas que, aunque difíciles, significaron un importante esfuerzo de conciliación y acercamiento- se suspendieron por decisión de la segunda y que, desde entonces, la falta de una vía de diálogo entre las partes ha sido una de las causas del agravamiento de las tensiones y los desencuentros entre los alumnos paristas, las autoridades universitarias y los grupos estudiantiles y académicos que demandan el fin de la huelga en la UNAM.

Por otro lado, sorprende que el Ejecutivo conjugue en su mensaje una petición -ciertamente pertinente- para que quienes reclaman al gobierno resolver el conflicto universitario "mediante la aplicación de la ley" expliquen las características y los alcances de sus peticiones, con una formulación tan ambigua e imprecisa como las que él mismo solicitó clarificar. ƑA qué se refiere el Presidente cuando dice, en un inquietante tono de amenaza, que si se rechaza la propuesta de los ocho profesores eméritos, "el gobierno de la República quedaría sólo en espera del preciso mandato democrático de la mayoría universitaria para poner en acción otros medios legítimos del Estado, con el fin de restaurar el funcionamiento de la Universidad"? ƑRepresentaría esa acción gubernamental una solución justa al conflicto o, en cambio, implicaría la vulneración de la autonomía universitaria y el agravamiento de los problemas existentes?

Finalmente, ha de señalarse que las declaraciones del mandatario tienen lugar en momentos en que tanto el Consejo Universitario como el CGH se disponen a analizar y discutir la propuesta de los profesores eméritos. Así, los señalamientos presidenciales -considerados como un ultimátum por los paristas- más que coadyuvar a que las partes tomen libremente una determinación, funcionan como una cuña para presionar hacia un solo sentido a los diferentes actores y como una descalificación anticipada de quienes determinen seguir otro camino.

La iniciativa de los eméritos propone, entre otras cosas, el levantamiento voluntario de la huelga -sin la injerencia de instancias ajenas a la UNAM- y el establecimiento de espacios de discusión, en los que participe toda la comunidad universitaria, para analizar y plantear soluciones a los diversos problemas que enfrenta esa institución académica. En este contexto, es claro que una intervención gubernamental en la Universidad no sólo sería contraria a esta propuesta, sino que resultaría riesgosa y contraproducente.

PGJDF: BALANCE POSITIVO

Para combatir eficazmente a la delincuencia y abatir la corrupción y la impunidad es indispensable que las instituciones de impartición y procuración de justicia estén integradas por individuos capaces, honestos, atentos a los reclamos de la ciudadanía y comprometidos de manera inalterable con la vigencia de la ley y el respeto de los derechos humanos.

Empero, es evidente que gran parte de los graves problemas de criminalidad e inseguridad que enfrenta la capital del país tuvo su origen, entre otros factores, en la negligencia, la corrupción y la desvinculación con la sociedad que padecieron, durante numerosos años, las diferentes instancias judiciales de la metrópoli. Revertir estas circunstancias y perseguir de manera implacable y con estricto apego a la ley a la delincuencia son dos de las principales tareas que el nuevo gobierno capitalino ha emprendido desde el principio de sus funciones y, en ello, ha tenido especial relevancia el trabajo realizado por el procurador Samuel del Villar.

Ciertamente, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) ha debido sortear importantes obstáculos en sus esfuerzos por moralizar y profesionalizar a sus cuadros -pues esas medidas implican necesariamente la ruptura de las redes de complicidad y corrupción que diversos servidores públicos mantenían con las organizaciones delictivas-, pero tales resistencias no han frenado el accionar de las autoridades capitalinas ni han condicionado en ningún momento sus decisiones.

Mientras en el pasado, para poner un ejemplo, las investigaciones de crímenes que conmocionaron a la opinión pública -como la muerte del magistrado Abraham Polo Uscanga o, en el ámbito federal, los homicidios de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu- resultaron poco esclarecedoras o fueron realizadas de manera irregular, las indagaciones emprendidas por el presente gobierno en lo concerniente al asesinato de Francisco Stanley han aportado datos sustanciales e identificado con prontitud a los presuntos autores intelectuales y materiales de este crimen.

Así, es de reconocer el empeño del procurador Del Villar por hacer valer la ley -sin ceder ante presiones o mantener complacencias- y su determinación por cumplir, con resultados concretos, el compromiso del gobierno capitalino en materia de combate a la impunidad y la delincuencia.