El 23 de agosto de este a„o, en Tlahuelilpan, Hidalgo, el presidente Zedillo se lanzó contra los estudiantes huelguistas de la UNAM, sin llamarlos de este modo, pero al mismo tiempo, con una inusitada lógica, dijo que ``son los universitarios a quienes corresponde, antes que a nadie, defender su casa de estudios, y cuando hablo de defender no estoy sugiriendo una connotación de enfrentamiento'' (las cursivas son mías), aunque el enfrentamiento se dio. Y más adelante señaló que ``la universidad es la casa de la tolerancia, es la casa de la inteligencia, es la casa de la racionalidad''.

El discurso de Zedillo fue dicho varias horas antes que el de Barnés. Y rápido, como quien coge una pelota al vuelo, alguien de entre los colaboradores del rector le redactó a éste un mensaje en el que no sólo se plagió al presidente (la UNAM es ``la casa de la tolerancia, de la inteligencia y de la racionalidad...'', se lee en el mensaje de Barnés) sino que le tergiversó la información poniendo a su jefe en una situación embarazosa, como alguien que no coteja la información. Me refiero a las agresiones con petardos, monedas y piedras que surgieron del contingente de los antiparistas y no del contingente de los huelguistas, como testificaron 20 reporteros, fotógrafos y camarógrafos de diversos medios, que resultaron agredidos también. En su mensaje, Barnés dijo ``lamento profundamente la agresión que el día de hoy (el lunes pasado) sufrieron los estudiantes que se manifestaban por el pronto retorno a clases y los representantes de los medios que se encontraban presentes''.

Por otro lado, si se interpreta el discurso de Ernesto Zedillo al modo de las tradiciones políticas en México, el conflicto de la UNAM, o al menos su vía de solución, debe resolverse o visualizarse, según el caso, antes del Informe Presidencial del primero de septiembre. No extraña, por lo mismo, que el discurso del Presidente en Tlahuelilpan se haya convertido en la línea a seguir por parte de las autoridades de la UNAM. ¿Exagero?

El presidente Zedillo dijo el lunes que ``el gobierno de la República señala (sic) que cualquier acto (en referencia al conflicto de la UNAM) tiene que estar fundado en el derecho (es decir, apegado a la legalidad), pero existe otro requisito fundamental, y ese requisito es el sustento democrático''. Barnés, por su lado, ha dicho que la legalidad debe restituirse y que convocará al Consejo Universitario para que se analice la propuesta de los eméritos y se adopten los acuerdos que resulten procedentes, con lo cual, ¡al fin!, parece que se intenta dar un sustento democrático a la vía de solución al conflicto que él provocó hace varios meses. Un poco tarde, pero está bien; aunque no dejan de preocupar las últimas palabras del mensaje del rector, aquéllas que dicen que asumirá las consecuencias que conlleve el hecho de ``tomar las decisiones que sean necesarias para que se restituya la legalidad que desde hace 124 días ha sido violentada''.

¿A qué consecuencias se refiere el rector? Quienes han hablado de aplicar la ley en el conflicto de la UNAM han sugerido que no se descarte la intervención de la fuerza pública para desalojar a los huelguistas de las instalaciones universitarias. ¿Será esto mismo lo que quiere decir Barnés cuando se refiere a la restitución de la legalidad? Si acaso es cierto que Zedillo ya dio la línea, las acciones que tomará Barnés podrían ser las siguientes: convocar al Consejo Universitario (convocatoria ya anunciada) para dos días antes del Informe Presidencial y que el CU (dado que tiene mayoría a su favor) se pronuncie por el establecimiento de espacios de discusión y análisis sobre los problemas fundamentales de la Universidad y que se comprometa a prestar atención a las conclusiones que se obtengan para luego traducirlas en resoluciones. Si el Consejo General de Huelga (CGH) no acepta la exhortación de los eméritos y no manifiesta su intención de levantar la huelga ``a condición del establecimiento de dichos espacios'' (como dice la propuesta de los eméritos), pues se restituirá la legalidad con la ``legalidad'' del uso de la fuerza pública. El rector podría decir que él ya cumplió con la parte democrática, ``el sustento democrático'' del que hablara Zedillo, y le aventaría al CGH la responsabilidad por la aplicación de la ley, de la que también habló el presidente.

Si esta hipotética secuencia de hechos se convirtiera en realidad, se reabriría la universidad, pero no se resolvería el conflicto. La UNAM quedaría muy lastimada, y la dignidad de los universitarios también. ¿Estas consecuencias también las asumiría el rector?