La Jornada jueves 26 de agosto de 1999

LA CHISPA Y EL INCENDIO

El violento choque ocurrido ayer en las cercanías de La Realidad, Chiapas, entre efectivos del Ejército Mexicano y campesinos indígenas pro zapatistas, incrementa la tensión en esa entidad y coloca a la sociedad ante una perspectiva indeseable y temible: la reactivación de una guerra en la que todos los mexicanos saldríamos perdiendo.

La VII Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Comité Clandestino Revolucionario Indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional dieron a conocer versiones contradictorias sobre lo sucedido ayer en La Esperanza: las autoridades castrenses afirman que, tras detectar "a tres individuos encapuchados y armados", un contingente militar fue atacado por "40 personas encapuchadas que portaban palos, piedras, machetes y cuchillos", las cuales hirieron a siete uniformados, y que ante la agresión "el personal militar hizo disparos para disuadir a los agresores", tres de los cuales fueron capturados; por su parte, los insurgentes sostienen que "tropas del Ejército federal y policías de Seguridad Pública del Estado de Chiapas (...) atacaron la comunidad de San José de La Esperanza", que en el curso de la agresión "fueron detenidos arbitrariamente, golpeados y amarrados" tres habitantes de la localidad, otros dos resultaron heridos de bala "y las mujeres de la comunidad fueron golpeadas por los militares".

Los respectivos comunicados difieren casi en todo -incluso en los nombres de los detenidos-, por lo que resulta necesario un esclarecimiento informativo y legal de lo sucedido. Es necesario apuntar, en lo inmediato, que en la versión castrense hay un elemento que debilita su credibilidad, pues difícilmente un grupo de civiles armados con "palos, piedras, machetes y cuchillos" se lanzaría sobre un contingente de soldados equipados con fusiles de asalto, salvo si fuera en reacción a una provocación de grandes proporciones.

En tanto logra dilucidarse lo ocurrido, e independientemente de cuál de las partes diga la verdad y cuál mienta, el grave incidente de ayer es consecuencia directa de la intensificación de los movimientos que el Ejército realiza desde hace 10 días en la zona de conflicto y de la consecuente crispación.

Tales operativos, percibidos por las poblaciones prozapatistas como una amenaza y como una provocación, pueden cobijarse bajo diversas coartadas legales -como la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos- que, en todo caso, resultan difícilmente sostenibles, según los términos de la Ley de Concordia y Pacificación de 1996.

Al margen de las disquisiciones jurídicas del caso, el estrechamiento del cerco castrense sobre La Realidad y otras comunidades zapatistas significa incrementar las tensiones a grados semejantes a los de febrero de 1995, cuando el gobierno pretendió situar el conflicto chiapaneco, eminentemente político y social, en una lógica meramente policiaca, ocupó militarmente Guadalupe Tepeyac y emprendió la persecución de zapatistas reales o supuestos en diversos puntos del territorio nacional.

La sociedad no debe dejar margen para una repetición de aquella torpeza. Como en enero de 1994 y como en febrero de 1995, la movilización social es necesaria para defender la precaria paz y para llevar a una reactivación del proceso pacificador, interrumpido tras el desconocimiento oficial de los Acuerdos de San Andrés y el rechazo del Ejecutivo a la propuesta de modificaciones legales en materia de Derechos y Cultura Indígenas elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación.

El secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco, tras describir el enfrentamiento ocurrido en La Esperanza como una "agresión hacia las Fuerzas Armadas", lo minimizó y lo contrastó con el supuesto "clima de estabilidad, de paz social, de atención a la demanda legítima de los pueblos indígenas" que el gobierno asegura mantener en Chiapas. Por desgracia para todos, el suceso referido dista de ser un hecho aislado: es, por el contrario, expresión y resultado de la explosiva circunstancia chiapaneca -agravada justamente por la acción gubernamental-, en la cual una chispa puede generar un incendio de consecuencias catastróficas para todo el país.