n Impiden efectivos el paso de legisladores al nuevo campamento militar

Mil indígenas más refuerzan la protesta en Amador Hernández

n Proceden de 19 comunidades de las cañadas de Avellanal y Agua Azul n Se suma la Aric-Independiente

Juan Balboa, corresponsal, Amador Hernández, Chis., 24 de agosto n En un ambiente tenso, alrededor de mil indígenas simpatizantes del EZLN, y miembros de la Aric-Independiente, llegaron hasta este poblado para plantarse frente al campamento militar, y exigir el retiro inmediato del Ejército de sus tierras, así como el libre tránsito, "según lo marca la Constitución mexicana", en los caminos de la selva Lacandona.

Una muralla formada por cien elementos del primer batallón de la Policía Militar, cerca de 40 metros de alambre punzocortante y un funcionario del gobierno de Albores impidieron el paso a una comisión de legisladores perredistas ųfederales y localesų que intentaron constatar los destrozos ocasionados por los militares en dos hectáreas sembradas de maíz y frijol; el número de tropas movilizadas para, según el gobierno chiapaneco, "cuidar a una empresa particular", y confirmar el inicio de la construcción "ilegal" de un nuevo campamento en Amador Hernández.

El diputado federal Sergio Benito Osorio Romero, miembro de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, acusó al Ejército de cometer delitos federales, al impedir el libre tránsito por el único camino de la región, ocasionar destrozos en propiedades ejidales y realizar movilizaciones castrenses en apoyo de un particular.

Entre el bullicio de los indígenas, Osorio anunció que el PRD interpelaría al presidente Zedillo en su próximo informe. Además, presentará juicio político en contra del gobernador Albores.

Para cuidar una empresa, 500 soldados

La llegada de los legisladores a Amador Hernández coincidió con el arribo de unos mil indígenas de 19 comunidades de la región de Candelaria, Avellanal y Agua Azul, para protestar por la presencia de los militares en en la selva Lacandona.

Los diputados federales Sergio Benito Osorio Romero y Octavio Díaz Reyes, así como el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso local, Noel Rodas Vázquez, se dirigieron hasta el nuevo campamento militar, asentado en una pequeña montaña distante a un kilómetro de Amador Hernández.

Una centena de elementos de la Policía Militar cerraron el paso a los diputados, y con escudos antimotines no permitieron el ingreso de los perredistas al campamento militar, ubicado en una de las regiones más importantes del EZLN.

"Están infringiendo la Constitución al impedir el derecho de libre tránsito", dijeron a los militares, y les advirtieron que "es muy grave, pues es un delito federal". Molestos, solicitaron hablar con la persona que estaba al mando del Ejército o una autoridad civil. Los propios zapatistas les dijeron que se encontraba allí "un tal" Iván Camacho Zenteno.

ųšIván!, šda la cara!, sabemos que estás ahí ųgritó el diputado Noel Rodas.

"šIván Camacho, no te escondas!; nosotros no nos moveremos hasta lograr hablar con una autoridad", insistió.

No habían trancurrido cinco minutos cuando entre la muralla verde apareció el funcionario, quien caminaba con paso lento. El diputado Rodas le pidió que se identificara y explicara el porqué les impidieron el libre tránsito.

ųSoy director de Asuntos Políticos del gobierno del estado; estoy acá para dialogar con las autoridades de Amador Hernández ųdijo Iván con voz casi inaudible.

El legislador chiapaneco le reviró: "Eso no valida que pusieran estas púas; yo quiero ir a ver donde destruyeron la milpa y no puedo pasar, porque hay familias que despojaron de dos hectáreas para hacer el campamento militar, y eso no se vale".

ųLa razón por la que están aquí los militares, es que el día 14 (de agosto) vinieron gentes de la comunidad bastante agresivas... ahora, si quieres pasar, camina para allá y ahí platicamos.

Intervino el legislador Osorio: "El problema más serio es que la gente no aceptará la construcción de la carretera mientras no se cumplan los acuerdos de San Andrés... El primero de septiembe ya está muy cercano, habremos de tomar las medidas necesarias en el Congreso de la Unión para increpar al ciudadano Presidente, por su incumplimiento de los acuerdos".

En su intento por convencer a los diputados, Iván Camacho, ex candidato a la gubernatura de Chiapas por el PT, argumentó que el Ejército se encontraba ahí porque lo había solicitado la empresa que tiene a su cargo construir el nuevo camino de San Quintín a Amador Hernández.

La gente le gritó "mentiroso". Luego, respondió el legislador: "El argumento no es suficiente, es decir, el despliegue de la tropa no puede ser porque lo solicite un particular y menos una empresa. Mañana solicitaré en la Permanente la comparencia del secretario de la Defensa; alguien tiene que explicar por qué está aquí el Ejército".

Durante el diálogo, la Policía Militar ųla misma que reprimió a los desplazados en X'oyep y a los zapatistas en Aldamaų reforzó con una segunda fila la muralla frente a los legisladores.

Del otro lado, simpatizantes zapatistas y los de la Aric-Independiente formaron una cadena humana, que no se "romperá", dicen, hasta que no se cumplan los acuerdos de San Andrés.

n La paz, en riesgo, alertan la actriz y ONG en la Cámara de Diputados

Enjuiciar a quienes incitan a la guerra, exige Ofelia Medina

Ciro Pérez Silva y María Esther Ibarra n La única forma de generar un ambiente de diálogo en Chiapas es impulsando los juicios políticos y penales contra quienes "incitan a la guerra y provocan un error histórico", aseguró ayer Ofelia Medina, luego de exigir al presidente Ernesto Zedillo que enfrente sus responsabilidades constitucionales para que se retome el estado de derecho y las vías pacíficas de solución al conflicto.

En la Cámara de Diputados, Medina e integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), del Fideicomiso por la Salud de los Niños Indígenas de México, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y de la iniciativa civil SOS Chiapas, cuestionaron las últimas "acciones beligerantes" que ponen en riesgo la paz y profundizan la crisis política que se vive en la entidad.

Acompañados por el vicecoordinador perredista, Jesús Martín del Campo, quien aseguró que su bancada reactivará la demanda de juicio político en contra del gobernador Roberto Albores Guillén, por "alentar campañas de linchamiento y de violación de las garantías constitucionales en un alarde de torpeza que no tiene parangón", expresaron su preocupación por el avance del Ejército hacia el núcleo de la comandancia del EZLN, "con claras intenciones militares que contravienen la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas".

Los integrantes del colectivo afirmaron que "todo el aparato bélico está en marcha", al tiempo que se ha establecido en esa entidad "un estado de excepción no declarado", lo que -aseguran- confirma la política de simulación que ha caracterizado al presente sexenio, y exigieron al presidente Zedillo el retiro inmediato del Ejército a los puestos que ocupaba hasta febrero de 1995.

A los soldados los conminan a no obedecer órdenes contrarias a su conciencia humana y de mexicanos y a denunciar a quienes los obliguen a cometer crímenes; al titular de Gobernación, a que retome personalmente la coordinación del diálogo y la reconciliación en Chiapas, y que ejerza su función como encargado de la política interior, velando por el buen funcionamiento de las instituciones y del estado de derecho.

Convocaron también al Congreso de la Unión para que realice una profunda reforma constitucional que permita un mayor control civil sobre el Ejército; que derogue la ley que establece las bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y que pida cuentas al titular de la Defensa Nacional en la próxima revisión del informe presidencial.

A la Procuraduría General de la República, para que atraiga e investigue los delitos cometidos por priístas, que han privado de la libertad, golpeado, amenazado e incluso tratado de violar a miembros de organizaciones civiles y han impedido el libre tránsito.

"Volveré en su momento"

Ofelia Medina se refirió también al intento de expulsarla de Chiapas, y sostuvo que se trató de una estrategia para justificar "el golpe final" que aparentemente se tenía preparado para el EZLN. Dijo que el Ejército Mexicano estableció un cerco para efectuar un operativo aéreo, "pensando que nunca encontraría allí a 30 estudiantes y a mi persona, para que testificáramos esta vileza".

Comentó que hace unos días, el colectivo que encabeza se entrevistó con el secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco, a quien le expusieron que el Ejército y las instituciones gubernamentales no pueden proceder como si no existiera un conflicto real en Chiapas.

"Ahora somos testigos de la verdadera intención de la presencia militar en la zona de Montes Azules. No era la de sembrar árboles ni construir carreteras, sino amedrentar a la otra parte en el conflicto. Actualmente en la zona se ubican 8 mil efectivos militares, con equipo que va desde aviones y helicópteros, con los que realizan vuelos rasantes, hasta armas de alto poder, macanas de policarbonato y granadas de gas letal, de uso exclusivo del ejército estadunidense", revelaron.