n Hacienda no ha entregado los libros contables que probarían el hecho

Lavaría dinero del narco empresa de Stanley, manejada por Bezares

n Ambos habrían establecido compromisos con el cártel de Colima n Recibirían amenazas de sicarios

Elia Baltazar n Los libros donde se da cuenta de la situación financiera de la empresa SS Producciones, fundada por Francisco Stanley y manejada por Mario Rodríguez Bezares, y que serían prueba del delito de lavado de dinero para el narcotráfico, no han sido entregados a las autoridades judiciales por parte de la Secretaría de Hacienda, según fuentes de la propia dependencia.

Hasta el momento, de acuerdo con la versión, no se ha girado ninguna orden por parte de algún juez para que los datos financieros sean entregados a la Procuraduría de Justicia capitalina. Esta información, necesaria para establecer el móvil del crimen, ha sido negada sistemáticamente, tanto por la empresa como por Hacienda, aunque en los datos se advierte un aumento en el capital de SS Producciones que no corresponde al trabajo realizado por la empresa.

La firma funcionaba bajo la responsabilidad absoluta de Mario Bezares, y hasta donde se sabe, ambos habrían establecido compromisos económicos con el cártel de Colima, que no cumplieron.

En varias ocasiones Stanley habría recibido amenazas de los cobradores del cártel, mismas que desestimó, por lo que la organización delictiva habría contratado los servicios de El Cholo, a quien hicieron venir desde San Diego para asesinar al coductor televisivo.

Así, se refuerza la principal línea de investigación de una supuesta deuda que tenía Stanley con los hermanos Amezcua, quienes habrían financiado la instalación de la empresa productora del comediante, aunque quien realmente manejaba todo era Mario Rodríguez Bezares, pues en él delegaba toda la responsabilidad administrativa de sus actividades, y aun favorecía a sus familiares gracias al poder otorgado por su jefe y compañero.

Stanley, además, sí buscó la protección de agentes judiciales, pues habría advertido que su vida corría peligro, aunque desestimó las amenazas que recibía por parte de los reyes de la metanfetaminas, amparado en su imagen y nombre. Lo anterior explicaría su petición para que la Secretaría de Gobernación le otorgara un permiso para portar arma, tanto a él como a su hijo y al propio Bezares.

Además, el único que conocía todo sobre los negocios de Stanley era precisamente Bezares, cuya presunta responsabilidad en el homicidio se deriva de una serie de declaraciones que se contradicen, incluso con lo testificado por su esposa.

Pero no sólo sus testimonios inculpan a Bezares, pues hay pruebas de que ha mentido. Es el caso de la llamada telefónica que realizó desde el baño, pues si bien él había dicho que llamó a su mujer aproximadamente a las 11:20, ésta dijo no haber recibido ninguna llamada a esa hora.

La hipótesis de los investigadores es que Bezares habría negociado la vida de su compañero a cambio de la condonación de una deuda que él mismo mantenía con los hermanos Amezcua, con quienes se relacionó a partir de la intervención de la edecán Paola Durante, quien ha sido identificada como la mujer que sirvió de enlace entre ambas partes.

Buenos resultados en la investigación

Por su parte, el procurador general de Justicia del Distrito Federal, Samuel del Villar, consideró satisfactorios los resultados de las investigaciones en torno del asesinato de Francisco Stanley, y aseguró: "Hemos avanzado con pies de plomo, con seguridad en la integración de los elementos para la indagatoria, para no cometer errores".

Entrevistado acerca de la versión de que Stanley buscó la protección de un agente policiaco a quien le confesó que temía por su vida, el procurador capitalino explicó: "Creemos que las razones por las cuales buscó protección no se relacionan con agresiones del fuero común, pero en su caso estamos estableciendo estas causales dentro de la investigación".

Respecto de la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos del DF sobre la actuación de la juez 15 penal, Beatriz Moreno Cárdenas, por los términos del arraigo que dispuso contra Mario Bezares, Del Villar explicó que, por parte de la PGJDF, la solicitud fue totalmente apegada a derecho, de acuerdo con la ley.

Por otra parte, los abogados defensores de los tres arraigados en el hotel Miguel Angel han limitado las entrevistas de prensa con sus clientes para evitar que se desvirtúen sus declaraciones, ya que esperan que en los próximos días se les conceda un amparo para trasladar el arraigo a sus domicilios respectivos.

No obstante, el juez 30 penal ha considerado que existen elementos suficientes para haber dictado el arraigo en contra del chofer de Paco Stanley, Jorge García Escandón; de la edecán Paola Durante Ochoa, y el asistente de Bezares, José Luis Martínez Delgado, pues hay diversos testigos que los involucran en los hechos relacionados con el homicidio de Stanley.

Asimismo, el juez dijo que hubo contradicciones en las declaraciones de los arraigados, y fue a partir de este hecho que se les dictó la medida precautoria.

La PGJDF, en tanto, continúa con las indagatorias, y ayer, gracias a una orden obtenida del juez 42 penal, Silverio Morales López, llevó a cabo un cateo en el domicilio de Erasmo Pérez, El Cholo. Extraoficialmente se informó que en el lugar fue encontrado un traje de vestir que, por sus características, se asemeja mucho al utilizado por el gatillero que disparó contra Stanley el día del atentado.