Jesús Silva Herzog, precandidato del PRI a la jefatura de Gobierno del Distrito Federal, reiteró la posición de rechazo a su conversión en el Estado 32 de la federación, que ha mantenido su partido (La Jornada, 12/08/99). Este problema, junto con la localización de los poderes federales, está pendiente desde la Constitución de 1824 y se hizo más complejo desde que en 1928 se decretó el estatuto de excepción para el DF, que mantuvo a sus ciudadanos como de segunda clase, carentes de los derechos políticos que tienen los demás mexicanos, y a la entidad como simple dependencia de la Presidencia de la República.

La demanda ciudadana de transformar al DF en un Estado, con las mismas estructuras que tienen las demás entidades federales, ha sido expresada en dos plebiscitos, dos amplios foros de consulta y la reivindicación de varios partidos políticos (PRD y formalmente el PAN) y muchas organizaciones sociales. El PRI, con el apoyo inexplicable del PAN, ha llevado a cabo reformas políticas para la capital a cuentagotas y gradualistas, que mantienen en pie este pilar básico del caduco régimen político de partido de Estado, presidencialista, centralista, autoritario, sin división real de poderes, patrimonialista y corporativo. Estas reformas, en las que ha tenido que aceptar parcialmente las exigencias sociales (creación de la Asamblea de Representantes, elección del jefe de Gobierno y, en el 2000, de los delegados), sin resolver el problema a fondo, han creado una maraña que se hace más compleja a cada nueva medida parcial.

En la exigencia de transformación del DF en Estado de Anáhuac o del Valle de México, hay dos aspectos fundamentales: otorgar a los ciudadanos defeños todos los derechos civiles y políticos de que gozan los demás mexicanos; y homologar su estructura política a la de las demás entidades federativas, de acuerdo al pacto federal vigente. Hoy, el Ejecutivo y el Congreso (Senado y Cámara de Diputados) federales tienen funciones que corresponden a la soberanía local y que entran en contradicción con las del jefe de Gobierno del DF, de la ALDF y de la voluntad de su ciudadanos expresada en las urnas: el nombramiento del secretario de Seguridad Pública y del procurador de Justicia por el Presidente; la posibilidad de que el Senado remueva al jefe de Gobierno y nombre un sustituto; la superposición de ámbitos legislativos entre el Congreso Federal y la Asamblea Legislativa del DF; la propuesta por el Ejecutivo federal y la aprobación por el Congreso federal de la Ley de Ingresos y Egresos y la capacidad de endeudamiento del DF, que permitió a PRI y PAN recortarlas drásticamente para 1999, entre otras.

Lo parcelario de la reforma pasada dejó una grave laguna que afectará la gobernabilidad del próximo gobierno de la capital, independientemente de su signo político: no existen reglas que normen la relación entre ``delegados'' electos y jefatura de gobierno y que permitan una división de funciones y una coordinación republicana adecuada entre ambos niveles y de unos ``delegados'' con otros; ni siquiera se ha definido el número y el nombre adecuados para estas ``demarcacio- nes''. No cabe duda sobre la urgencia de resolver a fondo y definitivamente estas contradicciones. La salida lógica y racional es la transformación de la capital en el Estado 32; la reducción del ámbito territorial de los poderes federales a su tamaño real; la conversión de la ALDF en un congreso local pleno; la municipalización de las delegaciones y la elección de sus ayuntamientos; la convocatoria a un Congreso Constituyente que elabore la Constitución local y la someta a consulta plebiscitaria; y la homologación de su estructura administrativa a la de las demás entidades. Así, las reglas del juego serán conocidas y probadas, aunque no exentas de problemas.

La justificación inicial del estatuto de excepción carece hoy de cualquier validez; los argumentos en contra dados por el PRI en los últimos años son tan absurdos que llevarían a abandonar el sistema federal en todo México; sólo queda el afán de preservar a toda costa este pilar de su envejecido régimen político en total crisis. Este tema debe formar parte de la iniciativa de elaboración de una nueva Constitución federal que empieza a discutirse y que, seguramente, será rechazada por el PRI.