El intransigente y colérico alcalde de San Cristóbal de las Casas que con tanta grosería y prepotencia amenazó a Ofelia Medina y le fijó un plazo para irse de la ciudad, no hizo más que lo que ve hacen sus admiradas autoridades ante las que se siente subordinado: el gobernador de su estado y el gobierno federal.

Al igual que los niños que imitan a sus mayores, en su arrebato en contra de los que el edil coleto llama ``extraños a Chiapas'' --que tan poca cortesía y caballerosidad demostró, a pesar de su conservadurismo--, no hizo sino imitar, sin lógica ni análisis, lo que a otros niveles hacen autoridades más notorias y cercanas al gobierno central.

Si el secretario de Hacienda autorizó y firmó documentos que comprometen el crédito público de la nación (caso Fobaproa) pasando por alto la disposición del artículo 73 constitucional, en su fracción VIII; si el rector de la UNAM y su dócil consejo aprueban cuotas pasando por encima de la fracción IV del artículo 3¼ constitucional, el cual establece con toda claridad que toda la educación impartida por el Estado será gratuita, ¿por qué en su ínsula serrana el edil no habría de atropellar los derechos al libre tránsito, a la libre expresión de las ideas y a la asociación para fines lícitos?

Un hecho que denota la descomposición que se vive en nuestro país, después de tantos años de falta de democracia y tanta corrupción, es que las autoridades ya no pretenden ni de fingido apoyar sus decisiones en la ley. Hoy, pasando por encima de las disposiciones legales, aun de las constitucionales, arguyen cuestiones de carácter práctico o de oportunidad, y no tienen ni siquiera el decoro de tratar de cubrir sus fechorías, cuando menos para dar apariencia de legalidad, como hacían sus precursores y maestros. Parece que se les acabaron los abogados a su servicio.

En el caso de la UNAM se discutió si era poco o mucho lo que se cobraría de cuotas, si los alumnos podrían o no pagarlas, o si la máxima casa de estudios sería capaz de competir con otras universidades privadas o extranjeras sin aportaciones económicas de sus estudiantes; en ningún momento se quiso entrar al análisis de la constitucionalidad del reglamento, que lo mismo llevó a autoridades escolares y estudiantes al callejón de muy difícil salida en el que ahora se encuentran.

En el caso Fobaproa no se pararon mientes en la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la deuda pública que se contraía al rescatar la banca privada en aprietos económicos; se argumento únicamente que era necesario el atropello por los apremios de la economía, por la protección a los dineros de los inversionistas y para que no se desmoronara el aparato crediticio de este país, sin importar que se pasara por encima de la ley y se pusiera en entredicho nuestra estructura jurídica.

Y siguiendo estos ejemplos ahora un alcalde se atreve a desafiar la legalidad en contra de una persona conocida y estimada socialmente, como es Ofelia Medina, quien no se atreverá a hacer con los indios de su jurisdicción, que ni son de su estirpe coleta ni, por lo visto, tienen derecho a que otras personas se interesen por ellos.

Dice el iracundo alcalde, como eco del gobernador estatal, que no tolera la injerencia de extraños en los asuntos de su estado; sin embargo, no pronuncia ni un reproche ni una condena cuando miles de soldados tan extraños al estado como Medina, pero con intenciones muy distintas a las de ella, incursionan por las montañas y las selvas, a veces con pretextos y otras sin ellos, acosando y maltratando a las comunidades nativas.

El alcalde rabioso quisiera que, como sucedía antes del levantamiento zapatista, los indios de Chiapas se bajaran humildemente de la acera para ceder el paso a un coleto o a un ladino. Hoy, en los angostos andadores de la antigua Ciudad Real pasan uno junto al otro, como dos iguales que son, sin que uno de ellos tenga que humillarse ante el otro, con la ventaja para el indio de tener más clara la conciencia y la justicia de su lado.