n Serán investigados por corrupción
Separan de sus cargos a 3 jefes del Agrupamiento de Motopatrullas
Ricardo Olayo n La Contraloría General del Distrito Federal determinó la separación de su cargo de tres funcionarios del Agrupamiento de Motopatrullas, con el fin de investigar su desempeño ante las múltiples quejas de corrupción que existen en su contra.
Los tres servidores públicos separados son el jefe de Motopatrullas, Joel Francisco Cué Sarquís; el subdirector A, Marco Antonio Hurtado Aguilar, y el jefe de la oficina administrativa, José de Jesús Méndez García.
Las quejas presentadas por policías indican que ellos les solicitaban hasta cinco mil pesos semanales por utilizar una motocicleta nueva en su labor de patrullaje, y para hacer sus reportes cotidianos les cobraban hasta por usar las máquinas de escribir y el papel.
La determinación de la contraloría fue aceptada por el propio secretario de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero, según fuentes consultadas en la dependencia.
El segundo superintendente, Joel Francisco Cué Sarquís, había sido amonestado públicamente por la entonces Secretaría General de Protección y Vialidad ante una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del DF, pues arrestó a cinco policías durante 115 horas, cuando el máximo de ley era de 36, y por agredir verbalmente a las esposas de éstos mintiendo sobre su paradero.
Más adelante, el secretario David Garay Maldonado, al planear la depuración de la policía, lo dio de baja junto con casi 200 mandos, pero la ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Irma Cué Sarquís --quien es su hermana y ahora forma parte de la Corriente Renovadora del PRI--, se opuso.
Finalmente, Cué salió de la corporación con una indemnización, pero luego se reintegró cuando llegó Rodolfo Debernardi a la Secretaría de Seguridad Pública.
Pero desde el viernes pasado, a petición de la Contraloría General del DF, Cué Sarquís y los otros dos servidores públicos fueron separados de sus responsabilidades, para dar paso a la investigación y, al mismo tiempo, dar garantías a los uniformados que han denunciado los actos de corrupción, de que no sean amedrentados.
n Responsabilizan comerciantes a jefes de la PJ
Los operativos contra el robo de autos, teatro para extorsionar
II y última n Llegaron casi 15 agentes, en diez patrullas, con un sujeto visiblemente golpeado, buscando "a uno que se dedicaba a vender robado, ni siquiera sabían a quién", narra El Fer, propietario de un negocio de refacciones usadas del mercado de autopartes de la colonia Ricardo Flores Magón, desviación Ermita Iztapalapa.
Salió a ver qué pasaba, y al decir que era dueño de uno de los negocios lo "jalaron" a la patrulla. Con cinco detenidos más se trasladaron al domicilio del que traían golpeado, pero los judiciales no encontraron nada. De otra casa se asomó uno que dijo era pariente de quienes vivían en ese lugar, "y también lo jalaron".
Por la noche, aseguró el comerciante, los presentaron a las instalaciones de la Coordinación de Robo de Autos, en Coyoacán, donde tomaron sus datos y los encerraron en las celdas. Ahí fue donde les pidieron dinero: 10 mil pesos por cabeza. "Nunca nos permitieron usar el teléfono, ni siquiera nos dejaron hablar, pero a los otros dos les pusieron una madriza".
Al siguiente día, aún no les tomaban declaración, cuando "nos sacaron junto con dos borrachos que tenían ahí encerrados y una señora que agarraron vendiendo chicles en un crucero de Tepito, que porque era mercancía de un camión robado. A todos nos presentaron ante los medios de comunicación como integrantes de una banda dedicada al robo de autos".
Así operaba el comandante Eduardo Linares, y así lo sigue haciendo Mario González Gámez y su gente, señalaron comerciantes de los tres mercados de autopartes usadas de Iztapalapa, quienes han sido víctimas de ambos.
El Fer asegura que lo que más le dolió fue el trato denigrante que le dieron. Sin embargo, otros comerciantes de la zona aseguraron que él es uno más de los muchos comerciantes renteados por Gámez y su gente, e incluso hasta automóviles le ha quitado.
Lo curioso, según consta en las actas del Ministerio Público, es que los operativos no existen: se consigna que dos agentes judiciales en labores de patrullaje detectaron un vehículo presuntamente robado y así lograron dar con importantes bandas dedicadas al robo de vehículos.
Ya en el proceso, las contradicciones comenzaron a surgir, "y el teatro se les cayó", informaron dirigentes de comerciantes organizados en los tres mercados, quienes conocieron de éste y otros casos más.
A los Pérez Arzate, indicaron, en un supuesto operativo les sembraron placas con el número de serie de vehículos presuntamente robados.
"Estamos hartos de que se nos difame; que se nos tilde de delincuentes; de que la Policía Judicial, con el pretexto de combatir el robo de autos, venga a nuestros negocios y nos trate de extorsionar; se nos convierta en delincuentes si no se aportan las módicas cantidades que suelen pedir como renta", indicaron.
Pedro Velázquez Castro, coordinador de Seguridad Pública delegacional, admitió que según los informes de la PGJDF "tenemos fuerte el problema de venta de refacciones de vehículos robados". Explicó que la PGJDF mantiene dos tipos de acciones en la demarcación, mediante las cuales se ha logrado detectar a las bandas dedicadas a este tipo de delitos. Una es por las denuncias que se presentan ante el Ministerio Público especializado en robo de autos, y la otra, en operativos para detectar en algunos lugares la procedencia de las mercancías que se venden.
Muchos de estos negocios, indicó, tienen más de 30 años operando. Sin embargo, más de la mitad trabaja en forma irregular. "Tenemos una campaña del gobierno delegacional para la regularización de los establecimientos que normalmente no cuentan con autorización, y se ha detectado hasta este momento que el porcentaje de los que nos están regularizados es de casi 68 por ciento", informó Velázquez Castro.
Sobre las quejas de algunos propietarios de estos negocios, en relación con la forma en que actúan los agentes judiciales, el funcionario delegacional señaló: "No desconocemos ni descartamos que en algunos casos pueda haber excesos. En cuanto nos lo han informado o lo han denunciado ante la PGJDF o la delegación, se toman cartas en el asunto ", aseguró. (Angel Bolaños)