n Lamenta el silencio de Zedillo ante el embate priísta
Debe el IFE dejar constancia plena de su autonomía: Zebadúa
Alonso Urrutia n Involucrado directamente en la confrontación más intensa entre el PRI y el Instituto Federal Electoral, Emilio Zebadúa sostiene: "Más allá del rencauzamiento jurídico de la actuación ilegal del ex contralor, el IFE debe pugnar por la reivindicación política para dejar plena constancia de su autonomía y garantizar que a futuro ese marco legal no volverá a ser violentado".
Zebadúa lamenta que en medio de la ofensiva priísta contra la autonomía del instituto no hubiera una sola declaración presidencial en torno al conflicto: "No sólo porque es una institución del Estado mexicano que él contribuyó significativamente a impulsar, sino porque hoy el IFE no es únicamente una autoridad administrativa que organiza elecciones, es una institución clave en la gobernabilidad del país".
-ƑLa Secretaría de Gobernación consideró que el conflicto era meramente administrativo?
-Ese asunto nunca fue administrativo: desde un principio fue político. Las aparentes irregularidades administrativas son en realidad la punta del iceberg de un conflicto que ha puesto al IFE en jaque por un periodo bastante más largo de lo que parece. De la forma como salgamos de esta situación se definirán los términos en que se desarrollarán los comicios del 2000.
Consejero sancionado por el sentido del voto en el Consejo General y sus expresiones respecto a las elecciones de Chiapas, Zebadúa analiza que fue la actual correlación de fuerzas políticas la que se expresó en el respaldo de la mayoría de los partidos y organizaciones, "lo que permitió que ese conflicto no escalara hasta un nivel irreparable, de lo contrario se hubiera dado un quiebre institucional de consecuencias impensadas".
La ofensiva priísta
Han transcurrido diez días desde que se hizo pública la resolución del ex contralor interno, Carlos Muñoz, de sancionar a tres consejeros y de haberse generado "uno de los episodios más graves en la transición democrática del país", dice Zebadúa.
"Actualmente -prosigue-, el IFE trasciende más allá de ser una autoridad administrativa que organiza elecciones. El instituto es sinónimo de los avances democráticos del país, y cuando se le pone en jaque, en realidad lo que se cuestiona es el grado de avance democrático."
Por eso, la respuesta a la "ofensiva priísta" en su contra debe ir más allá del ámbito jurídico. "No sólo debe quedar clara la ruta que siguió el PRI para tratar de dañar la imagen del organismo y castigar a alguno de los consejeros por mecanismos no legales; es necesario, política e institucionalmente, dejar constancia de que a un consejero electoral no se le puede sancionar por el sentido de su voto o por sus opiniones", afirma.
Hay mecanismos para cumplir el doble objetivo de la reivindicación jurídica y política de las disposiciones constitucionales "que garantizan la plena libertad de actuación de los consejeros y establezcan que a futuro ese marco legal no volverá a ser violentado".
-ƑQué tan graves son las sanciones a los consejeros por el sentido de su voto al interior del Consejo General?
-Son tan graves como la destitución del consejero Jesús Cantú. Ambas atentan contra todo ese esquema constitucional que salvaguarda la autonomía y la estabilidad del propio Consejo General y sus miembros.
Autoridad electoral
Uno de los grandes logros que comparten todas las fuerzas políticas del país, continúa Zebadúa, es justamente la autonomía que tiene la autoridad electoral. "Sin esa autonomía volveríamos a épocas en las que la mera correlación de fuerzas políticas determinaba no sólo la organización de las elecciones sino incluso, en ocasiones, el resultado de los comicios".
Esa es, subraya, "la diferencia que marca la distancia entre las formas autoritarias en el ejercicio del poder y la democracia que estamos construyendo".
La autonomía alcanzada por el IFE obedece en parte al significativo apoyo que dio en su momento el presidente Zedillo, un logro de esta gestión que nadie puede cuestionar, de ahí la necesidad de que exista una declaración presidencial sobre el conflicto, anota Zebadúa.
"Estamos a tiempo de que exista ese pronunciamiento, pues nos encontramos a unas semanas de que legalmente se inicie el proceso electoral del 2000, en el cual se requerirá la confluencia de la voluntad política democrática de todos los actores para que prevalezcan el marco legal, la paz y el buen clima democrático", abunda.
Y va más allá: "El respaldo de todos los actores será fundamental para que el IFE realice su trabajo y se alcance una jornada electoral creíble y confiable, que permita a la autoridad electa contar con una legitimidad fuera de toda duda; esa es la fórmula de la gobernabilidad democrática que garantiza la estabilidad y el desarrollo económico".
-Si la autonomía del IFE es uno de los logros presidenciales, Ƒcómo entender ese embate contra el organismo?
-La magnitud de la ofensiva que el PRI desató contra el IFE durante casi un año sólo se puede explicar de dos maneras: una, por la aceptación tácita de instancias como la Secretaría de Gobernación o la Presidencia de la República de la iniciativa de un sector del PRI, o peor aun, del apoyo expreso de esas instancias. Por eso hubiese sido deseable un pronunciamiento del Ejecutivo federal, en particular en esta última etapa, cuando se amagó con un juicio político a José Woldenberg y a otros consejeros.
-ƑSe argumentó la autonomía del IFE?
-En un asunto de la trascendencia que tiene un conflicto abierto entre el PRI y el IFE hay una responsabilidad de las autoridades de gobierno. Pretender que era un asunto administrativo como lo sugirió el secretario de Gobernación es al menos un pecado de omisión.
"Además, durante la parte más intensa del conflicto, dos subsecretarios (Jorge Alcocer y Jesús Murillo Karam) hicieron declaraciones a favor de la resolución del contralor y, por lo tanto, sí intervinieron."
-Después de ese episodio, Ƒcómo llega el IFE al proceso electoral? ƑCómo queda su credibilidad?
-Si prevalece el sentido de responsabilidad de los distintos actores, podrá salir avante de la crisis. Y lo hará, porque en todo momento los consejeros acusados responderemos por la vía legal. Si el IFE mantiene el respaldo de los partidos, de la sociedad y ratifica su apego irrestricto a la legalidad, eso va a redundar en una posición de enorme fortaleza.
Zebadúa subraya: "Es voluntad de los consejeros electorales que en todo momento vayamos acompañados del PRI, por su directiva nacional y sus candidatos. Nosotros vamos a trabajar en la normalización de nuestras relaciones como ya se venía dando. Lo que resulta sorprendente es que, en vísperas de la decisión del ex contralor, las relaciones parecían ir mejorando bajo la presidencia de José Antonio González Fernández".
Sin embargo, esa decisión ilegal vino a quebrar, o en el mejor de los casos a suspender esa relación. "Ojalá y ahora que ha prevalecido el estado de derecho puedan reconstituirse esas relaciones", sostiene.
Lo anterior, aclara Zebadúa, "dejando claro que hay un principio de autonomía, que es un valor incuestionable".