El estilo político dominante y la evaluación de académicos

ƑEstímulos? en la UPN

Miguel A. Izquierdo Sánchez

En la Unidad Iguala de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), con fecha primero de agosto de 1995, el profesor de tiempo completo Mario Flores presentó un oficio ante su director, con una relación basada en el libro de actas, de las asignaciones de sinodalías distribuidas entre los profesores durante los últimos dos y medio años, "con el propósito... de que pudiese servir en un futuro... para la asignación democrática de los sinodales que corresponden a cada examen profesional".

En ese periodo, el profesor de la unidad con máxima asignación tenía 65 sinodalías; el asesor con el mínimo tenía seis, y el firmante de la relación 32. Nuevamente, un año después, el 31 de mayo de 1996, volvió a presentar a su director una relación con las asignaciones de sinodalías correspondientes a los últimos 10 meses, "con la petición de que en lo sucesivo haya más equidad y transparencia en la designación de los sinodales entre los profesores... toda vez que la primera relación que le proporcioné... no tuvo el impacto ni los resultados esperados". Esa vez el mayor número de sinodalías correspondía a un académico con 22 y el mínimo al profesor Flores, con 12.

En mayo de 1996, el maestro había presentado a sus colegas de unidad y de otras del estado un reporte de trabajo, incluyendo recomendaciones a los académicos, e irregularidades detectadas en el proceso de evaluación nacional para el otorgamiento del estímulo a la carrera docente, derivadas de su experiencia como participante en la Comisión de Apoyo a la Comisión Evaluadora.

Entre las irregularidades reportadas nacionalmente estaban las relativas a la distribución de las actividades de apoyo a titulación, como dirección total o parcial de tesis, dictaminación de tesis y asignación de sinodalías de examen profesional, que coinci-dían en lo general con las reportadas previamente por él a su director en dos ocasiones. Todo eso ponía en tela de juicio el trabajo de la comisión de titulación de la unidad, particularmente la distribución de las cargas académicas de titulación.

No me ayudes, compadre sindicato

El 3 de septiembre de 1996, sin mediar instancia alguna de conciliación, o de apercibimiento reglamentario previo a sanciones más fuertes, el director de la unidad entregó al maestro Mario Flores un oficio en el que lo ponía "a disposición de la Secretaría de Educación... (en la ciudad de Chilpancin-go)... en atención a solicitud hecha por escrito por una mayoría de los integrantes de la delegación sindical, por ser persona indeseable".

Efectivamente, el 2 de agosto la delegación sindical había solicitado al director de la UPN-Iguala ponerlo a disposición, y el 26 de noviembre fue más contundente: pidió al Jurídico de la delegación de la SEP en Guerrero su retiro "de manera definitiva de esta institución".

La aplicación de esa medida equivale a un cambio de adscripción y suele ser previa a un despido, según la legislación de la SEP. A esa medida siguió una solicitud del sancionado de que se hiciera una investigación, con 14 argumentos, 10 de los cuales eran señalamientos de presuntas anomalías de la Comisión de Titulación de su unidad regional que, sostenía el peticionario, "demeritan la excelencia académica que tanto se desea alcanzar".

El asunto que ponía a debate era el de la cuestionada calidad académica en las circunstancias locales de distribución y realización del trabajo académico en tiempos de estímulos económicos a la carrera docente. No obtuvo respuesta académica, sino una sanción definitiva por sus solicitudes de transparencia y justicia, asumidas por la autoridad y algunos de sus compañeros como denuncias.

El maestro solicitó intervención a la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, alegando violación a las normas convencionales de intermediación por parte de la autoridad, lo que impidió darle una salida interna al conflicto derivado de sus exhortaciones a una mejor distribución de sinodalías a cargo de la Comisión de Titulación. También obtuvo apoyo de estudiantes mediante carta abierta dirigida a la autoridad estatal de educación y al rector de la UPN.

Ante el retraso en la investigación solicitada para aclarar los motivos de su puesta a disposición, el académico exigió su reinstalación ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado el 31 de octubre de 1996, mismo que falló a su favor en enero de 1997 por falta de fundamentos legales en la sanción de la autoridad contra él.

Sin embargo, nuevamente fue puesto a disposición por el director de la UPN-Iguala, a principios de febrero de 1997, y suspendido su salario, esto es, despedido por la Secretaría de Educación de Guerrero, en abril de 1997. En junio de 1999 continuaba despedido y había solicitado un amparo contra el despido, a resolverse en los siguientes meses.

A esconder la caja negra de la evaluación y la titulación

Mediante un análisis se puede mostrar la importancia relativa de las actividades de apoyo al proceso de titulación en el logro del estímulo para los maestros a lo largo de toda la existencia del programa correspondiente de la UPN.

Este caso de despido y una demanda ante el Tribunal de Arbitraje de Morelos, en el que también se argumenta el acaparamiento de sinodalías por los codemandados, ilustran la disputa por las actividades académicas que distribuye la Comisión de Titulación, en tanto espacio académico y potencialmente político de las unidades de la UPN, y núcleo de confrontaciones.

El caso del despido muestra cómo puede llegar a ser un tema tabú, silenciado, oculto, el de las actividades relativas a la titulación, ya que en los motivos para el despido por parte de la autoridad no se alude a ese espacio o a la distribución de las cargas de titulación o sinodalías correspondientes, hecho que pudiera llevar al terreno académico la disputa y dificultar así el despido. En cambio, la autoridad pone el peso en los rasgos de la personalidad del maestro como causales del despido, lo que revela el auténtico origen del conflicto.

Ante el agotamiento de las instancias internas de impugnación, y fundamentalmente ante la negativa de las autoridades de la UPN, locales y nacionales, de estudiar detenidamente las quejas con la presentación de las pruebas por ambas partes, autoridades y demandantes, estos casos ahora se ventilan en órganos de justicia exteriores a la universidad, con seguimiento esporádico en la prensa local.

El diálogo interno sobre el origen académico-político-laboral de los conflictos está roto, y la vía del desgaste está abierta mediante su tratamiento por los tribunales. Y es sumamente grave que en la litis no se mencione, ni de refilón, que está en juego la pretendida calidad académica en los servicios de la institución, ni que esos procesos de evaluación, en los términos actuales, y los conflictos que conllevan, impiden la retroalimentación ųbasada en procesos transparentesų hacia los profesores para que mejoren su desempeño.

De colegas a oponentes; de oponentes a enemigos

Conviene remarcar tres hechos que originaron conflictos en las unidades UPN, y que han ocurrido durante la operación del programa de estímulos: el incumplimiento del requisito de la exclusividad restringida por algunos becarios y la tolerancia por autoridades responsables para aplicar la sanción respectiva; la expedición, con irregularidades, de las constancias de trabajo de los maestros por directores de unidad, y la distribución desigual (con preferencia a grupos de interés) de actividades académicas relacionadas con el proceso de titulación.

La vigilancia del cumplimiento del requisito de exclusividad requiere participación de órganos externos confiables y voluntad interna para respetar y hacer respetar la norma; la elaboración correcta de las constancias requiere mecanismos socializados de verificación interna y externa, y oportunidades públicas de verificar la validez de las constancias firmadas por la autoridad; la distribución equitativa de las actividades académicas supondría su oferta pública, requisitos y procedimientos académicos transparentes y colectivos de distribución de las actividades objeto de evaluación.

Para el cumplimiento de esos tres grupos de medidas, es un impedimento el estilo político y de gestión vigente de los procesos académicos de varias unidades regionales de la UPN, centrado en la autoridad del director o de la instancia estatal responsable de la UPN por parte de la SEP local, en acuerdo con grupos de interés de maestros, con estrategias de ocupación de espacios académico-políticos y de distribución de las oportunidades para hacerse del estímulo.

El resto de actores de ese campo, en un clima adverso para la colaboración, o bien despliegan sus estrategias para hacerse del estímulo y con ello conservar o mejorar sus condiciones de vida, o se retiran de la competencia para evitar poner en juego el prestigio logrado después de una carrera académica.

La oposición entre los maestros se refuerza de inmediato con el programa de estímulos en formas específicas, así sea inicialmente de manera soterrada. Esa oposición, en aquellas instituciones de educación en las que el estilo político dominante privilegia la competencia por magros recursos, el sometimiento del contrario y el uso del poder académico o político en beneficio propio, pronto se convierte en confrontación directa.

La inexistencia de instancias de prevención de conflictos y la falta de voluntad política de crearlas ante el agravamiento de las disputas contribuyen a la desaparición de los nexos de solidaridad entre los maestros y a minimizar su cooperación en el ámbito académico.

Los actores universitarios pasan, con la consolidación de ese programa de estímulos, de ser colegas a oponentes y por último a enemigos. Ubicado el enemigo, ha ocurrido ya en una unidad de la UPN su eliminación. No era ese el objetivo explícito del programa. ƑQué hacer para que no se destierren la colaboración y el compañerismo?

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