El movimiento estudiantil en la UNAM ha puesto al descubierto el proyecto de reforma universitaria de las autoridades dictado por organismos internacionales y acorde con la propuesta de los gobiernos neoliberales, creadores de pobreza y marginación creciente. La punta de lanza de los estudiantes puede condensarse en la lucha por la gratuidad de la educación pública, premisa que nos obliga a una profunda reflexión y a un ejercicio democrático, opuesto al expediente de la represión que pretende acallar violentamente posiciones disidentes. Esta reivindicación va mucho más allá de la elevación de las cuotas que el rector Barnés, quien en el más puro estilo antidemocrático trató de implantar en la UNAM sus reformas al Reglamento General de Pagos en marzo, y que más adelante, el 7 de junio, sin haber comprendido absolutamente nada del tipo de movimiento que tenía enfrente --¿o precisamente por eso?--, repitió la estrategia y decidió la ``voluntariedad'' de las cuotas. La negativa de los estudiantes y de buena parte de los sectores en la UNAM para aceptar tales imposiciones, refieren la necesidad de democratizar las formas en las que las autoridades llevan a cabo las decisiones que afectan a todo el colectivo universitario y para lo cual se requiere de un espacio de reflexión democrático, plural y resolutivo en el que se discutan los problemas de la universidad y en el que todos los sectores estén representados.

Si bien la educación debe jugar un papel prioritario en cualquier país del mundo, en el nuestro es una exigencia insoslayable si queremos transitar hacia un país más justo y democrático. El gobierno sustenta la tesis de la falta de presupuesto que lo obliga a reducir la matrícula universitaria bajo el subterfugio de la voluntariedad de las cuotas. Esta argumentación resulta una afrenta cuando todos hemos constatado las corruptelas y malversación de los dineros del pueblo mexicano con el rescate bancario. Aunque el PRI se desgañite, mienta y ejerza toda clase de presiones para engañarnos, la realidad es que todos los mexicanos por espacio de 20 años viviremos endeudados, pagando lo que los banqueros malbarataron y robaron y que el gobierno solapó. Esto sí supone la bancarrota del país al marcar de esta manera a sus futuras generaciones. Los estudiantes universitarios no fueron inmunes ante tal perversión. Esos dineros tendrían que haberse invertido en rubros sociales como la educación, en incentivar el desarrollo tecnológico y científico, en apoyar a los hijos de obreros y campesinos que bajo el sistema que ha imperado en nuestro país, se encuentran enfrentados a la dificultad de poder culminar una carrera universitaria, por más que demuestren inteligencia, capacidad y disposición.

No cabe duda que la opción de este gobierno ha sido la subordinación y la dependencia económica. En la globalización hemos aceptado el papel de exportadores de hortalizas, flores y frutas exóticas y maquilamos para las grandes trasnacionales. Para redondear este círculo vicioso seguiremos proveyendo a los países desarrollados, básicamente a Estados Unidos, de trabajadores migrantes, que algunos han denominado ``robots migrantes'', justamente porque son el complemento ``robotizado'' para cubrir los puestos de trabajo en aquellos sectores en los que la automatización aún no ha logrado extenderse. No hay que decir que se trata de labores en los que no se requiere prácticamente ninguna potencialidad intelectual para realizarlos.

Educación pública y gratuita y democracia, dos de los elementos centrales del levantamiento estudiantil, pero que no son valores prioritarios para el gobierno priísta mexicano. Para éste, la inversión en recursos humanos no es productiva, y la democracia representa un peligro para todos aquellos que lucraron en contra de los intereses de la nación, pero que más temprano que tarde tendrán que rendir cuentas al país.