jurídicos y funcionarios de todos los niveles- no sirvió finalmente.
Código penal del DF
De la reforma urgente
a la urgencia de la reforma
De prisa, a costa del preciado consenso, los diputados perredistas de la Asamblea Legislativa se preparan para concretar -esta semana- una de las principales promesas de campaña de Cuauhtémoc Cárdenas: la reforma al Código Penal. Lo harán después de largos meses de enredos y desacuerdos, y se aprobará una reforma lejana del esquema Cero tolerancia en el combate a la delincuencia... pero, sobre todo, se abrirá otro flanco para el precandidato presidencial perredista
Alberto Nájar
Año y medio de deliberaciones, por lo menos cuatro anteproyectos de distinto calibre, una batalla soterrada entre funcionarios de la Procuraduría de Justicia y diputados de la fracción perredista de la Asamblea Legislativa.
Es la síntesis de los esfuerzos realizados en las distintas instancias del Gobierno del Distrito Federal para elaborar un nuevo Código Penal y que abortaron para quedar en un paquete de "reformas urgentes" al texto vigente.
La última fase de intensas sesiones de trabajo -participaron legisladores, asesores técnicos, especialistas
jurídicos y funcionarios de todos los niveles- no sirvió finalmente.
Y la que fue considerada por el procurador Samuel del Villar como la reforma más importante del gobierno perredista, se quedó en eso: en mero proyecto.
Por lo menos en esta legislatura ya no se expedirá un nuevo código.
Con todo, el debate aún sigue:
"Pirateo legislativo", acusó la priísta Angélica Luna Parra.
"Que cada quien asuma su responsabilidad", respondió Martí Batres, presidente de la Comisión de Gobierno.
* * *
ƑPor qué no rindieron fruto esos 17 meses de trabajo?
Según los perredistas, la reforma penal significa un punto favorable para Cuauhtémoc Cárdenas.
Y la oposición dice que no están dispuestos a legislar al vapor tan sólo para cumplir con el procurador Samuel del Villar. En particular el PRI, no quiere dar al PRD el lujo de presumir resultados, ante la indiscutible calidad de presidenciable del jefe de Gobierno.
Las piedras del camino
La historia de las "reformas urgentes" empezó el año pasado.
El 17 de agosto, al firmar el Convenio de Seguridad Pública con la Secretaría de Gobernación, el jefe de Gobierno Cuauhtémoc Cárdenas mandó un mensaje a los diputados locales.
En su discurso denunció que durante el sexenio salinista ocurrió "una grave involución" en el desarrollo del estado de derecho, porque con las reformas al Código Penal de la capital (que tiene vigencia en el resto de la República para los delitos federales) "se minó, de raíz, la capacidad de la autoridad para mantener el orden público y perseguir con eficacia a la delincuencia".
El camino estaba marcado: hacer una contrareforma a las leyes salinistas... o por lo menos a las que afectaran directamente la vida de la ciudad, una tarea que, a partir de enero de 1999, correspondería a la Asamblea Legislativa.
Las palabras del jefe de Gobierno parecían tener destinatario: la Comisión Plural de diputados y su equipo técnico -conformado en su mayoría por catedráticos universitarios- que, cinco meses antes, se había formado para redactar los nuevos códigos Penal y de Procedimientos Penales del Distrito Federal (de este último, una iniciativa para un nuevo texto será remitida por Cárdenas a la asamblea en los próximos días).
Los asesores -encabezados por Pedro Rivas Monroy, propuesto por la fracción del PRD; Estuardo Bermúdes Molina, candidato del PAN y Moisés Moreno Hernández, de la Facultad de Derecho, propuesto por el PRI- recibieron línea:
El nuevo código debería equilibrar los derechos de las víctimas con los que tienen los detenidos, aumentar la protección a los menores de edad, agilizar los mecanismos de investigación del Ministerio Público, evitar la impunidad de los servidores públicos, castigar la corrupción y establecer mecanismos legales para castigar con mayor severidad a la delincuencia organizada.
Pero sobre todo, recuerda la diputada Angeles Correa, integrante de la Comisión Plural, la premisa era evitar la reducción de penas e incorporar las propuestas de la sociedad civil. El anteproyecto debía entregarse en marzo de este año.
Pero en enero el panorama cambió.
El Senado modificó el Código Penal Federal para eliminar la obligación del Ministerio Público de tipificar -y probar- el delito por el cual presenta querella.
La reforma, que obligó a modificar todos los códigos del país, fue el pretexto para que en el Distrito Federal la asamblea optara por "desfederalizar" la legislación penal vigente, un paso previo a la reforma prevista para marzo.
Sin embargo, a los legisladores se les apareció otra piedra en el camino: la Cámara de Diputados eliminó del Código Penal del DF las sanciones para delitos del fuero común, por lo que, en los hechos, en la capital existen ahora dos códigos vigentes.
Llegó marzo. Las iniciativas no estaban listas. Los diputados acordaron convocar a un periodo extraordinario de sesiones en mayo, para analizar únicamente un paquete de reformas, independientemente de mantener los trabajos para el nuevo código.
Pero el panorama volvió a cambiar.
Los anteproyectos
A mediados de abril, en una reunión de trabajo de la Comisión Plural en el restaurante Chateau de la Palma, el panista Armando Salinas Torre aseguró que las reformas urgentes no eran necesarias, pues a más tardar el 15 de mayo estaría lista la propuesta completa de un nuevo código "completito", dijo.
Un mes después llegó la desilusión.
Hasta ese momento la mecánica de trabajo del equipo técnico era simple: recabar toda la información y propuestas posibles, analizarlas y, de considerarse pertinentes, incorporarlas a un documento final.
Sin embargo, paralelamente al trabajo de sus propios asesores, la fracción del PRD encargó al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM que elaborase un anteproyecto. La PGJDF, mientras tanto, preparó un anteproyecto de Código de Procedimientos Penales.
El grupo Mujeres por el Acceso a la Justicia entregó uno más, con propuestas de reforma a los artículos que sancionan los delitos sexuales, e incluso Patricia Olamendi, ex directora de Promujer, ofreció a Batres la asesoría de los abogados que habían redactado el documento de las mujeres.
Todo quedó en buenas intenciones. Los abogados se entrevistaron con el presidente de la Comisión de Gobierno, le presentaron una propuesta y plantearon sus honorarios: 60 mil pesos.
Batres dijo no. Le pareció muy caro.
A final de cuentas, sin embargo, ninguno de los anteproyectos se tomó en cuenta.
A principios de mayo, después de que se le convocó varias veces, Moreno Hernández entregó una propuesta elaborada básicamente por él, pues los asesores Bermúdez y Rivas fueron nombrados magistrados electorales.
El texto no cumplía con los requisitos básicos establecidos de garantizar la protección de las víctimas, combatir a la corrupción y no reducir penas.
Todo lo contrario: además de eliminar los capítulos de protección a las víctimas -vigentes en el código actual- la propuesta de Moreno Hernández pretende sancionar la tentativa de aborto y reduce penas a los violadores.
El documento hacía a un lado las propuestas de las organizaciones de mujeres y hasta de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), y sobre todo, mantenía vigentes las reformas del sexenio salinista.
Pero lo más grave fue que los diputados se quedaron sin opciones, pues el anteproyecto que mandaron hacer en el Instituto de Investigaciones Jurídicas representaba, también, un retroceso en el aspecto de protección a víctimas.
Entre otros elementos el documento revive el delito de rapto, mediante el cual los presuntos violadores no recibirían castigo siempre y cuando tuviese como fin el matrimonio.
Además, en el capítulo de violación sexual dejaba sin castigo la cópula por vías oral o anal, reduce la pena para este delito en un año, desaparece la figura de violación tumultuaria y el abuso con objeto distinto al miembro viril lo considera delito atenuado.
Por si fuera poco, el proyecto del instituto elimina la posibilidad de retirar la patria potestad a los padres violadores.
Ante este panorama los legisladores decidieron utilizar todas las propuestas de código para elaborar una sola, con el compromiso de que nada se haría público. Pero la estrategia falló. Los documentos se filtraron y se desató el escándalo.
El malo de la película
De acuerdo con Angeles Correa, el documento que Moreno entregó a los asambleístas contenía únicamente los artículos del Código Penal.
Pero el texto que circuló entre las organizaciones de mujeres tenía, además, una exposición de motivos con las firmas del subprocurador "C" Víctor Carrancá Burguette y del coordinador de asesores de la PGJDF, Renato Sales Heredia, a quienes se señaló como coautores de la iniciativa.
No es un dato aislado. Para las organizaciones feministas el hecho de que Carrancá Burguette fuera nombrado subprocurador "C" -responsable de atender delitos sexuales- es un punto negro en la administración perredista, pues el funcionario fue, en 1990, defensor de los llamados violadores del sur de la ciudad.
Así, el hecho de que su nombre apareciera junto a una propuesta para reducir penas a delincuentes sexuales provocó un escándalo de tales dimensiones, que el mismo procurador Samuel del Villar tuvo que reunir a las agrupaciones para negar, categóricamente, que el funcionario tuviera que ver con el polémico documento.
Fue más allá: afirmó a las feministas que Carrancá no participaría en la elaboración del nuevo código.
Los hechos, sin embargo, no dan la razón al procurador. De acuerdo con su coordinador de asesores, Renato Sales, el subprocurador Carrancá sí participó en las discusiones con la Comisión Plural. Y la diputada Correa confiesa que le pidieran su opinión.
Ninguna fracción parlamentaria quiso hacerse responsable del documento, elaborado por encargo de la asamblea y que, se aseguró a las organizaciones de mujeres, sería desechado por completo.
No hubo tal. De acuerdo con Angeles Correa el anteproyecto fue la base para las discusiones que durante cuatro meses sostuvo la Comisión Plural.
Sin embargo, lo que causó mayor enojo a las organizaciones feministas fue el aislamiento a que las sometieron.
Cuando se desató el escándalo la secretaria de Gobierno, Rosario Robles, se reunió con las integrantes de Mujeres por el Acceso a la Justicia, y les garantizó acceso a las reuniones, además que sus propuestas serían tomadas en cuenta.
La oferta se cumplió a medias, pues las organizaciones de mujeres sólo pudieron asistir a unas cuantas reuniones de la Comisión Plural. Y mientras, los rumores corrieron y corrieron.
El enojo llegó a tal punto que, a finales de julio, pusieron un ultimátum a los asambleístas: o les permitían el acceso a las discusiones o pasarían a una etapa activa de movilización, con huelga de hambre incluída.
La amenaza surtió efecto. Las ONG asistieron a algunas reuniones.
El sueño de un procurador
Según diputados de la Comisión Plural, una de las batallas más arduas en las discusiones giró alrededor de las propuestas de la Procuraduría capitalina, que solicitó crear un capítulo de delitos leves en el Código Penal para sancionar conductas consideradas ahora como infracciones administrativas.
Según la PGJDF, es en acciones como beber o drogarse en la vía pública donde se incuban delitos graves, los cuales deben combatirse desde el principio.
La estrategia, llamada Cero tolerancia, se aplica en Nueva York, donde las denuncias por abusos policiacos son abundantes.
Estos delitos leves, señala la propuesta de la Procuraduría, serían resueltos de manera expedita en las barandillas, con sanciones que oscilen entre prisión por lapsos breves o trabajo comunitario.
A esto le llama oralizar la procuración de justicia.
La propuesta nunca se planteó por escrito a la Comisión Plural, pero sí se presentó -en forma vehemente- ante los diputados perredistas.
La discusión fue álgida. Los legisladores afirmaron que, de progresar la propuesta de la Procuraduría, los más perjudicados serían los capitalinos de menores recursos, quienes de ser encarcelados se "contaminarían" por los delincuentes allí encerrados.
Los diputados plantearon, además, que en Nueva York la estrategia se aplica al parejo con programas de empleo y educación.
Pero nada parecía convencer al procurador. Hasta que, refieren los legisladores consultados, hace dos meses se entrevistó con Leonel Godoy, quien esgrimió un argumento más contudente: un programa Cero tolerancia en la capital requeriría de más prisiones. Y el gobierno no tiene dinero.
La propuesta no volvió a tocarse en la mesa. b