CHIAPAS: LA CONSTITUCION VULNERADA
El alcalde y el cabildo priístas de San Cristóbal de las Casas, sin vacilación alguna e incitados por el gobernador de Chiapas, Roberto Albores Guillén, exigieron a la actriz y defensora de los derechos humanos Ofelia Medina su salida de la ciudad, en lo que constituye una abierta violación de las garantías constitucionales y una cínica e inadmisible manifestación de intolerancia y prepotencia.
Al mismo tiempo, fuerzas de seguridad pública estatales, auxiliadas por integrantes de diversos organismos federales como la Policía Federal de Caminos, el Instituto Nacional de Migración y el Centro de Investigaciones en Seguridad Nacional, han colocado retenes con el objetivo reconocido de impedir que una caravana de estudiantes llegue a la comunidad indígena de Amador Hernández.
De este modo, los gobiernos de Chiapas y de San Cristóbal no sólo violan la Constitución -pues es improcedente e ilegal negarle a un ciudadano mexicano el derecho a circular por todo el territorio nacional o a mantener opiniones diferentes a las de las autoridades- sino que también amenazan la integridad física de Medina y los estudiantes, desprecian los esfuerzos civiles en pro de los derechos humanos de las comunidades indígenas y fomentan la intolerancia y el localismo racista.
Ha de señalarse que la prepotencia y el desprecio por la ley que exhiben diversos grupos retardatarios en San Cristóbal y otras localidades chiapanecas no son nuevos, pues la práctica del racismo y la xenofobia, el abuso sistemático contra los más débiles, la defensa a ultranza de privilegios ilegítimos y el repudio de los derechos humanos y el acoso a quienes los defienden son lacras que continúan vigentes en amplias regiones del estado. Tales acciones retrógradas y antisociales constituyen parte de las causas del estancamiento del proceso de paz en la región y del crecimiento descontrolado de grupos delictivos paramilitares.
La actitud del gobierno de Chiapas y los dictámenes del cabildo de San Cristóbal deberían, así, dar lugar a una respuesta enérgica de parte de las autoridades federales -pues poco o nada se puede esperar de las estatales, vinculadas a estos abusos y prácticas ilegales-, de los organismos públicos defensores de los derechos humanos y de la sociedad en general. Tolerar la abierta violación de la Constitución y el hostigamiento de defensores de los derechos humanos conduciría al país a la barbarie y al caos. En estas circunstancias, si alguien ha inducido la desestabilización y la ruptura del estado de derecho en Chiapas han sido las propias autoridades locales, específicamente el gobernador y el cabildo de San Cristóbal.