SO PRETEXTO DE APURAR EL JUICIO y el castigo de un consejero electoral botarate, el PRI nos volvió a ofrecer el triste espectáculo de un partido gobernante sin gobierno de sus impulsos internos. Con ello, contribuyó a mostrar una vez más la debilidad de las relaciones políticas en las que descansa la evolución estable del sistema democrático. Todo en un solo acto.

Con anterioridad, el PRI había buscado advertir sobre su descontento con la conducta de varios consejeros, mediante denuncias y acusaciones y la amenaza de llevarlos a juicio político; en aquella ocasión también abandonó el Consejo General del instituto por varios meses. Poco o nada consiguió este partido con sus estruendosas actuaciones, menos aún hacer que su voz en verdad se escuchara.

Lo que sí logro el PRI fue una rauda reacción de defensa de los consejeros y el resto de los partidos, incluido el que en un principio lo había acompañado en sus denuncias y acusaciones.

Esta vez, la ingeniosa táctica priísta produjo lo mismo, una especie de unidad nacional ifeña contra el invasor, pero lo más grave fue que muchos empezaron a preguntarse por la capacidad real que tendrá el IFE para llevar a buen puerto las elecciones del año próximo. Esta es, recordémoslo, su principal tarea.

Con su atropellada actuación, el partido del Presidente debilitó la imagen de la institución política de la que su jefe más puede presumir, cuando habla de reforma política. También, el PRI puso en entredicho a quien encabeza el instituto, hasta el exceso de fintar con llevarlo a juicio político. Para un partido que todavía piensa ganar, y con legitimidad, el año que entra, esta es una conducta del todo incongruente, pero su explicación queda fuera de la política.

A muchos preocupa la forma que consejeros y partidos han adoptado para dirimir sus diferencias, en especial aquellas que tienen que ver con el PRI. Pero nadie debería sorprenderse de que lo hagan: ellos y el PRI reaccionan neciamente en la única clave que aprendieron y que todavía domina los reflejos políticos nacionales, y esto sí que debería preocuparnos a todos.

Un ejemplo: ni partidos ni consejeros se han ocupado en serio de lo que está o puede estar detrás de estas embestidas absurdas de las huestes que comanda González Fernández. La salida fácil es atribuirlo a las ganas de "apoderarse" del IFE, pero lo cierto es que el PRI mantiene una desconfianza que no es infundada en la imparcialidad de algunos consejeros. Por otro lado, tampoco se consideran en serio las graves faltas que se atribuyen al consejero dispendioso.

En el primer caso, se está frente a un problema político que el PRI, está visto, no puede resolver por sí solo; en el otro, se tiene un asunto grave de proceso y orden que pronto se traduce, sin remedio, en una cuestión política general que el Consejo y los partidos de la oposición tampoco pueden solucionar satisfactoriamente.

Ni la debilidad o la fortaleza del IFE, ni la probidad de uno de sus miembros, parecen quitarle por ahora el sueño a nadie; así, el IFE corre el peligro cierto, aunque no fatal, de volverse un espacio abierto, sin mediaciones, para la disputa electoral sobre cuya limpieza y legalidad le toca arbitrar. El IFE no puede estar al margen de la disputa política general, pero es claro, vital para el futuro inmediato, que en materia electoral tiene que actuar como organismo especializado del Estado, por encima de la pugna por los votos.

El que el PRI haya violentado el proceso normal de evaluación y contraloría, no deja atrás los hechos expuestos por las investigaciones de marras. Tampoco el incorrecto proceder del ex contralor del IFE, desvirtúa sin más sus hallazgos. Esto, debería ser el punto de partida de una reflexión a fondo sobre el instituto, en su consejo pero también en los partidos y el Congreso de la Unión.

Habría que buscar un objetivo principal: reafirmar la confianza ciudadana en la institución y confirmarle a su presidente la autoridad moral y política que con su conducta ha obtenido. Esta revisión, serviría también para poner a los consejeros en clara sintonía con su labor sustantiva y su papel legal, que no es la de consumar la reforma democrática de México ni el de fungir como contraloría alterna de la República.

Lo que se quiere son árbitros sensatos y creíbles, capaces de producir tranquilidad basada en reglas y rigor, en medio de una batalla que no va a ser de caballeros ni de esclavos del buen hablar. El IFE no requiere de defensas genéricas, merced a las cuales al final todos los gatos acaban por ser pardos. Lo que urge recobrar es la idea de unas responsabilidades individuales que responden a un orden legal y político que, a pesar de sus manifiestas imperfecciones, en 1997 pudo darle a la gestión colectiva una dignidad a la que no estábamos acostumbrados. Debemos suponer que todavía hay tiempo. *