* Realizaron trámites para asegurar el mayoriteo
TAESA y cetemistas negociaron el contrato colectivo de sobrecargos
Fabiola Martínez * En octubre pasado, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) -dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes- emitió al menos 37 licencias de sobrecargos a personal administrativo de la empresa Transportes Aéreos Ejecutivos (TAESA), quienes de acuerdo con los registros del IMSS desempeñaban en esa fecha funciones de oficina y ventas.
Estas personas, como consta también en las actas de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), participaron en calidad de sobrecargos en el recuento sindical que se realizó el pasado lunes 22 de marzo, proceso en el que los trabajadores de TAESA emitieron su voto para elegir, entre un sindicato cetemista y la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), a la organización gremial que habría de representarlos.
En el periodo de vigencia de los documentos en cuestión (octubre de 1998 a junio de este año) ninguno de los acreditados (secretarias, auxiliares generales, representantes de ventas, representante de autoservicio, despachador, entre otros) aparece en el rol de vuelos o en reporte de viáticos.
Ante la demanda de titularidad del contrato colectivo de los sobrecargos interpuesta meses antes por ASSA, la empresa que dirige Alberto Abed y el Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados del Transporte Aéreo de la República Mexicana (SNTETARM), de Angel Celorio (poseedor de ocho contratos más en el sector), iniciaron diversas acciones para asegurar que el contrato no sería ganado por ASSA.
Antes de que la JFCA determinara que el recuento se realizaría con todos los trabajadores y no sólo a nivel gremial, la empresa y el sindicato cetemista realizaron los trámites para que se dotara de licencias de sobrecargos al mayor número de trabajadores -incluso administrativos-, para asegurar mayoría a su favor.
De igual forma, una semana antes emitieron diversas circulares en las que la empresa informaba la fecha y hora del recuento "para votar por nuestro sindicato SNTETARM-CTM", aun cuando la Ley Federal del Trabajo establece que el patrón deberá permanecer imparcial ante dicho proceso.
Según documentos emitidos por la DGAC -cuya copia obtuvo este diario-, aparece en las licencias en que se habilita a una persona como sobrecargo, el sello, folio y número oficial, y una firma "P.A." (por ausencia) en sustitución de la rúbrica del titular de esta dependencia, Juan Antonio Barges M.
Por ejemplo, a Marisol Almazo Bolaños (reportada en el IMSS como auxiliar general) se le expidió la licencia número 11444; a Gabriela Flores Mendoza (representante), la 11570, y a Lorena Vargas Martínez (secretaria), la 11561; entre otros casos como el de Beatriz Goroztisaga Martínez (representante en autoservicio), Francisco Albiter (supervisor de ingresos) y David Pérez Villa (despachador), a quienes también la DGAC expidió acreditación de sobrecargo en octubre.
En tanto, versiones en TAESA señalan que los 97 sobrecargos que votaron en el recuento por ASSA -despedidos inmediatamente después- serían demandados penalmente a través del despacho Berkman, Asús y Chavarría, acusados de difamación en contra de la empresa.
El grupo de trabajadores rescindidos -quienes a su vez interpusieron demandas por despido injustificado ante la JFCA- inició el mes pasado una campaña de reparto de volantes frente a los mostradores de la empresa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en los que aseguran que la empresa puede ofrecer tarifas económicas gracias a la explotación de sus empleados al no pagarles lo que por ley corresponde, como horas extras, días festivos, domingos e IMSS, entre otros rubros.