* Albores Guillén sólo cumple la ley, afirma

El retiro del Ejército debe ser

paulatino, señala Roccatti

Triunfo Elizalde * La presencia del Ejército en Chiapas ha estado permanentemente antes del primero de enero de 1994 y se ha intensificado a partir de esa fecha. "En algunas circunstancias, donde no ha habido presencia militar, hemos tenido que lamentar hechos como el de Acteal", en el municipio de Chenalhó, el cual solamente estaba resguardado por la Policía del Estado.

Afirmó lo anterior la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Mireille Roccatti, quien al hablar sobre lo que está sucediendo en la comunidad de Amador Hernández precisó que la presencia militar en algunas ocasiones ha sido disuasiva de mayores enfrentamientos.

-Entonces, Ƒdebe haber militarización en Chiapas para que haya paz?

-No, no, yo ya he repetido en reiteradas ocasiones y lo hice de manera pública ante el Presidente de la República; lo que la CNDH ha recomendado y ha propuesto es el retiro paulatino del Ejército en Chiapas -respondió.

Respecto a las declaraciones amenazantes del mandatario chiapaneco Roberto Albores a los grupos universitarios que están en esa entidad, provenientes del Distrito Federal, la ombudsman puntualizó:

"Me he informado de las declaraciones del señor gobernador. Tengo entendido que ha habido actitudes de provocación en determinadas zonas de comunidades indígenas allá en Chiapas y que hay varios grupos de alumnos de algunas facultades de aquí, de la UNAM, que se trasladaron a Chiapas.

"El gobernador expresó que hará cumplir la ley, porque algunas de estas personas provenientes del Distrito Federal han trastocado el orden legal en la entidad y la obligación de la Procuraduría de Justicia estatal es investigar y llevar a cabo las acciones necesarias", anotó.

-ƑAunque amenace abiertamente el no respeto al artículo 11 constitucional de la libertad de tránsito?

-La libertad de tránsito es indudable que debe respetarse. Creo que las declaraciones del señor gobernador son en el sentido de actuar contra las personas que habían cometido actos delictivos.

Al anunciar que la CNDH ya solicitó medidas cautelares al gobierno chiapaneco y que se encuentra "en espera de la respuesta a esta solicitud", sin puntualizar a favor de quién o quiénes, reiteró que "todo mexicano tiene la libertad de transitar por el territorio nacional, conforme al artículo 11 de la Constitución.

"Seguramente que el gobernador (Albores) se refería única y exclusivamente a aquellas personas que con ánimos de causar mayores problemas dentro de las comunidades indígenas y que pudieran propiciar un enfrentamiento o una provocación se les invitaba a retirarse", precisó.

De la construcción de una carretera que pasaría por la comunidad de Amador Hernández, proyecto con el que no están de acuerdo los habitantes de la región, la presidenta de la CNDH dijo: "El ejercicio de un derecho, de un derecho humano se puede ejercer sin abusar de él".

Con lo anterior, puntualizó que el Código Penal "tiene figuras típicas que establecen precisamente que cuando se impide la realización de obras, cuando se impide que alguna institución pública, ya sea estatal o federal, lleve a cabo sus funciones como le son encomendadas, se están cometiendo delitos".

En su opinión, aunque desconoce si existe o no acuerdo con los indígenas que se oponen al proyecto carretero, Roccatti, visiblemente molesta por las preguntas de los reporteros, expresó:

"Seguramente antes de la construcción de esta carretera el gobierno federal y el gobierno estatal tenían perfectamente detectadas la pertenencia de la propiedad privada, pública o comunal del tramo por el cual se iba a trazar esta carretera. No conozco las especificaciones, pero no se construyen carreteras sin antes tener todos los estudios y análisis previos".

Por lo que se refiere a los grupos de ciudadanos que se han organizado y armado para cuidar sus casas y calles en Tulyehualco y otras colonias del Distrito Federal, Roccatti señaló: "En fechas pasadas hemos vivido este tipo de actitudes de la población en diferentes entidades de la República; desde luego que entendemos la indignación de la población, pero no la podemos avalar ni justificar.

Es importante -abundó- que la autoridad actúe y lo haga preventivamente. Si lamentablemente suceden delitos, aprehender al presunto responsable, someterlo conforme a nuestras leyes a un juicio justo y que sea sancionado por el juez, y no a través de una justicia que la población se haga por propia mano.

Antes, la presidenta de la CNDH encabezó un acto en el que se anunció que desde hoy, 151 indígenas presos en diversos penales del país gozarán de su libertad anticipada, con base en la legislación penal y la Ley de Normas Mínimas para la Readaptación Social.

Lo anterior equivale a que los internos por salir cumplieron los requisitos mínimos: tres quintas partes de su condena, haber observado buena conducta y, sobre todo, no representar un peligro para la sociedad al reintegrarse a ella.

Los 151 indígenas que gozarían de este beneficio pertenecen a diversas etnias en 15 entidades del país, dijo Miguel Angel Yáñez Linares, director general de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, quien hizo saber también que en julio pasado, en las 447 prisiones del país existe una población carcelaria de 141 mil 294 presos, de los cuales 105 mil 239 pertenecen al fuero común y 36 mil 55 al federal. Del total de internos el 0.5 por ciento son mujeres.