Los resultados dados a conocer recientemente respecto al comportamiento de las finanzas públicas durante la primera mitad del año, disimulan la verdadera situación fiscal, la cual puede ser calificada como cercana a un auténtico desastre. Como muestra de ello, se pueden comentar tres hechos: el festejado superávit fiscal es, en realidad, un déficit; el disminuido gasto público está descuidando áreas prioritarias como la educación, y la próxima conversión de los pasivos del Fobaproa en deuda oficial amenaza con restringir aún más el gasto social.

Según el diagnóstico oficial, durante el primer semestre del año se mantuvieron unas finanzas públicas sanas. Los ingresos presupuestales aumentaron en 3.6 por ciento en términos reales, y el gasto programable mostró una disminución real de 3 por ciento, permitiendo que se registrara un superávit fiscal por 7 mil 866 millones de pesos. Como la meta anual es alcanzar un déficit de 1.25 por ciento del producto interno bruto, la situación para la segunda mitad del año parece holgada.

Sin embargo, la realidad es muy diferente. Los ingresos no crecieron en realidad en el 3.6 por ciento real anunciado, sino a una tasa menor (0.7 por ciento). Ese estancamiento de la recaudación se compensó registrando como ingreso los 12 mil 553 millones de pesos del remanente de operación obtenido por el Banco de México durante 1998. Sin esa operación, el celebrado superávit se habría convertido en un déficit por 4 mil 687 millones de pesos.

Como es sabido, el remanente de operación del Banco de México se entera a la Tesorería de la Federación a más tardar en el mes de abril de cada año, después de haber concluido el ejercicio anual (artículo 55 de la Ley del Banco de México), para ser luego registrado como ingreso del gobierno federal, dentro del rubro aprovechamientos, e incluido en la cuenta de la hacienda pública que se envía al Congreso en junio.

En el balance del Banco de México al 31 de diciembre de 1998 (última página del informe anual para 1998) puede apreciarse que los 12 mil 553 millones de pesos del citado remanente obtenido durante ese año no se enteraron a la Tesorería. Por ello, el rubro aprovechamientos en la cuenta pública para 1998 (página 329 de los Resultados Generales), fue muy inferior al estimado originalmente en la Ley de Ingresos.

Lo anterior se explica por la nueva Ley del IPAB, en cuyo artículo octavo transitorio se señala que dicho remanente se deberá utilizar para amortizar el crédito otorgado por el Banco de México al Fobaproa (55 mil 800 millones de pesos a diciembre de 1998), el cual no se incluirá dentro de los pasivos del Fobaproa que empezarán próximamente a ser convertidos en deuda pública oficial.

Sin embargo, la escasa recaudación fiscal observada durante la primera mitad del año obligó al gobierno a registrar el citado remanente correspondiente a 1998, como si se hubiera obtenido durante el presente año. Con ese pequeño truco, un déficit de 4 mil 687 millones de pesos se convirtió en un superávit de 7 mil 866 millones, el cual luce muy bien y da confianza a los inversionistas.

Otro punto que llama la atención es la fuerte caída en el gasto para la educación. Si se agregan los recursos destinados a la UNAM, los del Fondo para Educación Básica y Normal (FAEB del Ramo 33), las Aportaciones para el DF, y el gasto realizado por la Dirección General de Educación Superior (para universidades de provincia), se alcanza casi un 80 por ciento del gasto público destinado a educación. Este gasto registra una caída real de 12.2 por ciento durante el primer semestre de 1999.

Pero no todo el gasto para educación ha disminuido. El destino a la UNAM, por ejemplo, registra un incremento real de 13.2 por ciento, debido a que se le permitió ejercer durante los primeros seis meses del año más de la mitad de su presupuesto anual. Esta abundante disponibilidad de recursos se dio a pesar de que esa institución ha estado la mayor parte del semestre en huelga. En contraste, el gasto destinado a las universidades de provincia disminuyó 13.4 por ciento en términos reales, y los recursos destinados a la educación en el DF también cayeron 20.1 por ciento real.

Otro aspecto preocupante es el comportamiento de las obligaciones garantizadas por el gobierno, en especial los pasivos del Fobaproa, las cuales aumentaron su valor en 54 mil 906 millones de pesos durante la primera mitad de 1999. Aunque estos pasivos no se consideran aún para la contabilidad del déficit o superávit fiscal, su pronta conversión en deuda pública oficial explica la restricción de gasto a otros sectores y amenaza con presionar todavía más la vulnerable situación financiera del sector público.

Por lo pronto, el gobierno ha colocado a lo largo del año un enorme monto de deuda por medio de valores, que le han permitido acumular 46 mil millones de pesos. Estos recursos han sido acumulados, no para gastar en áreas prioritarias como educación, sino para tenerlos disponibles cuando se realice la anunciada conversión de los pagarés del Fobaproa en bonos negociables.

* Asesor de la Fracción Parlamentaria del PRD