A un en un régimen presidencialista como el mexicano, un secretario de Estado está sujeto a controles legislativos que lo obligan a comparecer ante el pleno de las Cámaras de Diputados y Senadores o a las sesiones de las comisiones del ramo. Pero en un presidencialismo débil, como el de Ernesto Zedillo, cuya política de gobierno interior se apoya cada vez más en las Fuerzas Armadas y el despliegue de sus efectivos, el secretario de la Defensa Nacional no parece sujeto a ningún control, a ninguna obligación ante el Congreso de la Unión.

El secretario de la Defensa Nacional puede saturar a Chiapas de unidades militares, puede lanzar a sus tropas a ocupar y controlar territorio en la zona de influencia del EZLN, que se encuentra regulada por una ley del Congreso de la Unión, sin que sienta obligación de informar a los legisladores sobre las razones de una decisión que acrecienta la tensión social y política en la entidad y acentúa el riesgo de una confrontación armada con las fuerzas insurgentes.

El problema de fondo radica en que el Congreso no es consultado para ningún asunto relacionado con las políticas de defensa y seguridad nacional en México. A pesar de la Constitución y de las leyes mexicanas en la materia, esas problemáticas son coto cerrado del Ejecutivo y de los mandos de las Fuerzas Armadas. De ahí que a su libre arbitrio, de la noche a la mañana, el gobierno federal recurra a la alquimia militar y transforme soldados en policías, sin que parezca importarle el riesgo de corrupción y descomposición moral en las filas castrenses.

El Presidente ya no quiere resolver problemas: quiere controlarlos con militares. A través de la militarización de la Policía Federal Preventiva, Sedena controlará aeropuertos, carreteras, aduanas, oficinas migratorias, sistemas de inteligencia civil. En su imaginario represivo, el Ejecutivo no busca escuchar y negociar las demandas del pueblo organizado, sino contenerlo con cuerpos de restauración del orden, como se le denominó a una de las unidades principales de la flamante Policía Federal Preventiva.

El secretario de la Defensa Nacional busca, como todo soldado profesional, cumplir los mandatos del Presidente, su comandante supremo. Sin embargo, el Congreso tiene la obligación de supervisar que las órdenes cumplidas estén basadas en la Constitución.

Con todo, ¿qué sucede actualmente si la orden recibida entra en conflicto con el texto constitucional? Las órdenes se cumplen. ¿Qué pasa si el Ejecutivo exige movilización militar en la zona de conflicto en un momento en que las negociaciones de paz están suspendidas y el riesgo de enfrentamiento armado es elevado? La orden es cumplida. ¿Qué sucede si, en contra del texto legal que aprobó el Legislativo, el Presidente ordena que una brigada entera de policía militar se integre a la Federal Preventiva? También, en este caso, la orden se cumple.

Pero, ¿qué resulta si un legislador, un grupo parlamentario, una comisión legislativa o el pleno de una cámara, exigen la comparecencia del general secretario. La petición es ignorada o bloqueada por el oficialismo. El instituto castrense responde que cualquier pregunta sobre misiones y operaciones debe ser atendida a través de la Secretaría de Gobernación. Los jefes militares no dan la cara, no están acostumbrados a rendir cuentas ante representantes del pueblo.

Tratar en secreto las políticas de defensa daña los supuestos básicos de la democracia, altera el equilibrio cívico-militar y relega la materia militar a los poderes discrecionales del Ejecutivo federal. Comparecer ante el Legislativo demostraría el grado de respeto de los militares por el espíritu republicano de la Constitución y del sistema político que ella sustenta.

Este es el momento adecuado para que el general secretario comparezca ante el Congreso y responda a las preguntas que forman ya parte de las preocupaciones más sentidas de los mexicanos. Entre ellas: ¿cuántos efectivos y unidades militares están desplegados en Chiapas y a qué responde su despliegue? ¿Existe alguna relación del ejército con los grupos paramilitares que actúan en Chiapas y, si no, cómo es que no han sido detectados y desmantelados? ¿Hasta dónde se quiere llevar el cerco de penetración sobre las posiciones zapatistas? ¿Cuántos soldados mexicanos han sido entrenados en Estados Unidos durante los últimos cinco años en tácticas de contrainsurgencia? ¿Cuántos en la Escuela de las Américas? ¿Por qué no se ha cumplido la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de liberar al general Gallardo? ¿Cuál es el resultado del empleo de militares en la lucha contra el narcotráfico y cómo ha afectado ésta a las filas castrenses? ¿Por qué se aceptó la firma de un convenio intersecretarial para transferir soldados a la Policía Federal Preventiva, violando la ley que expidió el Congreso en la materia? Muchos legisladores esperan respuestas.