CHIAPAS: PERSECUCION INTOLERABLE
La pretensión del gobernador de Chiapas, Roberto Albores Guillén, de aprehender a los estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que acudieron -luego de que se registrara una intensa movilización militar en la zona- a la comunidad de Amador Hernández para prestar su apoyo y solidaridad a los indígenas que se oponen a la construcción de una carretera, representa un grave acto de provocación e intimidación y constituye un despropósito político y legal que podría tener consecuencias indeseadas no sólo para Chiapas sino para todo el país.
Según la procuraduría chiapaneca, los estudiantes fueron acusados de sedición, plagio y atentados contra la paz, pero hasta ahora no se han precisado estos delitos ni se ha presentado evidencia alguna que confirme tales suposiciones. Empero, policías estatales, agentes migratorios y efectivos castrenses -con el apoyo de militantes priístas- han emprendido una serie de actos de acoso en contra de los universitarios y han impedido el libre tránsito de personas en diversas regiones de Chiapas, hechos que constituyen una abierta violación de las garantías constitucionales.
Además, la determinación del gobierno chiapaneco de hostigar a los estudiantes por el solo hecho de ejercer sus derechos ciudadanos contrasta severamente con la impunidad y la actividad incontrolada de numerosos grupos delictivos paramilitares que operan en amplias zonas de la entidad. Si Albores pretende erigirse en defensor de la ley y de la paz en Chiapas, en lugar de amedrentar y perseguir a estudiantes debería, por una parte, combatir a los verdaderos grupos desestabilizadores -guardias blancas y paramilitares- que operan en diversos puntos del estado -los cuales, cabe señalar, mantienen turbios vínculos con las estructuras priístas y las oligarquías locales- y, por la otra, emprender una política de conciliación hacia el EZLN y sus comunidades de apoyo.
Sin embargo, la actitud del gobernador resulta contraria a los esfuerzos de reconciliación social en Chiapas y a la búsqueda de una salida negociada y pacífica al conflicto chiapaneco. Las exigencias de Albores -en tono de ultimátum- al EZLN, sus desplantes verbales que lindan con la amenaza de represión y su pretensión de conformar una "Cocopa de Chiapas" son indicadores de que el gobernador ha optado por la confrontación violenta y la descalificación de instancias cruciales -creadas por mandato legal- en el proceso de paz. Por añadidura, las declaraciones de Albores en el sentido de que no aceptará "actos de desestabilización en su estado" y sus señalamientos de que en caso de que caravanas de la ciudad de México se dirijan a Chiapas "se aplicará todo el peso de la ley" resultan absurdas y peligrosas, pues de llevarse a cabo tales medidas se violarían las libertades constitucionales de libre expresión y libre tránsito y se suscitarían inquietantes enfrentamientos entre las fuerzas del orden y la sociedad civil. En las circunstancias actuales, el gobernador Albores se ha convertido en un obstáculo para la paz y la civilidad en Chiapas.
Finalmente, ha de señalarse que mientras continúen las movilizaciones militares en la zona de conflicto y se persista en la presente campaña de provocación y acoso en contra de los zapatistas y sus simpatizantes, las tensiones en Chiapas se agravarán -el peligro de que se desencadenen nuevos enfrentamientos y se incremente la actividad de los escuadrones paramilitares es creciente- y poco es lo que podrá avanzarse en el de por sí tortuoso camino hacia la paz. Por ello, cabe hacer un llamado a las autoridades federales -entre ellas las secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional- para que se detenga el hostigamiento al que se encuentran sujetas las comunidades zapatistas y se lleven a cabo acciones efectivas de distensión militar en la zona del conflicto.
Y en lo relativo a las acusaciones contra los estudiantes de la UNAM y la ENAH, es de esperarse que las autoridades chiapanecas desistan de su desproporcionada e injustificada pretensión de fincarles responsabilidades penales, pues una acción de esa naturaleza sentaría un grave precedente y supondría la cancelación de las libertades y las garantías que constituyen los fundamentos mismos del Estado de derecho.