n La paz, en riesgo, dicen

Condenan ONG las acciones en Amador Hernández

Triunfo Elizalde n En forma unánime representantes de la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH), del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, condenaron los operativos militares que los gobiernos federal y estatal llevan a cabo en Amador Hernández, Chiapas.

"No está la situación del país como para jugar con fuego", dijo Oscar González, presidente de la AMDH, al comentar que "todo pareciera indicar que se trata de una estrategia política del gobierno, de negar hechos que son evidentes a través de reportajes y fotografías periodísticas". Criticó al secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco, por no dar explicaciones creíbles sobre los movimientos del Ejército Mexicano al pie de la zona de Montes Azules, que prácticamente es el reducto principal del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

El embajador González consideró poco explicable que en estos momentos de campañas preelectorales para la presidencia de la República, se den estos operativos militares que rompen con las reglas de pacificación; "es extraño que esas acciones se den cuando en el Instituto Federal Electoral se dan sucesos inexplicables, y continúe sin solución el paro universitario".

Creo -agregó-, que es tiempo de hacerle un "extrañamiento a las autoridades gubernamentales; a la Secretaría de Gobernación, al comisionado para la Paz y a la Secretaría de la Defensa Nacional, la verdad no comprendo qué se propone el gobierno al poner en alto riesgo la tranquilidad del país con esta nueva escalada militar que sólo puede llevar a una confrontación abierta en Chiapas".

A su vez, Benjamín Laureano Luna, presidente del FMPDH, señaló que "el movimiento militar en Amador Hernández es una tenaza para obligar a los zapatistas a aceptar una situación distinta a los acuerdos de San Andrés, y si llegara a lograr ese objetivo se perjudicarían los derechos de más de 10 millones de indígenas en el país, ya que sus efectos serían negativos para los 56 grupos indígenas que todavía existen".

Para Balvina Flores, de la dirección jurídica del Fray Vitoria, la escalada militar en la comunidad de Amador Hernández, "es preocupante porque se violan una vez más los derechos de los indígenas, y se bloquean sus caminos bajo el pretexto de construir una carretera; los argumentos de la Secretaría de Gobernación en el sentido de que los operativos militares están dentro de la ley, son inaceptables, pues se contravienen con los artículos constitucionales 11 y 129, que prevén el libre tránsito de los mexicanos por cualquier parte del país". Hasta donde se sabe -indicó- el gobierno no dialogó ni negoció la construcción de la carretera que se propone con los verdaderamente interesados.