Después de la semana de esperanza que nos brindó la gran asamblea en el auditorio Che Guevara y el apoyo masivo que han dado académicos e infinidad de intelectuales, artistas, sindicatos y ciudadanos a la propuesta de nuestros ocho profesores eméritos, este lunes regresaron los nubarrones presagiando desastres. El CGH votó 20 a 16 en contra de tal propuesta, pero lo más grave fue que el radicalismo tuvo que servirse, por primera vez, del acarreo para ganar las votaciones en sus asambleas.

Su contraparte simbiótica no cedió un ápice: tomando la palabra este lunes para no decir nada, o francamente muy poco, Barnés se autopropuso para ``encabezar los esfuerzos de renovación de nuestra máxima casa de estudios'' que, finalmente, acepta que deberá ser ``más profundo de lo que hasta hace poco imaginábamos''. Y los universitarios nos preguntamos: ¿qué es lo que explica que hoy sí pueda el rector tomar esta decisión siendo que hasta hace unos días sus diez comisionados argumentaron, en Minería, no poder llevar más adelante los encuentros con el CGH debido a que la institucionalidad (legislación) universitaria les impedía negociar en torno a lo planteado en los seis puntos y el congreso?

Pero el problema central no es la coherencia sino la confianza: ¿por qué habríamos de hacer garante al rector, en lugar de los eméritos, para encabezar y conducir la reforma universitaria si en su administración, y en este mismo momento, se le está rescindiendo el contrato a cerca de 300 profesores de bachillerato (con el argumento de que la universidad no está en funciones)? ¿Por qué habríamos de confiar en un rector que se ha negado a recibir a los grupos de académicos durante cuatro meses y en su discurso los ignora como actores universitarios? ¿Por qué confiar en una administración que ya está organizando los espacios de discusión con citatorios de los directores a los académicos de confianza para que los organicen desde lo alto, siendo que ni siquiera se ha discutido públicamente cómo se llevarán a cabo (amargo recuerdo de la Cocu)? ¿Por qué confiar en unas autoridades que dificultan a toda costa y tratan de dispersar las reuniones de colegios y académicos inventando eventos (¡en plena huelga!), en el mismo lugar y a la misma hora en que aquéllos semanalmente se reúnen; en unas autoridades que nos orillan a suspender el ejercicio de un referéndum que los académicos estábamos organizando en torno a la propuesta de los eméritos, ya que vemos con angustia que sus resultados serían inminentemente aprovechados para descalificar y hasta reprimir a uno de los actores en conflicto (los estudiantes, naturalmente)? ¿Cómo confiar en unas autoridades que parecen no darse cuenta de que la universidad está por venirse abajo, que lo que está pasando en la UNAM es parte de la descomposición deliberada que la rodea, desde los ataques al IFE, la ocupación militar de Chiapas, el estado de violencia y de inseguridad atizada sin cuartel (3 mil miembros del movimiento urbano popular estaban listos hace unos días para defender a la UNAM de sus grupos de derecha en la eventualidad de que quisieran retomar las instalaciones)? Y vienen las reacciones tardías producto del empecinamiento y de las impericia: ``que las cuotas sean voluntarias'', ``analicemos diversas propuestas'' porque parece requerirse una ``reforma más profunda de lo que nos imaginábamos...''.

Tampoco con renuncias vamos a salir del problema, a sabiendas de que la junta de gobierno universitaria, en consulta con Bucareli, nos recetaría a algún secretario o ex secretario del equipo neoliberal (en tal caso mejor que los eméritos se conviertan en junta de transición para la reforma). Pero ése no es el punto, lo que procede es que los universitarios discutamos y propongamos de qué manera se van a llevar a efecto los foros de reflexión y análisis, cuál es la agenda, cómo van a convertirse sus resultados en norma, quiénes y cómo van a formar parte del comité organizador de los espacios de reforma... La propuesta de los eméritos (que no es una entre ``diversas propuestas'') deberá ser enriquecida y presentada muy pronto a un Consejo Universitario que use la aplanadora para ir hacia delante y no hacia atrás. Sólo así se podrá repoblar el campus y se ganarán las asambleas. Los tiempos para una verdadera reforma universitaria orientada a que se eduquen más jóvenes y mejor, son apenas justos: con buena voluntad, un par de semanas para que se organicen los consensos y se levante la huelga; dos meses luego para organizar los foros; un mes más para organizar los consensos y volverlos ley; y los seis primeros meses del milenio para elevar ese documento al nivel de Reforma de la Educación Superior e imponerlo en los programas de los candidatos y luego en quien se convierta en gobierno de nuestro país.