El próximo año promete ser de extraordinaria agitación política en México, lo que incidirá seguramente sobre la economía nacional, a pesar de que los organismos empresariales insisten en que esta vez no le temen al cambio sexenal. Una de las incógnitas fundamentales consiste en saber cómo los inversores nacionales y extranjeros responderán a la incertidumbre sobre los resultados electorales. Ello dependerá en parte sustancial del grado de consenso que logren establecer entre sí los diversos partidos políticos acerca de las metas económicas que desean alcanzar. Por lo tanto, el punto clave consiste en saber si pueden negociarse acuerdos preelectorales que satisfagan a las diferentes y encontradas clases sociales que dicen representar los partidos.

Un termómetro del nivel de confianza en la economía lo proporcionará el proceso de venta de activos, actualmente en manos del Instituto de Protección del Ahorro Bancario (IPAB), el cual pronto comenzará a subastar la enorme cantidad de más de 175 mil millones de pesos en créditos y/o propiedades (incluyendo miles de bienes inmobiliarios hipotecarios) que recibió del Fobaproa. De acuerdo con reportes recientes, las ventas se iniciarán con la oferta de paquetes de las propiedades más caras (cadenas de hoteles, grandes edificios y complejos inmboliarios de lujo o comerciales) a inversores extranjeros. Sin embargo, el secretario de Hacienda, Angel Gurría, ya ha sugerido que no puede esperarse una recuperación de mucho más de 30 por ciento del valor nominal de dichos bienes. Esta declaración y otras similares parecen destinadas a alertar a los inversores internacionales de las posibilidades para hacer jugosos negocios en México en el corto plazo. No obstante, el asunto no es tan sencillo pues a la incertidumbre política se agregan una notoria falta de transparencia en el sistema legal, acompañada por la actual depresión del mercado de bienes raíces en el país, todos factores que no conducen a crear un clima atractivo para los inversores potenciales.

Todavía más díficil va a resultar la venta de pequeñas propiedades que tiene el IPAB. Pero es importante reconocer que existe una importante ventana de oportunidad que acaba de ofrecer la organización masiva de deudores de El Barzón. Como pequeños deudores ofrecen recomprar en bloque algo cercano a 150 mil de los créditos hipotecarios a un precio razonable (a determinarse) con objeto de no perder sus viviendas o locales comerciales.

Esta propuesta podría dar un enorme impulso a las subastas del conjunto de bienes y servir de colchón a otras operaciones mayores. Por consiguiente, todo depende ahora de que las autoridades del IPAB (y por ende del gobierno) hagan más claras y flexibles las reglas de venta. En caso de lograr la incorporación de decenas de miles de pequeños propietarios mexicanos en el proceso de subasta, el mercado de bienes raíces seguramente respondería positivamente. En caso contrario, y a falta de consensos económicos, la transición política se tornará mucho más complicada y, por supuesto, la confianza en la economía se disipirá. La oportunidad actual es única para construir algunos consensos básicos de estabilidad política y económica para el año en curso y el entrante.