TODA INSTITUCION INDEPENDIENTE es veneno puro para un régimen que se sostiene en el funcionamiento de las reglas no escritas.

Si ya la normatividad constitucional le otorga amplísimas facultades al Presidente de la República, la existencia de un régimen de partido de Estado se las multiplica. Son las famosas facultades metaconstitucionales que sirvieron antes para garantizar estabilidad política, pero que no se avienen ya con la necesidad de un Estado de derecho, único que puede ahora garantizar la gobernabilidad democrática.

En el caso de la embestida contra el IFE, presenciamos de nuevo esa inveterada práctica del viejo régimen, casi un reflejo condicionado, contra todo lo que se salga de control. Y, por la última posición del PRI al respecto, se entiende que ese todo se circunscribe a tres consejeros electorales cuya actuación ha provocado en distintos momentos una abierta irritación en las filas del oficialismo.

Hace ya tiempo que en medios de políticos y de periodistas se escuchaba la frase ``van sobre Jesús Cantú''. Siempre se creyó en el régimen que fue el periodista Cantú quien filtró a La Jornada un dato revelador: la inmensa mayoría del aparato operativo del IFE estaba controlado por funcionarios anteriores a la ciudadanización; es decir, por funcionarios filopriístas que se comportaban como empleados de los gobernantes en turno y no como trabajadores de una institución autónoma e independiente. Después vino el enfrentamiento con el secretario técnico Felipe Solís Acero, cuyo encargo actual en la misma posición, pero de la elección de candidato presidencial del PRI, le da la razón a los consejeros que lo cuestionaron, aparte de Cantú, Jaime Cárdenas Gracia y Emilio Zebadúa.

Se sabía asimismo de la incomodidad que causaban dentro del mismo IFE las posiciones y actitudes de estos dos últimos que internamente ejercían un marcaje personal sobre el personal directivo del Instituto, incluido el mismo consejero presidente José Woldenberg. Y lo que los representantes del PRI siempre han cuestionado, el cercano seguimiento de Zebadúa y Cárdenas sobre la situación electoral en Chiapas.

Los tres consejeros han tocado áreas muy sensibles: la estructura operativa del IFE, considerada intocable por un régimen con una manifiesta voluntad fraudulenta; y Chiapas, donde opera una guerrilla pacifista, civilizada e irreverente, precisamente lo contrario a la violencia y a la simulación intrínseca al priísmo.

La reacción unánime de los consejeros ante los despropósitos del ex contralor interno, da cuenta de los avances de una institucionalidad democrática en el IFE y ello es un muy alentador síntoma de modernidad política. Más allá de un cierto espíritu de cuerpo siempre presente en organismos colectivos, la actitud del consejero presidente --él mismo enfrentado en distintos momentos con los consejeros indeseables para el PRI-- no es sino consecuente con los modos en que debe actuar cualquier dirigente de una institución de Estado. Es decir, velar por el fortalecimiento del IFE como entidad autónoma en sus decisiones e independiente del gobierno y de los partidos.

Si el rector Francisco Barnés no hubiese seguido indicaciones ajenas a la institución UNAM, no habría dado lugar a la ofensiva que desde diversos centros de poder se despliega contra la máxima casa de estudios del país, y asiento de un pluralismo bien arraigado contrario a la cultura de la unanimidad y la intolerancia propia del priísmo aún dominante.

La opinión pública debiera permanecer alerta ante el curso de los acontecimientos en el IFE. La tarea de los consejeros no es nada fácil. Tienen la presión de la sociedad para garantizar elecciones presidenciales transparentes y equitativas; y por el otro lado tienen que ceñirse a una legislación electoral que en muchas de sus partes es como un corsé, o en otras tiene lagunas tales que permiten la discrecionalidad que siempre favorece a un régimen acostumbrado a dirimir sus conflictos con quienes no quiere no en el debate público, sino en la amenaza velada, en los golpes bajo la mesa, en los intentos de cooptación y de corrupción.

Para medir el tamaño de la tarea de los consejeros electorales basta con decir que están obligados, por ley, a tratar al PRI como un partido político, cuando todos sabemos --empezando por los mismos priístas-- que no lo es.

Solamente por esto merecen toda la solidaridad. Que no surtan ningún efecto las presiones en su contra ayudará a que en las decisivas elecciones nacionales que se avecinan tengamos una autoridad discreta y muy profesional, pero que no permanezca callada frente a todo lo que atente contra una contienda limpia, equitativa y civilizada.