En el aniversario 62 del nacimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Presidente de la República planteó la necesidad urgente de aprobar la reestructuración de la industria eléctrica ya que "otras salidas", como restar recursos a "tareas sustantivas" como educación, salud, seguridad social y el combate a la pobreza, o recurrir al endeudamiento excesivo --"con las funestas consecuencias que ya conocemos"--, serían "totalmente inadmisibles" (La Jornada, 15 de agosto).

Tal vez al Presidente se le olvidó hablar de la "tarea sustantiva" que representa el apoyo a los banqueros porque este sector, y no la educación o el combate a la pobreza, es el que se está llevando los recursos públicos más importantes. Sin embargo, más allá de los banqueros, es increíble que la parte central del discurso subrayara la necesidad de la desaparición de CFE y no las grandes bondades que ésta ha brindado al desarrollo nacional. Porque la propuesta, que aún se mantiene en el Congreso de la Unión en materia de servicio eléctrico, plantea la desintegración vertical de CFE, la privatización de la generación eléctrica y la concesión a privados de las líneas de transmisión y distribución. Por ello, vale la pena recordar el contexto en el que surge la CFE y su importancia para el desarrollo de nuestro país.

Su creación tuvo por objeto crear una dependencia del Estado, con atribuciones para generar y distribuir energía eléctrica a partir de una visión de conjunto, ya que hasta aquel momento los privilegios de las empresas privadas, principalmente extranjeras, eran excesivos.

A partir de 1940, la industria eléctrica se desarrolla por el impulso de CFE y la integración de diversas compañías extranjeras en dos grandes monopolios: Compañía Mexicana de Luz y Fuerza de capital anglocanadiense y el Grupo de Impulsoras de Empresas Eléctricas, ligado a empresas estadunidenses. Sin embargo, sus prácticas monopólicas provocaron, en un plazo no mayor de 30 años, la formación de grupos de interés que dominaron el panorama de la industria eléctrica en México.

Esto llevó al decreto de nacionalización de la industria eléctrica en 1960, bajo las siguientes premisas: a) el propósito del gobierno de procurar el progreso nacional armónico en sus beneficios para todos los habitantes de la república; b) la tarea indeclinable de atender las crecientes demandas de energía eléctrica; y c) la prestación de servicio público de energía eléctrica queda a cargo del Estado y tal actividad se sustenta en razones de beneficio social y no en motivos de interés particular.

De 1960 a 1972, la CFE, además de consolidarse como la empresa pública más importante en la prestación del servicio eléctrico, prosiguió con la adquisición de instalaciones, bienes y derechos de diversas empresas eléctricas que continuaban funcionando en el país.

De 1967 a la fecha, la capacidad instalada de la industria eléctrica nacional aumentó en más de 650 por ciento, permitiendo cubrir una demanda con tasas anuales de más del 7 por ciento y la creciente electrificación del país. Con la unificación de frecuencias entre 1972 y 1976, se logró consolidar un sistema interconectado nacional, que ha permitido un mejor aprovechamiento de las instalaciones, la reducción de costos y la normalización de los equipos.

En la actualidad, el sector eléctrico nacional está constituido por dos compañías públicas: CFE y LFC, que en conjunto cuentan con 73 unidades de generación hidroeléctrica, 29 unidades de vapor, dos carboeléctricas; una dual; seis de ciclo combinado; 34 de turbogas; siete de combustión interna; cinco geotérmicas; una nuclear y una eoeléctrica; 97 por ciento de esta capacidad instalada efectiva pertenece a CFE, que hoy es una empresa que opera sanamente y no recibe subsidio del gobierno federal.

La desintegración de CFE implicaría regresar al capital privado una parte fundamental de la infraestructura eléctrica y la riqueza generada por la misma. Creo que vale la pena plantearse una reestructuración de CFE en el marco constitucional actual, antes de planear su desaparición.