Ť La representación del PRI abandonó la sesión, luego de considerla autoritaria

Consumó el Consejo General del IFE la destitución del contralor

Ť Los partidos opositores apoyaron el fallo de los consejeros; hubo excesos de Muñoz Villalobos, señalaron Ť Llama Woldenberg al tricolor a retomar ''la senda del diálogo'' con el órgano electoral

Alonso Urrutia y José Gil Olmos Ť El Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó en sesión extraordinaria, con seis votos a favor y dos abstenciones, el acuerdo mediante el cual se destituye al contralor interno del organismo, Carlos Muñoz Villalobos.

En una sesión cuya legalidad fue cuestionada por el PRI, el consejero presidente, José Woldenberg, sostuvo que nada daña más a la autoridad electoral que el conflicto sistemático ''con alguno de los actores", y conminó al tricolor a retomar la senda del diálogo.

También llamó al PRI a la conciliación para retomar el clima de confianza en la autoridad electoral, porque "esa confianza es la piedra angular de la convivencia política en el país, que transita por un cambio drástico y profundo hacia un sistema más plural, y con el fin de que éste se dé dentro en los cauces pacíficos y legales''.

Durante la sesión, la oposición en su conjunto respaldó la resolución que el PRI calificó de ilegal. Incluso, la perredista Lorena Villavicencio fue más allá: "No es suficiente con el retiro del contralor: el PRD solicita formalmente en esta sesión que se haga del conocimiento del Ministerio Público y se proceda, porque hubo un ejercicio abusivo''.

En su oportunidad, el consejero Mauricio Merino definió los términos en que se encuentra actualmente la resolución del ex contralor: ''Estamos frente a una resolución que no está jurídicamente firme. Hay un plazo para solicitar su revisión y, en su caso, su revocación, pues hay un procedimiento que la propia ley otorga para solicitar su revisión''.

Sólo el PRI impugnó la decisión del Consejo General. Censuró que éste se erigiera en un tribunal y cuestionó la legalidad de la sesión extraordinaria convocada por Woldenberg, pues según el representante priísta Enrique Ibarra, sólo se podría citar con dos días de anticipación o por asuntos verdaderamente urgentes, "y creo que ni era ni es un asunto verdaderamente urgente".

A su vez, el senador priísta Eduardo Andrade calificó de ''autoritaria, centralista y presidencialista'' la actuación de Woldenberg y en general la actuación del Consejo General, "que parece convertirse en vez del árbitro, en el jugador número 12, en el decimosegundo miembro de la coalición opositora".

Cuando contestó al PRI, Woldenberg advirtió que no respondería con las mismas descalificaciones, y señaló que la sesión que se realizaba era legal. Dijo que se convocó con dos días de anticipación, con base en la facultad del consejero presidente de convocar cuando exista un asunto de extrema urgencia o gravedad.

"Cualquier observador medio de la política nacional que haya leído los periódicos y visto los noticiaros estos días, se podrá dar cuenta de si el asunto que desahogamos hoy tiene o no suficiente gravedad", dijo.

Tras el debate sobre la legalidad de la sesión, Woldenberg justificó la presentación del acuerdo que proponía al pleno. Consideró que la gravedad de las circunstancias generadas por la resolución del contralor obliga a la propuesta de remover al contralor, "y todo se reduce a una pérdida de confianza, producto de un desacato a una instrucción de la Presidencia, cuyos efectos políticos hoy todos resentimos".

Recordó los términos en que se dio el desacato, y señaló que la solicitud que hizo al contralor para conocer la resolución "no era arbitraria, no pretendía, ni pretendo decidir sobre el contenido del dictamen, sino asegurar absolutamente la legalidad de la resolución".

Agregó que Muñoz falló a la confianza otorgada. ''Lo digo de manera franca y no puedo sino lamentarme, porque a pesar de diversas posiciones en contrario, sostuve el nombramiento de Muñoz". La Contraloría ''no es sólo una plaza para una labor administrativa, sino una posición clave para la dirección de la institución, es un trabajo que se tiene que dar en un clima de confianza recíproca, y eso es lo que se ha perdido".

Woldenberg indicó que no pedía impunidad para nadie, ''mucho menos para mí'', pero si se han de aplicar sanciones, corregir o rectificar acciones, se tienen que dar con el mismo rigor legal.

En el debate de los consejeros sólo intervino José Barragán, quien justificó la decisión de cesar a Muñoz. ''Este consejo no fue convocado para constituirse ni en tribunal ni en jurado. Tampoco para justificar falta alguna, error cometido por alguno de nosotros. Tampoco para cubrir o echar un manto sobre la corrupción. No hay corrupción en el IFE''.

No hubo mayor debate sobre el punto. Cincuenta minutos después de iniciada la sesión, con seis votos a favor y las abstenciones de los consejeros Emilio Zebadúa y Jaime Cárdenas ųsancionados con apercibimiento por Muñozų, se destituyó al contralor de su cargo.

Luego vendría el análisis de la decisión. El panista Germán Martínez arremetió contra el PRI, sin mencionarlo de forma expresa:

"Sólo desde el cinismo, desde la desvergüenza o la delincuencia política se puede defender esta resolución (las sanciones a los consejeros) o a un funcionario que actúa de esta manera".

Según la perredista Villavicencio, las implicaciones políticas de la decisión son graves. En su intervención, sugirió la vinculación priísta a la orientación del fallo como parte de una campaña de descrédito contra el IFE que es necesario poner fin.

Con la representación del PRI ausente de la sesión ųque abandonó la sesión para ofrecer una improvisada rueda de prensaų, el consejero Barragán volvió a intervenir. Descalificó las dimensiones de las sanciones impuestas por Muñoz, porque "no se puede convertir una falta administrativa en delito que amerite, no sólo comprometer el fuero que tenemos, sino castigos que corresponden a faltas mayores''.

En tanto, el representante del Partido del Trabajo, Pedro Vázquez ųcoautor de la queja administrativa junto con el PRIų deslindó a su partido de los alcances de la resolución y respaldó la decisión del Consejo General.

''La resolución es ilegal, excesiva, arbitraria, oficiosa y no responde a las expectativas de derecho que motivaron la queja. En consecuencia, la rechazamos en todos y cada uno de sus puntos", indicó Vázquez

Sin excepción, toda la oposición respaldó la decisión del IFE, censuró la actuación del contralor y se manifestó por fortalecer al organismo rumbo al proceso electoral del 2000.

Cárdenas habló de su caso: "Me parece grave la censura y la mordaza respecto a la emisión de ideas y los votos, porque ello viola la libertad de expresión. La resolución del contralor no sólo viola la constitucionalidad y la legalidad, viola la dignidad y por supuesto recurriré ante las instancias correspondientes".

A su vez, el consejero Alonso Lujambio deploró la sanción aplicada por la emisión de votos de manera colegiada, basado en la decisión del Tribunal Federal Electoral de revocar los acuerdos.

En su intervención, Mauricio Merino dijo que el Consejo General ha dado muestras de imparcialidad y apego a la ley, ha mostrado apertura para atender las preocupaciones del PRI.

Al final, Woldenberg aludió a un documento que le envió Muñoz Villalobos para su lectura en la sesión, según el cual ambos ųconsejero presidente y el ex contralorų tuvieran tres reuniones para acordar la resolución. Según el funcionario destituido, en ellas Woldenberg le pidió cambiar la resolución para evitar los efectos políticos.

''Dos aseveraciones absolutamente falsas. Son una calumnia y una falsedad, en todo momento. Dije al contralor que gozaba de la más amplia libertad y autonomía para presentar su queja", sostuvo Woldenberg y momentos después formuló el mensaje conciliatorio con que concluyó la sesión.

Se perdió la confianza: priístas

Mientras la sesión transcurría, los representantes del PRI organizaron de forma intempestiva una rueda de prensa. Enrique Ibarra, Eduardo Andrade y Luis Farías calificaron de ilegal la destitución del contralor, y consideraron que el fallo del Consejo General merma la confianza y la credibilidad del instituto.

ųƑHay confianza en los consejeros?

ųCreo que perdió la credibilidad, se perdió confiabilidad en el órgano, se puso en entredicho su capacidad, su calidad de órgano imparcial y de órgano objetivo y legal.

Luego de señalar que el PRI ''no era parte interesada'' en un problema "entre el instituto y el contralor", dijeron que su cese violenta garantías individuales. Sin embargo, Farías dijo que será el contralor quien determine si apelará o no de la decisión del consejo.

De acuerdo con los priístas, en la actuación de Carlos Muñoz no hubo desacato al consejero presidente, "pero una cosa es acordar y otra es obedecer", comentó Andrade.

A su vez, siete partidos de oposición, encabezados por PAN y PRD, suscribieron un comunicado conjunto en el que avalan ''la separación del cargo que el órgano superior de dirección ha determinado respecto del contralor interno''. Al mismo tiempo, solicitan que "se haga del conocimiento de la autoridad competente la actuación del funcionario destituido, a efecto de que se determinen las responsabilidades".

El comunicado conjunto, firmado por PAN, PRD, PT, Auténtico de la Revolución Mexicana, Convergencia por la Democracia, Centro Democrático y Sociedad Nacionalistaų, ratifica su respaldo al IFE y advierte que mantendrán su "actitud vigilante respecto del IFE, buscando salvaguardar la autonomía de la institución, así como el apego irrestricto a las leyes".