No es buena señal la reciente decisión de nombrar a Carlos Jarque como nuevo secretario de Desarrollo Social. Y esto no tiene nada que ver con las cualidades personales o profesionales del hombre y del funcionario, sino con la confusión que tiene el gobierno entre sus intereses particulares y los del Estado.

Jarque se desempeñó durante largos años como presidente del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), institución que cumple la función esencial de generar y presentar un conjunto grande de información diversa y básica sobre el país.

El INEGI se creó en enero de 1983 y es ahora un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda, y ese estatuto no es el más adecuado para la relevante función que cumple, pues acaba fungiendo como juez y parte de las tareas que desempeña. La misión del INEGI no es menor puesto que se propone "brindar el servicio público de información estadística y geográfica, y promover el uso de la informática para contribuir al bienestar social, al crecimiento económico sustentable, al desarrollo democrático y al fortalecimiento de México".

Pero si dicho estatuto de la administración pública no se ha reformado, la reciente decisión presidencial no hace sino poner en evidencia las controversias que pueden suscitar los datos generados de manera oficial por el gobierno y debilita una de las bases de la creación de una sociedad más participativa. La democracia tiene uno de sus principales sustentos en la información. Parte importante de esta última es la que se genera con respecto al desenvolvimiento del territorio, la economía, la población y las condiciones sociales. La referencia común a una información precisa, confiable y sin compromisos políticos es una plataforma para la creación de consensos, la formulación de estrategias y hasta la fijación del marco de un proyecto nacional de amplia convocatoria.

Hoy usamos la información generada por el INEGI como una referencia obligada y prácticamente única, sabiendo que no tenemos alternativas. La información del INEGI la usa el mismo gobierno para tomar decisiones de política pública y para mostrar el éxito de sus programas; la utilizan los políticos de todas filiaciones, los analistas y periodistas, los académicos y los empresarios, los organismos internacionales y hasta los inversionistas extranjeros. Piénsese sólo en la importancia fundamental del Censo de Población, de las Cuentas Nacionales, de los inventarios de recursos naturales y de las transformaciones territoriales a partir de los asentamientos humanos y el desarrollo de las actividades productivas. Pero se aprecia también el límite de toda la gama de productos que ofrece el INEGI y que es resultado de su dependencia del gobierno. Así, por ejemplo, el instituto no elabora una medida alternativa de la inflación, que esté en manos del banco central y que se vuelve prácticamente incuestionable en términos efectivos y es la base que sustenta efectivamente la política económica en cuanto a la determinación del tipo de cambio y de las tasas de interés. Esa misma información sirve, también, para enfrentamientos políticos como el que protagonizaron recientemente el indispensable Esteban Mactezuma cuando desempeñó uno de tantos cargos y que consideró pequeño, como fue la Sedesol, y el gobernador con licencia Vicente Fox, con respecto al estado de pobreza en Guanajuato.

Todo esto no significa que haya una desconfianza intrínseca en los datos y las tendencias que se generan a partir de la información producida, procesada y presentada por el INEGI, sino que la falta de independencia del organismo expone social y políticamente sus funciones, tal y como sucede ahora con la designación secretarial de Jarque. Y la independencia que debe adquirir el INEGI no debe ser una réplica de la barbaridad cometida con el Banco de México, ya que el hecho que una institución se haga autónoma con respecto al gobierno no significa que no tiene la obligación de rendir cuentas y cumplir responsabilidades ante la sociedad que la mantiene. Aquí hay un proyecto de legislación que habría de promover la Cámara de Diputados, o cuando menos las fracciones de la oposición, para ir creando las bases institucionales de un nuevo modo de gobierno y de una nueva relación entre la sociedad y el gobierno. Estas medidas, que parecen estar ahora en un nivel por debajo de otras prioridades políticas, son sustentos de carácter permanente para la organización de la sociedad, y la verdad es que bien pueden hacerse al mismo tiempo que se entablan los enfrentamientos políticos más grandes. Con ello, además, se conseguiría aumentar la muy reducida productividad del Congreso que bastante cuesta mantener a los contribuyentes.