ASTILLERO Ť Julio Hernández López
Han sido tan alterados los valores de la vida pública mexicana que, por desgracia, atentados como el sufrido ayer por el máximo fiscal antidrogas del país no generan convicciones inmediatas sino, por el contrario, dudas y confusiones varias.
Si Roberto Madrazo aparece ahora en las pantallas de televisión abogando por la honestidad y luchando contra la corrupción, y si Mario (Rodríguez) Bezares es tenido todavía por un buen número de ciudadanos como un mártir crucificado por autoridades injustas (nicho de santidad en el que, a pesar de las evidencias, también hay mexicanos que colocan a Paco Stanley), entonces tampoco se puede ceder a la percepción simple de que la lucha contra el narcotráfico se da en nuestro país entre bandos perfectamente definidos, de malos y de buenos.
Por el contrario, si algo ha caracterizado los episodios de la batalla mexicana de las drogas ha sido justamente ese entrelazamiento de intereses, en el que algunos agrupamientos de delincuentes suelen comprar fidelidades y protección de un segmento del poder, mientras otras de esas organizaciones criminales se proveen de servicios similares prestados por otras autoridades.
En ese contexto, los hechos violentos cometidos ayer contra Mariano Herrán Salvatti (originalmente presentados como un incidente contra un agente judicial federal, al que habrían pretendido arrebatar su motocicleta unos simples asaltantes) son muy censurables, por cuanto pretendieron ultimar al máximo funcionario gubernamental encargado del combate al narcotráfico.
Pero, además de ese aspecto primario, se necesita mantener la alerta ante los indicios crecientes de que la mismísima capital del país ha sido tomada ya como plaza central de las operaciones de narco- tráfico, con su producción natural de atentados, ejecuciones y crímenes con el sello inequívoco de las bandas mafiosas.
El asentamiento principal de esos intereses funciona en esa especie de territorio sin ley que es el barrio bravo de Tepito, donde el tradicional tráfico de apa- ratos electrónicos de origen extranjero se ha convertido ya en un juego de niños, frente al crecimiento y consolidación de un cártel central en el que convergen los asuntos esenciales de los grupos de narcotraficantes del país.
Esa toma del Distrito Federal por parte de los grupos mafiosos no es sino la expresión inequívoca de que los asuntos del narcotráfico están insertos de manera plena en el sitio geográfico donde se toman las principales decisiones, justamente porque las instituciones y los mandos más importantes del país han pasado de ser tolerantes e infiltrados a cómplices y acaso hasta directivos.
No es posible ocultar la realidad: el narcotráfico ha corrompido importantes espacios del poder público, y en esas altas esferas donde se trazan estrategias y se movilizan fuerzas y recursos, suelen estar las más fuertes implicaciones entre ambos bandos presuntamente antagónicos.
Ciertamente, en el caso de Herrán Salvatti puede suponerse que la agresión sufrida provino de los intereses afectados de manera natural por un fiscal antidrogas.
Pero también es importante indagar sobre las corruptelas internas, sobre las protecciones dadas por grupos de policías a capos de distintas afiliaciones, sobre el hecho inequívoco de que el dinero y el poder derivados del mercado de las drogas están dominando cada vez más las acciones del gobierno mexicano. (El atentado contra Herrán fue hecho, vale recordarlo, por si faltaran más simbolismos, a unos metros de oficinas de la Policía Fiscal y a bordo de motocicletas que se dice son propiedad de la Policía Judicial Federal)
Cárdenas, desde Villahermosa
El jefe de Gobierno capitalino escogió Villahermosa (la capital del estado de cuyas arcas sacó y sigue sacando Roberto Madrazo buena parte de sus fondos de campaña) para establecer que la única posibilidad de hacer alianza electoral opositora es yendo a los comicios primarios.
La presencia de Cuauhtémoc Cárdenas en aquella capital del sureste sirvió para arrancar su precampaña por la candidatura perredista a la Presidencia. Por una parte, precisó su demanda de que el candidato presidencial único provenga de elecciones directas y no de encuestas u otros métodos representativos. Por otro lado, demandó que los partidos opositores planteen desde ya nombres de posibles miembros apartidistas de ese gabinete opositor.
Hubo, además, un guiño oratorio significativo. Dijo Cárdenas que pretende incorporar a su equipo de campaña a Andrés Manuel López Obrador.
Con sus palabras, el jefe real del perredismo le abre el camino al tabasqueño para que justifique su decisión de no buscar la candidatura a gobernador de su estado natal y sí, en cambio, promover un frente opositor en el que, como se ha dicho aquí con insistencia, participaría de manera principal el senador todavía hoy priísta Humberto Mayans.
De las palabras de Cárdenas parecería desprenderse que será el próximo coordinador general de la campaña del michoacano, pero aún no está dicha la última palabra respecto de su posible participación como aspirante al gobierno capitalino, asunto éste en el que, sin duda, López Obrador es el perredista mejor posicionado en cuanto a encuestas de opinión pública.
La consigna: desgastar al IFE
La vigilancia ciudadana de los comicios es un asunto que poco alegra a los tradicionales detentadores del poder autoritario.
Por ello, de manera constante se mantiene un asedio sobre las circunstancias de honorabilidad e independencia de criterio que deben rodear a los miembros del Consejo General del IFE.
No se vivían momentos más tensos en ese instituto desde aquellas fechas en las que el consejero presidente, José Woldenberg, se esmeraba en defender a Felipe Solís Acero de las acusaciones que se le hacían, de ser mero instrumento del poder gubernamental priísta para manipular la estructura del IFE (defensa de Woldemberg que fue escandalosamente exhibida como falsa cuando el defendido Solís Acero aceptó ocupar con Fernando Gutiérrez Barrios el puesto de secretario técnico de la comisión organizadora de las elecciones internas del tricolor).
Ahora, con el asunto del contralor que se lanzó contra el consejero Jesús Cantú, destituyéndolo, y contra otros dos, reprendiéndolos, se ha dado un golpe seco en el terreno de la credibilidad de los ciudadanos que organizan elecciones.
Hoy, cuando se reúna, el Consejo General del IFE buscará enmendar los destrozos hechos por la consigna priísta de enlodar a diestra y siniestra pero, por desgracia, el episodio no es, no será, sino un adelanto de los tiempos difíciles, violentos, que nos quedan por vivir, cuando menos de aquí a las elecciones del 2000. ƑAlguien creyó alguna vez que el retorno del PRI a las sesiones del IFE había sido una claudicación, una debilidad? Hoy, después de la jugarreta de la destitución de Cantú, y la secuela que prepara, se podrá ver a ese PRI vitaminado, airoso, activo, poniendo más piedritas en el camino de la transición democrática.
Astillas: El asunto de Tulyehualco muestra las aberraciones a las que lleva la desconfianza extrema en las instituciones políticas y de justicia. El presunto delin- cuente, al que pretendieron linchar en el kiosko de ese pueblo, salió en libertad porque nadie presentó acusaciones en su contra. Tal presunto delincuente, al que nadie ha acusado, tampoco deseaba, al menos hasta anoche, presentar acusaciones contra la gente que le golpeó, apedreó y amenazó con linchar. Durante diez horas, ese pueblo vivió sin leyes, sin justicia. Hoy, pareciese que nada pasó. ƑNada pasó?
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