Ť Respuesta a la Comisión Episcopal para la Paz
Dice Gobernación que es legal la presencia del Ejército en Chiapas
El gobierno federal no ha privilegiado el uso de la fuerza para resolver el conflicto con el EZLN, y la presencia del Ejército en Chiapas "está sustentada en disposiciones constitucionales y legales", y encaminada a garantizar la seguridad y el orden público interno, respondió ayer la Secretaría de Gobernación a la Comisión Episcopal para la Paz y la Reconciliación, que anteayer emitiera un documento donde insiste en una salida digna y política para la rebelión indígena, y advierte que el incumplimiento de los acuerdos de San Andrés llevó a masacres como la de Acteal.
La respuesta de Gobernación a los obispos fue inmediata y en un tono inusual. En un comunicado, la dependencia encabezada por Diódoro Carrasco sostiene que el gobierno federal "reitera su voluntad de cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, por lo que no se requiere de ratificación alguna".
Lo conducente, agrega Gobernación, "es proceder a la reforma constitucional sobre derechos y cultura indígena, que los mismos consignaron y que hoy está en manos del Congreso de la Unión decidir".
La dependencia alude luego a otros de los señalamientos contenidos en el documento de 12 cuartillas titulado Peregrinos hacia la Paz, que los ocho obispos que integran la Comisión Episcopal para la Paz y la Reconciliación en Chiapas dieran a conocer el viernes 13 en el municipio de Bachajón, luego de una misa multitudinaria, con la que culminaron una visita de tres días por la zona de conflicto.
Se centra, sin embargo, en los señalamientos de esa comisión sobre el riesgo de mayor violencia en la entidad y responde que "la presencia del Ejército y de seguridad pública está sustentada en disposiciones constitucionales y legales, tanto para garantizar la integridad y orden públicos internos como para atender requerimientos estratégicos derivados de la localización geográfica del estado de Chiapas y el combate al narcotráfico en la zona".
Consecuentemente, "el gobierno de la República se opone a cualquier motivo que exacerbe los ánimos y pueda desembocar en nuevas formas de violencia. Del mismo modo está en contra de una solución a la problemática indígena que pueda destruir los valores de las culturas y las tradiciones indígenas o las reinterpreten con criterios individualistas o masificantes".
Hace notar también a los integrantes de la Comisión Episcopal para la Paz que "está aplicando en Chiapas una política integral para revertir la situación de injusticia social".
Lo que reconoce del documento de la jerarquía religiosa es "el exhorto que de nuevo hace al EZLN para que se mantenga en la búsqueda de una salida política digna al conflicto y que den mayores muestras de disponibilidad para buscar nuevos mecanismos de diálogo, superando la desconfianza que hasta el momento ha impedido la continuidad de las negociaciones".
Y concluye que "el gobierno federal reitera una vez más su invitación al EZLN a retomar a la brevedad el diálogo y la negociación, para darle una solución definitiva al conflicto".