Masiosare, domingo 15 de agosto de 1999

En el intercambio de ataques entre los aspirantes a la candidatura presidencial priísta, la lucha contra la delincuencia tiene el tamaño de una bala de cañón. Francisco Labastida Ochoa ha sido, para variar, el blanco preferido.

Desde el 2 de agosto, cuando la contienda interna del tricolor se hizo oficial, el tabasqueño Roberto Madrazo Pintado juzgó que Labastida falló en la Secretaría de Gobernación, pues el método que usó para combatir la delincuencia fue ``un fracaso total''.

Labastida respondió con cifras de hace dos sexenios, cuando era gobernador de Sinaloa: ``Se redujo la criminalidad en índices de hasta 90%; el señor Madrazo no dio este resultado'', dijo, ni siquiera con el elevado presupuesto que manejó en su paso por Tabasco.

``Pacificar las calles y afirmar el imperio de la ley'', ofrece Madrazo. ``Aplicar la ley con rigor'', lanza Labastida.

En sus plataformas y discursos ninguno de los dos se refiere explícitamente al telón de fondo, a la pieza clave del modelo que fue, según Madrazo, un ``fracaso total'': la militarización de los cuerpos policiacos.

El mes pasado 4 mil 988 elementos de la Tercera Brigada de la Policía Militar se incorporaron a la recién creada Policía Federal Preventiva, pilar del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Calificados por el secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco, como elementos ``altamente especializados'', los nuevos policías son los mismos que, entre 1996 y 1997, patrullaron las calles de la delegación Iztapalapa del Distrito Federal.

Fueron la columna vertebral del plan de trabajo del entonces secretario de Seguridad Pública Enrique Salgado Cordero, a fin de volver eficiente a la policía.

Un plan que tuvo este saldo: cuando los militares se hicieron cargo de la policía, en la ciudad de México se denunciaban 679 delitos al día. Al regresar a sus cuarteles, la cifra había aumentado a 701 cada 24 horas.

Las críticas de Madrazo o las amenazas de Vicente Fox (si gana las elecciones del 2000, dice, disolverá a la PFP) atizan la discusión sobre la participación cada vez mayor del Ejército en tareas de seguridad pública y los resultados que se han obtenido.

No es un asunto nuevo.

La ausencia endémica de políticas continuas para combatir a la delincuencia y la falta de corporaciones policiacas honestas y eficientes ha propiciado que el gobierno mexicano recurra a las fuerzas armadas, a fin de intentar resolver las crisis periódicas de inseguridad, afirma Raúl Benítez Manaut, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la UNAM.

Los militares, en este escenario, son ``la salida más fácil, la que está a la mano'', aunque con ello se paguen costos, como la pérdida de prestigio por la corrupción de altos mandos o las acusaciones de violar derechos humanos.

Pero a veces hay victorias.

El pasado fin de semana un grupo de soldados de la quinta compañía de infantería de la 21 zona militar patrullaba los cultivos del municipio de Tacámbaro, cuando encontró una singular petición de ayuda.

A mitad de un sembradío de mariguana había una manta que decía: ``Señores, con todo respeto reconozco que es su trabajo, pero quiero negociar. Aquí está lo de 100 mil pesos, llámenme''. En seguida, un número telefónico y la firma: ``Atentamente, un amigo''.

Bajo la manta había un bulto con 11 mil dólares, el anticipo para los militares por echarle la mano al nuevo amigo.

El incidente fue interpretado por los militares como un intento de sobornar a la quinta compañía. Por medio de un comunicado, la 21 zona reconoció que existe ``la intención de la delincuencia organizada de coptar al personal militar y a las autoridades encargadas del combate al narcotráfico''.

Chocolate por la noticia.

De cualquier manera, el hecho es una muestra de la magnitud de la batalla que las corporaciones policiacas no han podido ganar, y en la que, a juicio de Jorge Luis Sierra, asesor en asuntos militares de la fracción del PRD en la Cámara de Diputados el Ejército tampoco tiene muchas posibilidades de salir adelante.

Los soldados, añade, no están preparados para enfrentar a un enemigo prácticamente encubierto, como es el crimen organizado, que por si fuera poco destina enormes cantidades de dinero para corromper a quienes lo combaten.

En la guerra que libran contra la delincuencia, las Fuerzas Armadas tienen ``altas probabilidades de perder''.

El derrumbe del mito

Cada mes, según la Procuraduría General de la República, alrededor de 20 mil soldados interceptan cargamentos de droga, destruyen cultivos de enervantes y establecen retenes en las carreteras para detener el tráfico de estupefacientes.

Una tarea que los soldados cumplen desde hace más de dos décadas, cuando se estableció la operación Cóndor en Sinaloa.

Este sexenio, sin embargo, el Ejército no se ha limitado a combatir en el narcotráfico, pues su participación en tareas policiacas se incrementó.

De hecho, actualmente existen mandos militares en las policías de 28 estados del país (ver recuadro), e incluso en algunas partes realizan tareas que nada tienen que ver con su formación militar.

No se trata de un hecho aislado. Según Jorge Luis Sierra, a partir de 1995 -cuando el Ejército prácticamente se hizo cargo de la PGR y la SSP- ``cambió la naturaleza de su participación en el resto de los cuerpos policiacos'', que se encuentran ahora ``virtualmente militarizados''.

Tal movimiento de tropas tiene sus riesgos.

Según Jorge Luis Sierra, mientras más cerca estén los soldados de la población civil mayor es el riesgo de que se cometan violaciones a los derechos humanos, o bien, que las fuerzas armadas sean corrompidas.

Algo que en los hechos ya ocurrió.

Hasta febrero de 1997, ningún militar de alto rango había sido procesado por autoridad civil alguna, hasta que el comisionado para el combate a las drogas Jesús Gutiérrez Rebollo fue recluido en Almoloya de Juárez.

El general de división, ex comandante de la quinta región militar, formaba parte de la elite militar que dirige al Ejército Mexicano. Su captura, dice el investigador Benítez Manaut, ``fue el golpe más duro que ha sufrido la institución, porque desbancó un mito, demostró que los militares son corrompibles''.

A partir de ese momento las capturas de generales se multiplicaron.

El 1o. de marzo de ese año el general brigadier Alfredo Navarro Lara, comandante de la quinta zona militar con sede en Baja California, ofreció -a nombre del cártel de los Arellano Félix- un millón de dólares mensuales al delegado de la PGR en la entidad, el también general José Luis Chávez García.

Navarro Lara concluyó el episodio en una celda de Almoloya.

Meses después, en noviembre, el general José Lamberto Ponce Lara, director del Agrupamiento Fuerza de Tarea (los zorros), de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP), fue involucrado en la ejecución de seis jóvenes de la colonia Buenos Aires y encarcelado en el Reclusorio Oriente.

Junto con él fueron aprehendidos el coronel de caballería Jesús Alonso Valdés, director de Motopatrullas, y el teniente coronel de infantería Moctezuma Ilhuicamina Zepeda, subdirector del Grupo Especial de Disuasión, jaguares.

Otro. El jueves pasado la PGR consignó ante el juez primero de distrito al coronel Oralio Castro Aparicio, ex delegado de la dependencia en Tamaulipas, junto con el capitán Aurelio Soto Huerta, ex subdelegado de averiguaciones previas en Reynosa.

Ambos militares permanecieron un mes arraigados en la capital del país, sujetos a investigación por el homicidio del teniente Jaime Rajid Gutiérrez Arreola, asesinado el 29 de marzo pasado por una discusión de dinero producto del narcotráfico.

El coronel, el capitán y otros detenidos -entre ellos agentes del Ministerio Público Federal, judiciales federales y narcotraficantes- están acusados de delincuencia organizada, abuso de autoridad, homicidio, encubrimiento y delitos contra la administración de la justicia.

Pese a las evidencias, la tendencia a militarizar los cuerpos policiacos se mantiene, ``como si no hubiera ocurrido nada'', advierte Jorge Luis Sierra.

``En la PGR dijeron que estarían dos años, y todavía no han terminado de salir''.

Las batallas perdidas

La captura de los generales Gutiérrez Rebollo y Navarro Lara muestra el poder corruptor del narcotráfico, un enemigo que, afirma Sierra, ganó la guerra al Ejército Mexicano.

``Es una zona de desastre no hay datos alentadores que digan que se derrotó a la actividad''.

El especialista cita a la Contraloría General del Congreso de Estados Unidos, cuyos informes indican que, cada año, en ese país se consumen 300 toneladas de cocaína, 70% de las cuales pasa por el territorio mexicano.

Esto significa que de 1994 a 1998 ingresaron a Estados Unidos mil 200 toneladas del alcaloide por nuestro territorio. En ese lapso, según datos de la PGR, se han capturado 105 toneladas, 10% del total de cocaína que pasó por el país.

Pese a la contundencia de las cifras, el eje rector de la política antinarcóticos del gobierno mexicano es todavía el uso de las fuerzas armadas.

De acuerdo con el informe La lucha de México contra el narcotráfico, elaborado por la PGR, la operación Sellamiento, que inició a mediados del 1998 y se reforzó en febrero pasado, ``implica el mayor despliegue de personal militar y policiaco en contra del narcotráfico que se ha dado en el país''.

¿Error? ``No es la estrategia adecuada'', dice Jorge Luis Sierra. ``Es más fácil que el narco penetre al Ejército que los militares logren infiltrar al crimen organizado''.

Además de los casos de los militares de elite que se encuentran encarcelados, el especialista cita el caso de Colombia, país que durante años perdió una tras otra las batallas contra los cárteles de la droga, porque encargó esa tarea al Ejército.

Y según las evidencias, México transita por ese camino.

Desde el 28 de noviembre de 1995 la PGR puso en marcha un programa para mejorar el trabajo de la dependencia con la participación activa de militares en las delegaciones estatales.

La estrategia arrancó en Chihuahua, gobernada por el panista Francisco Barrio Terrazas, quien también colocó a militares en otras corporaciones policiacas estatales, como la judicial y la preventiva.

El plan tuvo pocos resultados.

Cuatro meses después de que se puso en marcha, en marzo de 1996 policías municipales de Ciudad Juárez detuvieron a agentes federales que escandalizaban en un bar de la localidad.

Los compañeros de los detenidos trataron de rescatarlos y se enfrentaron a balazos con los municipales.

Dos de éstos murieron.

Hasta el año pasado en Ciudad Juárez funcionaban alrededor de mil 500 picaderos (lugares donde se venden y consumen drogas), y operaban 640 pandillas armadas con un promedio de 25 miembros cada una.

Ambos, el tráfico de heroína y la portación de armas, son delitos que persiguen la PGR y el Ejército.

En Tamaulipas, según cálculos del Centro de Estudios Fronterizos, cada mes cruzan cinco toneladas de cocaína por los dos puentes internacionales de Nuevo Laredo, y una cantidad similar se queda en la ciudad a la espera de una oportunidad para llegar a su destino.

En ese estado la disputa por la plaza dejó, el año pasado, un saldo de 131 ejecuciones.

Una situación similar se presenta en Baja California, otra de las entidades donde la delegación de la PGR está en manos de militares.

Tan sólo en Tijuana las ejecuciones de este año suman 150, y según Víctor Clark, director del Centro Binacional de Derechos Humanos, en la ciudad existen, en promedio, un picadero en cada una de las 950 colonias.

Hasta ahora, cuatro años después de la llegada de militares a la Procuraduría, los jefes del cártel de Tijuana, los hermanos Arellano Félix, siguen libres.

Pero no sólo contra el narcotráfico los militares habilitados como policías han encontrado problemas.

En Sinaloa, por ejemplo, donde 400 militares se hicieron cargo hasta hace unos meses de las corporaciones policiacas locales, se han cometido 350 ejecuciones en lo que va del año.

Además, está el caso del Distrito Federal, donde las redadas policiacas del general Enrique Salgado Cordero, secretario de Seguridad Pública, provocaron una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La denuncia fue presentada por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), que -entre otros elementos de prueba- señaló que durante 1996 y 1997 ``el nivel de impunidad fue de 96%''.

Así, pareciera que la moraleja es que ni contra el crimen organizado ni contra la delincuencia común el Ejército parece rendir buenas cuentas, aunque también se ha anotado algunas victorias.

Una de ellas la captura del jefe del cártel del Golfo, Juan García Abrego, detenido en 1996 tras una larga investigación de la PGR.

Cuando todos somos enemigos

Santiago Corcuera Cabezut, coordinador del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, está convencido que la procuración de justicia en México no puede quedar en manos del gobierno, y propone la ciudadanización de esta actividad, tal y como ocurrió con los procesos electorales del país.

``Hasta que se creó el IFE tuvimos democracia'', razona. ``Lo mismo con la justicia: la vamos a tener hasta que los ciudadanos independientes e imparciales se hagan cargo de ella''.

Con tales antecedentes, resulta lógico su rechazo a que el Ejército participe en tareas de seguridad pública, pero no sólo por los resultados escasos que ofrece, sino por las violaciones que se cometen.

Y es que, subraya, jurídicamente la función de los soldados ``es el combate, así lo dice su ley orgánica; en otras palabras, su formación es acabar con el enemigo. Y en esto no hay consideraciones de derechos humanos que valgan''.

Esto explica, dice por su parte Jorge Luis Sierra, incidentes como las ejecuciones de seis jóvenes de la colonia Buenos Aires.

Los militares involucrados ``cumplieron con la misión que se les encomendó: localizaron al enemigo, lo capturaron y después lo aniquilaron''.

Empero, este no es el único caso del sexenio en que un asunto policiaco se resuelve al estilo y los modos militares.

El 15 de diciembre de 1997 un comando del Grupo Aerotransportado de Fuerzas Especiales (Gafe), que sin tener facultades investigaba el robo de una pistola, secuestró a 20 adolescentes del poblado de San Juan de Ocotán de Zapopan, Jalisco, a quienes sometió a una larga sesión de golpes y tortura.

Cuando los gafes descubrieron al responsable del hurto, lo ejecutaron.

Los elementos están detenidos en instalaciones militares y sujetos a proceso bajo el fuero de guerra, a pesar de que el ilícito que cometieron debió investigarse por autoridades civiles.

A pesar de lo espeluznante de los casos, lo cierto es que no se trata de actos novedosos. El asesor del PRD recuerda la forma como se puso fin a movimientos como el de los médicos, en 1959; los telegrafistas, en 1966, o los estudiantes de 1968.

Concluye: ``Siempre que se usa al Ejército para resolver crisis internas el resultado es represión''.

La tremenda Corte

Aunque desde hace tres años la Suprema Corte de Justicia determinó que la participación del Ejército en tareas policiacas es formalmente válida, la polémica todavía no concluye.

A juicio de Corcuera Cabezut -quien también fue director del Departamento de Derecho de la UIA- la resolución de la Corte se basó en una interpretación equivocada de la Constitución.

De acuerdo con el artículo 129 de la Carta Magna, las Fuerzas Armadas tienen prohibido realizar, en tiempos de paz, cualquier función que no tenga que ver con la disciplina militar, es decir, salvaguardar la seguridad interior y defender al país de agresiones externas.

Para el primer caso, explica Corcuera, el Código Penal Federal determina que los delitos contra la seguridad nacional son traición a la patria, espionaje, sedición, motín, rebelión y terrorismo.

De éstos, el Ejército está facultado para intervenir sólo en dos: rebelión y sedición, ``que en los hechos representan estado de guerra''.

Así, subraya, el robo de autos, los homicidios y los asaltos son, legalmente, acciones contra la seguridad pública.

Pero los ministros, en su dictamen, la consideraron igual a la seguridad interior, y por tanto los militares estarían facultados para perseguir delincuentes comunes.

Es el fundamento legal de la transferencia de soldados a la PFP, hecho que la fracción del PRD en la Cámara de Diputados impugnará ante la Corte.

``Se viola el decreto que la creó'', dice el diputado Gilberto López y Rivas. ``Nunca, jamás se aprobó que militares formaran parte de esta policía''.

De acuerdo con la ley de la PFP, las fuerzas armadas se coordinarían con los elementos de la corporación, pero en este caso ``no se trata de coordinación, sino que participan directa y decisoriamente, lo cual equivale a borrar toda posibilidad de mando civil''

Ciertamente, desde el 16 de julio el secretario de la Defensa Enrique Cervantes Aguirre pareció dar la razón al diputado perredista, cuando señaló que los soldados que integran a la PFP dependerán ``administrativa y técnicamente'' de la Sedena.

López y Rivas va más allá, y advierte que el objetivo de esta nueva corporación son las elecciones del año próximo.

``Sería ingenuo pensar que se van a mantener al margen. Van a tener a su cargo todo: aduanas, aeropuertos, cuerpos de inteligenciaÉ Acuérdate que los procesos electorales están contaminados por la violencia; es una situación peligrosísima''.

En esto coincide el investigador Benítez Manaut. La tendencia histórica, dice, es que los gobiernos débiles recurren a las Fuerzas Armadas para sostenerse.

Y en este caso, cuando México se encuentra en un proceso de transición, la creciente presencia de militares puede resultar un obstáculo.

Recuento estado por estado

En 1997 una investigación de Raúl Benítez Manaut reveló que los militares encabezaban distintas corporaciones policiacas en 30 estados del país. Sólo Guanajuato y Querétaro no tenían soldados en sus policías.

Dos años después el panorama no ha cambiado gran cosa. Según una investigación de Masiosare, elaborada en buena parte con información de los corresponsales de este diario, actualmente existen mandos militares en las corporaciones policiacas de 28 estados. De 1997 a la fecha los soldados dejaron los mandos de las policías en Morelos y Zacatecas.

La información recabada se refiere a las principales corporaciones de cada estado, así como de las ciudades más importantes.

A continuación, el mapa de los militares en las policías del país:

Aguacalientes: Mayor retirado Vérulo Hernández, director de la Policía Judicial del Estado.

Capitán retirado Luis Rubio Higuera, director de la policía municipal en la capital.

Baja California: Teniente Coronel Lorenzo Salas Medina, delegado de la PGR.

Teniente Coronel Rodolfo Carranza Hernández, subdelegado de la PJF.

Baja California Sur: Capitán de Corbeta retirado Luis Angel González Rubio, director de la Policía Judicial del Estado.

Capitán piloto aviador Benjamín Raya Aguilera director de la Academia de Policía.

Capitán retirado Carlos Jesús Lucero Amador, director de Previsión y Readaptación Social.

Campeche: Capitán Jorge García Zubieta, director de Seguridad Pública del Estado.

Subteniente Carlos Méndez Heber, director de la Policía Judicial del estado.

Capitán Miguel Jesús Cornejo Sánchez, jefe de personal de la PJE.

Capitán retirado Pedro López Márquez, asesor del procurador Ricardo Ocampo Fernández.

Chiapas: Capitán primero de infantería Amadeo Aguilar Corpus, coordinador de Seguridad Logística y Ayudantía delGobernador del Estado.

Capitán piloto aviador Jorge Clemente Navarro, coordinador de Transportes Aéreos de Chiapas.

Capitán piloto aviador Gumaro Melo Alvarado, director de Operaciones de esta dependencia.

Chihuahua: Teniente Coronel Ismael González Vera, delegado de la PGR, además de los elementos de la Policía Fiscal Federal.

Colima: Capitán Fernando Díaz Cendejas, director de Seguridad Pública del estado.

Durango: General Carlos Rosete Ponce, jefe del cuerpo de seguridad del gobernador.

Distrito Federal: General de brigada Gonzalo Adalid Mier, subsecretario de Seguridad Pública.

Estado de México: General Francisco Fernández y Solís, director de Seguridad Pública del Estado.

General Juan de Dios Calleros Aviña, director de la policía municipal de Toluca.

Guerrero: Teniente coronel Edilberto Solís Ramírez, director de la Policía Judicial del Estado.

Mayor Luis León Aponte, director de la Policía Motorizada.

General de Brigada Héctor Paulino Vargas López, secretario de Seguridad Pública de Acapulco.

Teniente Antonio Valenzuela Valdés, director de la Policía Preventiva de Acapulco.

Guanajuato: Capitán Antonio Chagoya Rodríguez, director operativo de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado.

Mayor Juan Francisco Espinoza Leycegui, subcoordinador de la Policía Judicial del Estado.

Coronel Manuel Díaz Huerta, director de la Policía Preventiva de Irapuato.

Hidalgo: Capitán Pedro Sagabón Contreras, director de Seguridad Pública y Tránsito del Estado.

Capitán Roberto Terán Contreras, director de Transporte.

Próximamente se espera el nombramiento del general Vicente Osorio Hernández, como director de Gobernación para la región Tulancingo, y del general Jorge Romero Torres, como subdirector del aeropuerto Guillermo Villasana.

Además, se espera la toma de posesión del mayor Jorge Candelaria Cerón como director de Gobernación para la región Tula, así como del general Juan Manuel Aguilar Ortiz como director de la Academia de Policía.

Jalisco: Teniente Ignacio Rodríguez Grimaldo, supervisor general de la Policía Municipal de Guadalajara.

Coronel Jesús Puentes Mandujano, subdirector de la policía Municipal de Zapopan.

Teniente Coronel Juan Antonio García Corona, director operativo de la policía municipal.

Mayor Oscar Torres, director del Instituto de Capacitación de la misma corporación.

Capitán Miguel Mario Anguiano, director de la policía municipal de Ciudad Guzmán.

Morelos: No hay mandos militares en las corporaciones policiacas.

Nayarit: Mayor Alfonso Montero Monteón, director de Seguridad Pública Municipal.

Nuevo León: No hay mandos militares en ninguna corporación.

Oaxaca: Mayor retirado Daniel Camarena Flores, subdirector operativo de la Policía Preventiva del Estado.

Teniente Manuel García Guzmán, director de la Policía Municipal de Oaxaca.

Puebla: Capitán Raúl Vélez, director de la Policía Municipal de Puebla.

General de la Fuerza Aérea retirado Roberto Blasio Quiroz, director de la Policía Estatal.

Teniente Coronel José Ventura Rodríguez Verdín, director del penal San Miguel, de Cholula.

Teniente Martín Sánchez Armenta, asesor de seguridad Pública del gobierno estatal.

Coronel retirado Felipe Guzmán Hernández, director de la Policía Auxiliar.

Querétaro: No hay mandos militares en las corporaciones policiacas.

Quintana Roo: Capitán retirado Joaquín Hendricks, gobernador del estado.

General retirado Francisco Bravo Torres, coordinador operativo del Sistema Estatal de Seguridad Pública,

Capitán retirado Pablo Lucio Quiroga García, director de Regularización de Empresas de Seguridad.

Teniente Lázaro Gamero Dzul, subdirector de la misma corporación.

Teniente Coronel Eduardo Ortega Martell, director jurídico de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Mayor retirado Francisco Balderas Hernández, director del Sistema Estatal de Protección Civil.

Mayor retirado Narciso Mendoza Castro, director de Servicios Generales.

Capitán Rubí Erosa Navarrete, director de Gobernación.

Capitán con licencia Hipólito Sánchez Quevedo, director del Centro de Readaptación Social de Chetumal.

General retirado Vicente López Icita, subsecretario de gobierno.

San Luis Potosí: Teniente de Fragata Alejandro Flores Balderas director de Seguridad Pública Municipal de la capital.

Sinaloa: Teniente Coronel Edgar Armando Acata Paniagua, secretario de Protección Ciudadana.

Sonora: Teniente Coronel Ernesto García Guerrero, delegado de la PGR, y el 50 % del personal de la corporación en el Estado.

Mayor con licencia Carlos Suárez Martínez, subdelegado de PJF.

Teniente Coronel Gelasio Galloso Cabrera, director de la Policía Judicial del Estado.

Tabasco: Mayor retirado Miguel Angel Medina Rentería, director de Tránsito del Estado.

Tamaulipas: Teniente José Manuel Hilarión. Subdelegado de la Policía Judicial Federal en Nuevo Laredo.

Tlaxcala: Capitán Agustpin Durán Córdova y teniente José Pedro Méndez Herrera, subdirectores de la Policía Judicial del Estado.

Veracruz: Capitán retirado José Alejandro Montano Guzmán, subsecretario de Seguridad Pública.

General Brigadier Valentín Romano López, director de Seguridad Pública del estado.

Teniente Refugio Raymundo Rodríguez Bahena, coordinador general de la Policía Intermunicipal de Jalapa, Banderilla y Tlanehuayolca.

General de Brigada Jorge Justiniano González Betancourt, director de la Academia de Policía del estado.

Yucatán: Coronel retirado Ignacio Rivas Ancona, subsecretario de Protección y Vialidad.

Teniente retirado Enrique Medina Gamboa, director del Departamento de Homicidios de la Policía Judicial del Estado.

Zacatecas: No hay mandos militares en las corporaciones policiacas.