Masiosare, domingo 15 de agosto de 1999

Viernes 13. Los encabezados de los principales diarios pudieron ser una noticia-bomba: ``Cesan al consejero Cantú''. Hubiera sido el principio de la caída libre del Instituto Federal Electoral rumbo al descrédito.

La decisión había sido de alguna forma anticipada por el subsecretario de Gobernación, Jorge Alcocer, quien el 16 de julio fue interrogado sobre la supuesta negativa de los consejeros electorales a que investigaran sus gastos: ``La autonomía del IFE no significa autarquía, no significa estar fuera del régimen de responsabilidades... En las próximas horas, el contralor interno del IFE entregará el informe resultante de la demanda promovida por el PRI y el PT... La estatura moral de la Contraloría no está a discusión... Los abusos que cometa cualquier funcionario debilitan, desacreditan a las instituciones, eso no lo podemos olvidar''.

El funcionario de la ``estatura moral'', Carlos Muñoz Villalobos -contralor del IFE, ex contralor de Patrocinio González en Chiapas- dio el golpe el pasado jueves. Pero la noticia-bomba se desinfló quizá por una mala estrategia del PRI, combinada con una contraofensiva de los consejeros electorales, que encabezó José Woldenberg.

Con el revire, las sanciones ordenadas por el contralor Muñoz Villalobos en contra de los consejeros Jesús Cantú (al que destituyó, en una decisión histórica, por los precedentes legales y los alcances metajurídicos de la medida), Jaime Cárdenas, Alonso Lujambio y Emilio Zebadúa se convirtieron en un petardo.

Así fue el último episodio de la guerra iniciada por el PRI hace un año contra órgano electoral.

Detrás de las acusaciones contra él y sus compañeros, juzga el consejero Emilio Zebadúa, siempre hubo un componente político. ``Más allá de las acciones del contralor, hay muchos responsables políticos que en realidad han atentado contra la autonomía del IFE en un momento muy delicado para la política mexicana, en vísperas del inicio del proceso electoral del 2000''.

Zebadúa tiene una hipótesis clara: ``No es una casualidad que (los sancionados) somos los tres consejeros electorales que votamos en favor de una mayor investigación de los gastos de campaña del PRI en 1994, que hemos tenido un trabajo muy activo en Chiapas, en especial durante el proceso electoral de 1997, y que hemos impulsado acuerdos importantes del consejo en favor de la transparencia y la equidad de los procesos electorales...''.

Es -concluye- un signo ominoso, ``una advertencia a los consejeros: no digan ciertas cosas, no actúen en ciertos campos, no aprueben ciertos acuerdos...''.

Hace cinco meses, el PRI presentó en la Contraloría Interna del IFE una denuncia administrativa en contra los consejeros. Las acusaciones se derivaban de acuerdos tomados en órganos colegiados, por haber efectuado gastos ``irregulares'' y por verter opiniones parciales.

Así, a los cuatro -en bloque- los acusó de haber influido en la designación de José Carlos Germán Silva Suárez como consejero presidente del consejo local en Quintana Roo y de Elena Verdugo Quiñones como directora ejecutiva de Organización Electoral.

En ambos casos, los consejeros replicaron que esas decisiones correspondían a acuerdos del Consejo General, signados entre diciembre de 1996 y marzo de 1997.

La Contraloría consideró que el PRI no sustentó sus imputaciones con elementos probatorios que demuestren que la decisión se haya tomado ``sin mayor reflexión y violando los principios constitucionales rectores de su función''.

Empero, para otros votos de los consejeros -y la decisión de que se integrara una comisión para conocer los actos que generen presión o coacción de los electores; un exhorto a las autoridades federales, estatales y municipales a que suspendieran campañas publicitarias durante los 30 días previos a las elecciones y el día de la jornada electoral, y la destrucción la documentación de las elecciones federales de 1997- el argumento de los consejeros resultó inatendible.

``Aprobaron un acuerdo inconstitucional e ilegal y por ende violentaron el principio de legalidad que debe regir su actuación'', dictaminó la contraloría.

Esa misma interpretación se aplicó en contra de los consejeros Cárdenas y Lujambio, quienes en el seno de la Comisión de Fiscalización exigieron a los partidos políticos que informaran sobre los ingresos provenientes de los organismos electorales de los estados.

Por otra parte, el PRI se quejó de declaraciones públicas de Cantú, Cárdenas y Zebadúa. Ellos adujeron que no podían ser sancionados por la libre manifestación de sus ideas. La Contraloría estimó que sí resultaron responsables por incumplir con su obligación de guardar la objetividad e imparcialidad en el desempeño de su encargo.

Las acciones que provocaron la sanción de Cantú estuvieron relacionadas con ejercicios presupuestales indebidos: el pago de 145 mil pesos en bebidas alcohólicas en la segunda reunión nacional de consejeros electorales, en Jurica, Querétaro, y 40 viajes suyos a Monterrey.

El consejero adujo que -en ambos casos- los recursos fueron solicitados a la Dirección Ejecutiva de Administración y autorizados por el secretario ejecutivo del IFE.

La Contraloría determinó que el gasto en las bebidas no fue de 145 mil pesos, sino de 102 mil, pero que aun así el gasto resultó a todas luces excesivo, con lo que no se cumplió con los criterios de racionalidad y austeridad.

Sobre los vuelos, determinó que Cantú no acreditó que los viajes fueran para trasladarse a su domicilio o que fueran en cumplimiento de una comisión oficial. Y que por eso contravino las disposiciones internas para el pago y comprobación de viáticos, además de que utilizó recursos que tenía asignados para el desempeño de su cargo a fines distintos.

En su denuncia, el PRI involucró a Cantú, junto con Emilio Zebadúa, en la contratación de Nohemí Almada Mireles -hermana de un asesor de Cantú- para la ejecución de un estudio que costó casi un millón de pesos y reclamó la comisión de una irregularidad.

(Finalmente, se determinó que en ese caso no existió interés personal, familiar o de negocios en la contratación).

Y también señaló a Zebadúa por haber rentado una avioneta para realizar un sobrevuelo por la costa de Chiapas en noviembre de 1998.

En ese caso, se estableció que el sobrevuelo se realizó, pero no en las fechas que acreditó el PRI. Al margen de esa imprecisión, no se acreditó que el aparato se haya rentado para uso exclusivo del consejero.

La resolución de Carlos Muñoz Villalobos ``contraviene disposiciones legales y desconoce instrucciones previas''.

La condena es de José Woldenberg, jerárquicamente jefe del contralor.

Incluso, el presidente consejero del IFE públicamente documentó el desacato del funcionario, a quien el miércoles 11 hizo llegar un oficio en el que le ordenaba que le remitiera el original del expediente del caso para estudiarlo y le solicitaba informes sobre el sentido de su resolución.

Muñoz Villalobos le contestó -también por escrito- que no le enteraría del asunto para evitar que Woldenberg cambiara el sentido de la investigación.

En medio de esa polémica, el presidente del IFE le ordenó a su contralor que no emitiera la resolución.

Muñoz Villalobos desobedeció.

(El jueves 12, José Woldenberg, consejero-presidente del IFE, consideró que la resolución ``es violatoria del marco constitucional'' y dejó entrever que la conducta del contralor podrían ser materia de responsabilidades).

``En ese plano, el asunto está muerto de origen y Muñoz Villalobos tendrá que dejar su puesto'', estima Zebadúa, quien no se ve a sí mismo acudiendo a instancias judiciales para quitarse de encima la sanción.

Esta semana, el Consejo General del IFE tendrá una sesión extraordinaria. Se espera que los consejeros y los representantes partidistas se expresen sobre lo ocurrido.

Más que debatir sobre la validez de las sanciones impuestas por Muñoz Villalobos -eventualmente, la destitución de un consejero supone la intervención del Congreso de la Unión a través del juicio político- se espera que los consejeros condenen su actuación.

``La respuesta debe ser política y no sólo de los consejeros electorales supuestamente sancionados; debe venir de pleno del Consejo General, incluyendo a los todos los partidos políticos y también requiriéndose que el propio PRI al más alto nivel y el gobierno federal señalen cuál es su posición en relación con el IFE. Es fundamental que si el IFE organiza la elección del 2000 cuente con la confianza de todos los partidos políticos y el apoyo político del Presidente de la República y de la Secretaría de Gobernación; un apoyo que no se ha hecho patente en todo este año de conflictos con el PRI''.

Los consejeros del IFE se unificaron; los partidos de oposición renovaron su apoyo al órgano electoral y defendieron su autonomía; la opinión pública censuró abiertamente al PRI...

Después de un año de ataques, el IFE no ha perdido la confianza de la sociedad y mantiene su autoridad política y moral.

Nada bueno le ha dejado al PRI esta embestida, juzga Emilio Zebadúa.

Incluso -afirma- se le está revirtiendo.

``Si alguien va a pagar un costo político por esta ofensiva es el propio PRI o quien en el PRI decidió esta estrategia. Tendrán que dar una explicación de por qué ha tratado de someter a la autoridad electoral a pesar de que hoy en día constitucionalmente se le ha otorgado una autonomía al instituto''.

Empero, reconoce que el IFE corre un ``gran riesgo''.

``Nadie -en lo personal o alguna institución- puede resistir un embate permanente, constante, de grandes dimensiones, como las que el PRI puede llegar a movilizar''.

Zebadúa observa que las señales visibles dan cuenta de que el PRI no quiere alejarse de su faceta dura y que eso podría significar ``que están dispuestos a jugar con la estabilidad política y económica del país'', lo cual es muy preocupante ``en un momento tan complejo como este, el proceso electoral del 2000''.

Sostiene que -paradójicamente- el factor que marque la diferencia será ``el propio sentido de responsabilidad del PRI y de sus militantes'', entre los que incluye a sus dirigentes, sus aspirantes a la candidatura a la Presidencia y al presidente Ernesto Zedillo.

¿El futuro del IFE en las manos del PRI?

Sí, sostiene Zebadúa.

Aunque matiza: si el PRI y el gobierno federal no apoyan y sostienen la autoridad moral del IFE y de sus integrantes, será en su propio detrimento.

``A la larga, todas sus acciones pueden repercutir en su contra y en la legitimidad a la que aspiran sus candidatos en unas elecciones federales''.

16 de marzo. PRI, PT y PVEM presentan una denuncia administrativa contra Jesús Cantú, Jaime Cárdenas, Emilio Zebadúa y Alonso Lujambio.

23 de marzo. A petición de la Contraloría Interna (CI), PRI y PT ratifican la denuncia. El PVEM se desiste.

15 de abril. La CI solicita a los consejeros que contesten las imputaciones.

6 de mayo. Los consejeros presentan sus respuestas. En lo particular, establecen la incompetencia de la CI para aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos e imponerles sanciones administrativas.

24 de mayo. La CI declara infundadas e improcedentes esas invocaciones.

7 de junio. Se conoce que hay un quinto consejero indiciado: José Barragán Barragán, a quien la Contraloría notifica la responsabilidad en que podría haber incurrido, ``al utilizar recursos del IFE para fines particulares''.

12 de julio. La instrucción del proceso administrativo contra los cuatro consejeros se declara cerrada. La CI cuenta con un mes para dictar su fallo.

12 de agosto. La CI resuelve: no imponer sanción a Lujambio; sancionar -mediante un apercibimiento público- a Cárdenas y Zebadúa, y destituir de su cargo a Cantú, además de obligarlo a pagar una multa que asciende a 203 mil pesos. Además, inicia procedimientos administrativos en contra de dos funcionarios del IFE.

- La Contraloría Interna no tiene competencia para sancionar. Los consejeros sujetos de responsabilidad administrativa por no estar supeditados a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, toda vez que no ejercen funciones administrativas, sino exclusivamente de dirección. Existe una reserva de la ley que la Constitución establece para salvaguardar la independencia de los actos de los consejeros y la autonomía del IFE,

- El escrito inicial presentado por el PRI y el PT cumple todos los requisitos relativos a los requerimientos que deben satisfacer las quejas o denuncias que se presenten en contra de servidores públicos del IFE.

Los consejeros electorales son susceptibles de la normatividad establecida en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y el Estatuto del Servicio Profesional Electoral.

Hay competencia para conocer y resolver la denuncia administrativa con el amparo del acuerdo del Consejo General, que formalizó la existencia de la Unidad Técnica de Contraloría Interna.

Fuente: Expediente CI/09/15/99 de la Contraloría Interna del IFE