Ť Argumentan pérdida de confianza luego de su resolución contra Cantú

Destituirá el IFE al contralor interno en sesión extraordinaria

Ť Por el momento no tenemos considerada ninguna otra acción legal contra Muñoz: Woldenberg

Alonso Urrutia Ť El presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, José Woldenberg Karakowsky, anunció que este lunes se ha convocado a una sesión extraordinaria de ese organismo para aprobar la destitución de Carlos Muñoz Villalobos de su cargo como contralor interno. Tras insistir en que la resolución en la que éste cesa al consejero Jesús Cantú es ilegal, se argumenta la "pérdida de confianza" como razón para removerlo.

En rueda de prensa, en la que estuvieron ocho de los nueve consejeros del instituto, Woldenberg dijo que por el momento no se tiene considerada ninguna otra acción legal. Sin embargo, algunos consejeros comentaron que la Dirección Jurídica del IFE ya analiza las diversas rutas legales para actuar en contra de Muñoz Villalobos más allá de su destitución.

Al anunciar que este lunes presentará el proyecto de acuerdo por el que se destituye al contralor, Woldenberg dijo que desde el pasado 10 de agosto giró el oficio PCG/100/99 al contralor interno, una vez que conoció algunas de las consideraciones que hacía respecto a la queja CI/09/15/99 que presentaron el PRI y el PT en contra de cuatro consejeros.

"Le solicité ųen apego al acuerdo del Consejo Generalų que antes de emitir su resolución me fuera presentado el proyecto. Al mismo tiempo, pedí a la Dirección Jurídica del IFE una opinión sobre las capacidades y limitaciones del contralor en esta materia".

Dijo que Muñoz Villalobos jamás "entregó dicho proyecto, por lo que me quedé única y exclusivamente con la nota que me dio la Dirección Jurídica. Yo no pretendía razonar el fondo del asunto conjuntamente con el contralor, sino prevenirlo de que había una opinión jurídica sobre cuáles eran los alcances posibles de su actuación".

Comentó que la violación a la legalidad afecta a los consejeros Jesús Cantú, Jaime Cárdenas y Emilio Zebadúa, por lo que el respaldo que les da el consejo es un apoyo a la legalidad, "es un compromiso en favor de la unidad y cohesión institucionales y en defensa del estado democrático de derecho".

Más adelante, al ser cuestionado sobre los razonamientos de la resolución, Woldenberg aclaró que "no somos nosotros quienes queremos entrar al fondo, ni podemos hacerlo, pero lo que sí podemos decir es que ésta se llevó a cabo desacatando una instrucción precisa de la presidencia".

ųLos partidos políticos de oposición señalan que el PRI está detrás de esta resolución y que es un ataque contra el IFE

ųEn relación con los juicios sobre la actuación de los partidos, me van a permitir no emitir ninguna opinión. No creo que sea labor de la autoridad electoral entrar en litigio ni en confrontación con ninguno de los institutos políticos, sino por el contrario, darles a todos y cada uno de ellos garantías de que esta es una organización armada para actuar con legalidad, ofreciendo garantías de apego a la misma y una actuación equilibrada, objetiva y profesional.

Agregó que el IFE no está para debatir ni para entrar en confrontación con ningún partido, sino para crear las condiciones para que sean los partidos los que lleven a cabo una contienda electoral pacífica.

ųƑDónde quedan las presuntas irregularidades cometidas por los consejeros, porque pudiera dar la impresión de que son intocables?

ųLos consejeros electorales ųrespondió Jesús Cantúų estamos plenamente comprometidos con la rendición de cuentas, creo que de eso hemos dado muchas muestras a lo largo de los acuerdos del Consejo General. Lo único que respaldamos y exigimos es que se haga acatando plenamente la ley, y esto es ante los órganos competentes y siguiendo los procedimientos marcados en ésta, pero nuestro compromiso con la rendición de cuentas, con la claridad y con la transparencia es absoluto.

En su oportunidad, Emilio Zebadúa enfatizó en el carácter ilegal de la resolución, en particular el apercibimiento que recibió por sus opiniones respecto al proceso electoral de 1997 en Chiapas.

De acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades, el apercibimiento público será aplicable por un superior jerárquico, por lo que este es un buen ejemplo de la violación legal que el contralor llevó a cabo al tratar de aplicar una sanción administrativa, en primer lugar por una opinión expresada por dos consejeros en el seno del Consejo General.

Se les cuestionó sobre los antecedentes de Muñoz Villalobos y sus posibles vínculos con el PRI y el ex gobernador de Chiapas Patrocinio González Garrido.

Al respecto, el consejero Juan Molinar comentó que "los antecedentes laborales y partidarios del contralor Muñoz son de todos conocidos; él mismo los ha manifestado en sus fichas biográficas; las conclusiones que alguien pudiera sacar de que pertenece al PRI o que haya trabajado al servicio del señor Patrocinio González corresponden a cada quien".