Ť El PRI está detras del ''ataque artero'', señala el representante del PAN

Partidos expresan su descontento con el funcionario

Alonso Urrutia Ť Los representantes de ocho partidos políticos ante el Instituto Federal Electoral (IFE) expresaron su preocupación por ''las implicaciones políticas que pueden derivarse de la actuación irresponsable, sospechosa e ilegal del contralor Carlos Muñoz'', y formalmente exigieron que el Consejo General del organismo inicie el procedimiento para investigar y sancionar la actitud del funcionario.

En conferencia de prensa, los representantes de PAN, PRD, Convergencia por la Democracia, Centro Democrático, Democracia Social, Sociedad Nacionalista, PARM y Acción Social cerraron filas en torno al IFE al rechazar categóricamente ''la actuación ilegal y alevosa'' del contralor.

Algunos partidos anunciaron que sus respectivas áreas jurídicas analizan entablar acciones legales contra Muñoz, si bien todos coincidieron en que su actitud deberá tener sanciones vía administrativa, civil o incluso penal, por violar las disposiciones legales que definen claramente sus atribuciones.

Por otro lado, el diputado del PT, Luis Patiño Pozas, quien es representante del Poder Legislativo, se deslindó de la resolución adoptada por el contralor y respaldó el comunicado conjunto contra la ''arbitraria, ilegal, infundada y exagerada'' resolución.

Patiño Pozas --representante del partido que promovió conjuntamente con el PRI la queja que dio origen a la resolución-- dijo que las diferencias normales y naturales que tenemos respecto a la actitud de algunos consejeros no implica que no se reconozca su imparcialidad. Por ello, expresó su rechazo absoluto ''a esta actitud que pretende volver a los tiempos de dominio absoluto del PRI y del gobierno en los comicios''.

El comunicado conjunto --leído por la perredista Lorena Villavicencio-- hace patente el rechazo a las sanciones para los consejeros por ''considerar que violenta flagrantemente la ley y atenta contra una institución autónoma e independiente que ha contribuido en el proceso de democratización del país''.

Expresaron el absoluto respaldo al Consejo General del IFE al sumarse a la propuesta de los consejeros para citar urgentemente a una sesión extraordinaria ''que ponga fin a la maniobra jurídica en contra de miembros del consejo y restituya las condiciones de estabilidad y certidumbre que den confianza a los mexicanos respecto al desarrollo de los comicios venideros''.

Posteriormente, en rueda de prensa, el panista Germán Martínez acusó directamente al PRI de estar detrás de este ''ataque artero'' en contra de una de las instituciones democráticas del país. ''No queremos impunidad de los consejeros, pero esta resolución viola flagrantemente la ley; queremos que todas las acciones que se tomen en el IFE sean legales, incluidas las del contralor''.

Subrayó que la decisión de Muñoz viola disposiciones constitucionales que determinan que destituir a un consejero sólo puede realizarse por la Cámara de Diputados. Martínez mencionó que en principio Muñoz habría incurrido en abuso de autoridad y ejercicio indebido de la función pública al extralimitarse en sus funciones.

Asimismo, Villavicencio dijo que existen todos los elementos para promover la destitución del funcionario, independientemente de que se le finquen responsabilidades legales. Destacó que no se puede descontextualizar el marco en que se dio la queja del PRI y que fue en momentos en que el PRD exigía la investigación de los recursos de campaña priístas.

Por su parte, José Angel Avila, del Centro Democrático, advirtió que esta maniobra ilegal del contralor ''no puede quedar impune'', independientemente de que existen muchas sospechas sobre su procedimiento, que se enmarca en un ataque al IFE.

En tanto, Adolfo Sánchez Rebolledo, de Democracia Social, afirmó que si se apega a las consecuencias jurídicas del caso, la destitución es inminente porque es el efecto inmediato de una acción ilegal. Sin embargo, mencionó que en el caso de la queja tendría que reponerse el procedimiento bajo nuevos funcionarios en la Contraloría para determinar lo concerniente a las acusaciones del PRI.