Ť El tricolor está detras de la decisión de Muñoz, señalan opositores
Satisfacción en el PRI por las sanciones
Los dirigentes nacionales de PRD, PAN y Partido del Centro Democrático, Amalia García, Luis Felipe Bravo Mena y Manuel Camacho Solís, respectivamente, reponsabilizaron al PRI de tratar de desestabilizar los comicios del 2000 al intentar lastimar la credibilidad y honorabilidad de los integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE).
Por separado, los tres expresaron su total rechazo a la pretensión de destituir al consejero Jesús Cantú y de amonestar a Emilio Zebadúa y Jaime Cárdenas. El líder nacional panista convocó a todos los partidos de oposición a organizarse en defensa del IFE, mientras que Camacho Solís estimó que el hecho evidencia cuál va a ser el comportamiento del Presidente, del gobierno y del proceso electoral que se avecina. ''Van a defender las ventajas indebidas que tienen, con todos los recursos, trampas y artificios a su alcance'', enfatizó.
En tanto, el PRI apoyó las sanciones a los consejeros, y sus representantes ante el IFE, Eduardo Andrade y Eduardo Ibarra, rechazaron las acusaciones de la oposición y se lanzaron contra el presidente de ese instituto, José Woldenberg, quien ''está cometiendo un grave error''.
En entrevista en el Senado, Andrade, quien representa al Poder Legislativo en el IFE, sostuvo que Woldenberg está asumiendo facultades que no tiene, toda vez que en lugar de ''guardar respeto absoluto a las decisiones del contralor, Carlos Muñoz Villalobos, se está entrometiendo en un área expresamente vedada, ya que la Contraloría es autónoma y en ella no tiene injerencia ninguno de los órganos ejecutivos del IFE''.
Con el cierre de filas en el IFE a favor de los tres consejeros ciudadanos sancionados, el Consejo General y su presidente pretenden ''ganar impunidad'', aseguró por su parte el coordinador de los diputados del PRI, Arturo Núñez, quien ratificó el gusto que le dio a su partido la destitución de Cantú.
Quien se extralimitó en sus facultades es el contralor del IFE --ratificado en ese cargo por el propio Núñez--, ya que los consejeros sólo pueden ser removidos de su cargo por juicio político, remarcó a su vez Rosa Albina Garavito, consejera del Poder Legislativo por el PRD, partido que va a exigir la destitución de Muñoz por haber violado la Constitución.
Se trata, agregó, ''de un acto de revanchismo del PRI, de un aberrante intento de pasar por encima de la Constitución tan sólo para amedrentar a los consejeros y crear un clima de desestabilización e incertidumbre en torno al organismo que tiene a su cargo el proceso electoral del 2000''.
Igualmente, la fracción panista en la Cámara de Diputados calificó esa situación como un ''cobarde y artero ataque del PRI a las posiciones democráticas que ha ganado la ciudadanía''. Su dirigente nacional, Bravo Mena, expresó su confianza en que las fuerzas opositoras del país harán eco a su convocatoria de hacer frente a esta ''andanada caprichosa y sin fundamento jurídico'' que provocó el priísmo contra los consejeros del IFE.
Reiteró que Muñoz no cuenta con facultad alguna para decidir la expulsión o destitución de alguno de los consejeros; ''apoyado por el PRI, este funcionario se abroga facultades que superan a la propia ley; pero se equivocan los priístas, desde la oposición estaremos a la defensa del IFE y sus consejeros y trabajando por la consolidación de una autoridad electoral independiente''.
Son peteneras las críticas al contralor: Núñez
Por su parte, Amalia García formuló un llamado a las más altas autoridades del país para que eviten tensar más el ambiente político. ''Estimo que aún es tiempo de que el presidente Ernesto Zedillo tome decisiones prudentes y razonables'', agregó.
En contraparte, entrevistado en sus oficinas, del PRI, el coordinador de la bancada tricolor en la Cámara de Diputados, Arturo Núñez, ratificó el gusto que le dio a su partido la destitución de Cantú y las amonestaciones contra Zebadúa y Cárdenas y la emprendió luego contra Woldenberg. Dijo que con el cierre de filas en el IFE el Consejo General y su presidente pretenden ganar impunidad. Sostuvo incluso que Woldenberg sufre ''una confusión'' porque la ley señala que la autoridad facultada para sancionar a los consejeros es la Contraloría Interna, a cargo de Muñoz, quien ''hizo bien en penalizarlos, de lo contrario se habría hecho cómplice por encubrimiento e incumplimiento''.
Si bien aceptó que él ratificó a Muñoz --contralor con Patrocinio González Garrido en Chiapas, y después en el IFE--, acotó que las autoridades que le siguieron en el instituto también determinaron mantenerlo en el cargo e incluso le otorgaron ''plena interlocución. Ahora pretenden desconocerlo sólo porque aplicó la ley. Lo demás --subrayó sobre la información publicada por La Jornada en cuanto a los antecedentes oscuros de Muñoz y la advertencia de Woldenberg de que asumió una decisión ilegal-- son peteneras y cortinas de humo''.
Nos da gusto, insistió, que funcione el estado de derecho y que el contralor Muñoz Villalobos haya promovido una sanción en la que se confirma que ''nadie está fuera del imperio de la ley'' ni puede quedar impune al cometer ilícitos, ''como pretendieron algunos consejeros electorales''. Sin ningún rubor, estableció que la sanción ''pone las cosas en su lugar y corrige los ilícitos que cometieron tres consejeros'' del IFE. También consideró lamentable que los consejeros electorales ''que debieran honrar la encomienda de conducir con objetividad e imparcialidad los procesos electorales, no la cumplan''.
En Monterrey, el representante del PT ante el IFE, Pedro Vázquez González, aseguró que no le harán el ''caldo gordo'' al PRI en sus pretensiones de desacreditar al instituto, pero defendió la queja administrativa que presentaron conjuntamente con el PRI y que culminó con la destitución de Cantú. (Georgina Saldierna, Juan Manuel Venegas, Andrea Becerril, Enrique Méndez, Juan Antonio Zúñiga y David Carrizales, corresponsal)