En México, Oaxaca es signo de una rica y compleja diversidad étnica, cultural y geográfica. Paradójicamente es la entidad más pobre, y hoy día es cuna de los más complejos y agudos problemas agrarios en el contexto nacional. La disputa por el territorio zoque de los Chimalapas, entre las comunidades originarias y los colonos procedentes de diversos puntos del país y del extranjero, no es nueva para los comuneros y comuneras indígenas, quienes ven cada vez más alejada la posibilidad de una tierra segura y pacífica. Nada nos hace pensar que la solución anunciada esté cerca, en virtud de los intereses de los hombres del poder y el dinero en turno, tal como en días pasados nos lo ha escenificado El Croquetas Albores.

Lo grave es que la situación de los Chimalapas es tan sólo un espejo de lo que sucede en amplias regiones indígenas de Oaxaca. En la Sierra Sur los conflictos por límites territoriales se agravan. Un ejemplo, es la destrucción de aproximadamente 60 hectáreas de maíz que en días pasados perpetraron los habitantes de San Mateo Yucutindoo contra la comunidad de Santiago Amoltepec dejando sin sustento a más de 100 comuneros y sus respectivas familias. El signo de preocupación es grande, dado que están en disputa 8 mil 103 hectáreas de tierras comunales, cuestión hasta hoy sin solución.

En la Sierra Norte, los conflictos adquieren magnitudes muy diversas; mientras Calpulalpan de Méndez se disputa contra San Miguel Yotao y San Juan Tepanzacoalcos un total aproximado de mil 776 hectáreas, las comunidades mixes de Estancia de Morelos y Chuxnabán pugnan por 25 hectáreas de tierras fundamentalmente rocosas. Otros problemas por la tierra adquieren dimensiones alarmantes, como en Jaltepec de Candayoc Mixe, que durante años ha peleado la restitución de 80 hectáreas de tierras bajas, actualmente en posesión de un pequeño propietario procedente de Michoacan, o en el caso de los comuneros de El Triunfo, que han tenido que verse obligados a ocupar pacíficamente 400 hectáreas que durante 32 años han venido demandando, luego que durante todo ese tiempo las han usurpado ganaderos y terratenientes amparados en una supuesta ``legalidad''.

Aunque muchos de los problemas antes descritos se procesan en las instancias estatales competentes, lo cierto es que al tratar de resolverse con la emisión de sentencias, éstas resultan ineficaces en la realidad concreta. Por ejemplo, en el conflicto entre Amoltepec y Yucutindoo, aunque el Tribunal Agrario de Oaxaca resolvió favoreciendo a Yucutindoo con 7 mil 977 hectáreas, la sentencia hasta hoy no ha sido eficaz, en virtud de que no tomó en cuenta la posesión material detentada por Amoltepec. En cambio, la sentencia sí ha logrado agravar el problema ocasionando más muertes, lesionados y perjuicios materiales en ambas comunidades.

Frente a estas situaciones conflictivas y ante la falta de mecanismos jurídicos que ofrezcan una solución integral, se hace necesario reivindicar una vez más el mecanismo de la conciliación agraria. En este orden de ideas, toca a las comunidades revalorar la importancia de la palabra y de los acuerdos para solucionar las diferencias. Tal como ha afirmado el representante comunal de Amoltepec, las comunidades tienen que evidenciar que a nadie beneficia el enfrentamiento y el encono en la solución de los conflictos agrarios. Por el contrario, de estas situaciones conflictivas se aprovechan los verdaderos enemigos de los pueblos, explotando el sudor y mercantilizando la sangre de los comuneros y comuneras. De tal modo que es responsabilidad común crear las condiciones para encaminarnos a una verdadera reconciliación.

Y en este marco la voz de las comunidades es decisiva. Por eso no podemos confiar tampoco en que la solución vendrá exclusivamente de los gobernantes, tal como parece enfilarse el conflicto de los Chimalapas. En este caso concreto, la voz de nuestros hermanos zoques es esencial en virtud de que ellos son los dueños originarios de dichas tierras. Y por eso tienen razón cuando afirman que ``no basta la voz y decisión de dos gobernadores, pues es necesaria la participación directa de la comunidad, en este caso la de Santa María Chimalapa''. Y nosotros, como miembros de esta sociedad, no podemos ser ajenos e indiferentes a estos conflictos, sino que también necesitamos ser garantes de su eficaz y justa solución.