n Es una alerta ante el 2000, advierte Olamendi

PRD y PAN apoyan a consejeros; la sanción satisface al PRI

Juan Manuel Venegas, Georgina Saldierna y Enrique Méndez n Al tiempo que los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) manifestaron su total respaldo a los nueve integrantes del Consejo General del IFE y rechazaron, por ''improcedente'', la sanción contra tres consejeros electorales, el Revolucionario Institucional (PRI) se acreditó como un ''triunfo legal'' la resolución del contralor interno del instituto, Carlos Muñoz Villalobos, que ''destituye'' a Jesús Cantú y ''apercibe'' a Emilio Zebadúa y Jaime Cárdenas.

Es ''una lección para ellos'', afirmó el representante priísta ante el IFE, Enrique Ibarra Pedroza, y, satisfecho, anunció que su partido desistió del juicio político contra los consejeros, pues ''con esta resolución es suficiente''.

Para su homólogo del PAN, Germán Martínez Cázares, la decisión de Muñoz ''evidentemente, responde a los intereses del PRI que con sus ataques a una autoridad electoral que se ha caracterizado por su imparcialidad, busca regresar a la época de las ventajas indebidas, jueces parciales y el control absoluto del órgano electoral''.

La perredista Patricia Olamendi, representante de su partido en la Comisión Negociadora de la Alianza por México, calificó de ''gravísimo'' el embate político del priísmo. La acción merece una ''fuerte respuesta del resto de los partidos'', dijo, pues se trata de una señal de alerta, de un aviso de lo que puede ocurrir en el 2000.

Para Martínez Cázares, la ''destitución'' que resolvió el contralor ''carece de fundamentos jurídicos; es una pifia legal de Muñoz Villalobos, pero un ataque político del oficialismo contra una institución que garantiza elecciones transparentes y certeza en el proceso electoral del 2000''.

Significa la ''burda respuesta'' del priísmo ante el avance real de los partidos de oposición en México, dijo el diputado federal panista, quien como muestra de que el PRI está detrás de la sanción a los consejeros, mencionó que el contralor ''es de extracción priísta; viene desde los tiempos de Patrocinio González y a lo largo de su trayectoria siempre se ha manifestado defendiendo los intereses'' del tricolor.

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN emitió un comunicado en el que subraya que la resolución es inaceptable, pues ''no existen ordenamientos jurídicos que la soporten y la hagan válida''.

, toda vez que, de principio, ese funcionario ''no tiene facultades para destituir a consejero electoral alguno''.

La dirigencia blanquiazul advierte que el ataque al IFE deja ver que ''intereses ajenos al desarrollo de la democracia en México siguen presentes en el escenario político nacional'' y hace responsable al PRI de la maniobra con la que pretende regresar a los tiempos de autoridades electorales parciales y bajo el control del sistema priísta. Asimismo, convoca a todos los partidos de oposición a la defensa de los consejeros electorales.

Se desiste el PRI del juicio político

Satisfecho por la sanción a los tres consejeros, Ibarra Pedroza advirtió que si bien el hecho no se puede considerar como un triunfo político, sí ''restituye el principio de legalidad, del que se habían apartado estos servidores públicos''.

En entrevista vía telefónica desde Guadalajara, Ibarra Pedroza informó que la dirigencia nacional de su partido decidió ya no presentar ante la Cámara de Diputados la solicitud de juicio político contra los consejeros Jesús Cantú, Emilio Zebadúa, Jaime Cárdenas y Alonso Lujambio, porque con esta resolución es suficiente; fue una ''buena lección para ellos'', dijo.

Sin embargo, el diputado Carlos Jiménez Macías, vocero de la bancada tricolor en San Lázaro, precisó que se analizará a profundidad el documento de sanción y que, dependiendo de los alcances e implicaciones, decidirán si se inician juicio de procedencia a los tres consejeros.

Ibarra comentó que si bien la destitución de Cantú es ''automática'' y que Zebadúa y Cárdenas ya debieron haber recibido la notificación de su apercibimiento, tienen derecho a impugnar ante las instancias que ellos consideren prudentes. Explicó que en el caso de Cantú, su lugar sería ocupado por cualquiera de los consejeros suplentes que cumpla con los requisitos establecidos en la legislación electoral para este tipo de cargos.

Respecto a la exoneración de Lujambio, Ibarra planteó que acata esa decisión. ''El diferendo que presentó mi partido fue contra los excesos en la actuación, exclusivamente, de cuatro consejeros y no contra todo el IFE y los millares de funcionarios que laboran en el órgano electoral'', explicó.

Pidió que no se dé a este asunto una lectura con implicaciones políticas, pues sólo se aplicó la ley ''para hacer que prevalezca el estado de derecho. Todos los servidores públicos están sujetos a procedimientos administrativos y los consejeros electorales no son la excepción. Simplemente se aplicó la ley''.

n Cumple con su trabajo

Emilio Zebadúa: me amenazan para evitar que viaje a Chiapas

Juan Balboa, corresponsal, San Cristóbal de las Casas, Chis., 12 de agosto n El consejero electoral Emilio Zebadúa afirmó que las amenazas de juicio político y quejas administrativas en su contra tienen como objetivo evitar que continúe sus viajes a Chiapas y elabore los diagnóstico sobre la situación político-electoral de la entidad, antes de la elección nacional del año 2000.

"Mi presencia en Chiapas, en cumplimiento de mi responsabilidad como consejero electoral, no ha sido del agrado de algunos del Revolucionario Institucional (PRI) y la Secretaría de Gobernación, pero las circunstancias políticas particulares del estado requieren, como quedó confirmado el 6 de julio de 1997, una atención especial del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE)", aseguró, al concluir una visita de dos días por el estado.

Anunció que volverá a realizar un diagnóstico sobre las condiciones de organización electoral y capacitación para la integración de las mesas de casillas a través de las áreas ejecutivas centrales y en el estado. "Chiapas es una parte integral del éxito futuro de las elecciones en el 2000".

En una visita de dos días por municipios de Chiapas, Zebadúa retomó los trabajos que ha venido realizando en los últimos años a través de sus comisiones en el seguimiento de las actividades preparatorias del proceso electoral federal del 2000.

"La existencia de elecciones paralelas representa un reto especial para el IFE, en la movilización de sus recursos materiales y en su capacidad de convocatoria a los ciudadanos en el estado de Chiapas", dijo, y destacó la importancia que tiene la colaboración del IFE, "en pleno respeto del ámbito distinto de competencia de ambas autoridades", con el Consejo Estatal Electoral (CEE).

Emilio Zebadúa ha sido cuestionado en particular por el papel que ha desempeñado en el estado de Chiapas. En 1997 participó en la elaboración de un informe especial sobre la situación política que prevalecía en varios distritos del estado, incluyendo las zonas Selva, Altos y Norte.

Su opinión sobre hechos violentos en Ocosingo y la validez jurídica del resultado de dicha elección le valieron una amenaza de juicio político y, posteriormente, una queja administrativa presentada por el PRI ante el IFE, y que hoy está a cargo del chiapaneco Carlos Muñoz Villalobos.