NUEVA AGRESION CONTRA EL IFE

En lo que constituye una acción ilegal e improcedente, el contralor interno del Instituto Federal Electoral (IFE), Carlos Muñoz Villalobos, ''destituyó'' al consejero electoral Jesús Cantú y ''apercibió'' a Emilio Zebadúa y Jaime Cárdenas, también integrantes del Consejo General del organismo. La maniobra se basa en una queja administrativa presentada en meses pasados por el PRI contra los consejeros mencionados.

La resolución del contralor del IFE es nula de pleno derecho y violatoria de las disposiciones constitucionales, además de disparatada, toda vez que un funcionario administrativo de importancia menor carece de facultades para revocar el mandato de los consejeros electorales, el cual se origina en el Poder Legislativo. Sin embargo, el hecho adquiere una significación política preocupante si se analiza la saga de ataques priístas contra esos y otros consejeros electorales, si se le contrasta con las reacciones expresadas por las tres principales fuerzas políticas y si se toma en cuenta la trayectoria del propio Muñoz Villalobos.

Con respecto a lo primero, cabe recordar que el partido en el gobierno está enfrascado, desde hace nueve meses, en una campaña orientada a socavar la legitimidad del Consejo General del IFE, el cual se ha desempeñado como una autoridad electoral independiente, ajena a los intereses partidarios y, sobre todo, como un factor de primera importancia para el tránsito del país hacia la plena democratización.

Por otra parte, es revelador que la directiva priísta -por boca del representante tricolor ante el IFE, Enrique Ibarra Pedroza- haya saludado el desatino del contralor como una "restitución del principio de legalidad", en tanto que el Partido de la Revolución Democrática y Acción Nacional rechazaron tajantemente la extralimitación referida. Ello habla por sí mismo de la parcialidad con la que actuó el funcionario.

Adicionalmente, ha de considerarse que Muñoz Villalobos se desempeñó, sin pena ni gloria, como contralor en una de las administraciones estatales más corruptas y represivas de las muchas que ha padecido Chiapas: la de Patrocinio González Garrido, quien lo trajo consigo cuando fue designado secretario de Gobernación por Carlos Salinas de Gortari. González Garrido -exponente de los sectores más retardatarios del partido oficial- lo colocó en su puesto actual, en el que fue ratificado por Arturo Núñez, actual coordinador de la bancada priísta en la Cámara de Diputados.

Con base en los elementos de juicio referidos, cabe dudar que Muñoz Villalobos actúe por iniciativa propia en sus absurdas pretensiones de colocarse por encima de la máxima instancia del organismo electoral nacional y de imponer sanciones a tres consejeros prestigiados, dotados de gran autoridad moral y depositarios de un mandato legislativo que sólo el propio Congreso de la Unión podría revocar.

Ante la manifiesta improcedencia legal y administrativa de las "sanciones" comentadas, resulta inevitable suponer que constituyen un movimiento más para desacreditar al Consejo General del IFE, el cual ha reaccionado con un firme y unánime rechazo a la maniobra del contralor. En esta circunstancia, la sociedad debe otorgar su pleno respaldo a los consejeros electorales, los cuales han sabido actuar en correspondencia con las exigencias de democratización que recorren el país y que constituyen un consenso social evidente para casi todos, excepto para quienes se empeñan en defender los intereses inconfesables de la perpetuación en el poder y la permanencia de un régimen político en abierta descomposición.