Como parte de un proceso electoral adelantado, el desempeño económico esta siendo examinado por los diferentes actores políticos y por observadores internacionales interesados. Los enjuiciamientos desde las precampañas, provienen de algunos precandidatos priístas, así como de las oposiciones; entre las opiniones externas destacan las de la OCDE, sobre aspectos tanto regulatorios como sectoriales y la reciente opinión de la empresa calificadora Moody's sobre el riesgo de inversión en nuestro país.

La evaluación del desempeño económico tiene que combinar necesariamente aspectos macro y microeconómicos, junto con la capacidad de las instituciones políticas para conducir al país y que los procesos electorales ocurran con normalidad. Este gobierno ha privilegiado, desde su inicio, los resultados macroeconómicos, aunque propuso como lema de su campaña política el bienestar de la familia, un concepto absolutamente micro; el fracaso de su proyecto económico, incapaz de mejorar la situación familiar, los ha llevado a diseñar un mecanismo para evitar que en el 2000, los requerimientos de divisas estrangulen a la economía.

Por supuesto, para el grueso de los mexicanos el ``blindaje económico'' no quiere decir mucho, ya que lo realmente importante es la capacidad de compra de las remuneraciones de los trabajadores de todo tipo; la información sobre salarios mínimos reales y salarios promedio reales en la manufactura, señala que se está por debajo de los niveles de 1994 que, a su vez, eran inferiores a los de 1991. Por otra parte, las ventas de las tiendas de autoservicio y departamentales están estancadas, las de autos al menudeo cayeron 4.5 por ciento a julio; el empleo, medido por el número de trabajadores asegurados permanentes al IMSS a mayo, fue de 10 millones 281 mil 780, lo que indica que solamente se crearon 74 mil 156 nuevos puestos de trabajo en cinco meses, muy alejado del millón cien mil empleos que se requiere para incorporar a los jóvenes que ingresan anualmente al mercado de trabajo.

Mientras tanto, Moody's elevó la calificación de la deuda mexicana a largo plazo de Ba2 a Ba1, con base en cuatro razones: una posición externa más fuerte, la profundidad de los cambios derivados del TLC, la instrumentación de políticas monetarias y fiscales prudentes y la madurez del proceso político-electoral. Rápidamente, Ortiz declaró que ``el país está a un solo grado de lograr el famoso grado de inversión'', lo que mejoraría el acceso al capital en el exterior, a la generación de empleos y crecimiento y a ``una estructura de deuda con trato más bondadoso''.

Sorprende la opinión de Moody's dada su poca objetividad. Como señala J. Heath (Reforma, 6A Negocios, 12/VIII/99), el juicio sobre la madurez política carece de fundamento: equivale a aquella declaración de 1994 de Roberto Hernández, en ese momento presidente de la Asociación de Banqueros, sobre el desastre que resultaría si Cuauhtémoc Cárdenas venciera en las elecciones; ganó Zedillo, el desastre ocurrió y le afectó dramáticamente a todos los electores, incluyendo a los banqueros.

El horizonte económico y político es incierto: si la coalición se consolida, su proyecto económico sería diferente al oficial, pero también distinto a de un gobierno del PRD o del PAN; si la oposición lucha separada, el proyecto económico del PRD es radicalmente distinto al actual, lo que no ocurre en el caso de Acción Nacional; sin embargo, este partido tendrá que introducir matices importantes al planteo neoliberal.

En el partido oficial, si gana Madrazo o Labastida, las cosas pueden variar sensiblemente; el proyecto económico es impreciso con el primero, ¿quién garantiza que será prudente en materia fiscal y monetaria?, y preciso con el segundo, continuidad irrestricta del programa neoliberal. En cualquier caso, serán los electores los que calificarán a los candidatos y sus propuestas económicas; para ello, deberán tener en mente la calificación que merece nuestra economía y los economistas oficiales: reprobados.