n Denuncia Hugo Chávez "intentos de desfiguración" contra su gobierno
Decretan una emergencia institucional en Venezuela
Afp, Ap y Reuters, Caracas, 12 de agosto n La Asamblea Nacional Constituyente decretó esta noche una emergencia institucional en Venezuela reservándose la facultad de intervenir, modificar e incluso "suspender" los poderes constituidos, desde el Congreso hasta los tribunales de justicia.
Por su parte, en un mensaje a la nación el presidente Hugo Chávez denunció los "intentos de desfiguración" y las "críticas horrorosas" en algunas partes del mundo a sus 200 primeros días en el poder, al tiempo que defendió su revolución "pacífica y democrática", en la que la Asamblea Constituyente deberá reconstruir el Estado, los derechos humanos y echar las bases de la Venezuela del próximo siglo con una nueva Constitución.
El ex militar prometió además saldar la "deuda social" acumulada por gobiernos anteriores con los venezolanos, 80 por ciento de los cuales viven en la pobreza, y alcanzar el equilibrio "con una economía al servicio de los seres humanos, con un modelo diversificado que no siga los patrones del neoliberalismo salvaje pero sin los extremos del estatismo".
Mientras, la esperada decisión de la Asamblea se produjo luego de un acalorado debate, con varias votaciones y reformas al texto de la emergencia destinada a reformar las instituciones del Estado, como solicitó Chávez, quien considera que los poderes públicos están aquejados del "cáncer" de la ineficiencia y la corrupción.
El decreto declara "la reorganización de todos los órganos del poder público", entre ellos el Poder Judicial, el Congreso, las gobernaciones, los organismos públicos y el gobierno, al cual responde más de 90 por ciento de los 131 constituyentes.
La Constituyente se reservó también la potestad de decretar otras medidas complementarias para enfrentar "situaciones específicas de la reorganización", así como la facultad de intervenir, modificar o suspender "los órganos del poder público que así considere con el fin de recuperar el estado de derecho, la estabilidad y el orden necesario para reconstruir la república en el marco de los valores democráticos".
La declaratoria de emergencia se basa en que "la república vive una grave crisis política, económica, social moral e institucional que ha llevado al colapso a los órganos del poder público y mantiene a la mayoría de la población en inaceptable estado de empobrecimiento".
Entre las prioridades de la Asamblea estará la declaración de la emergencia del Poder Judicial, que sería manejado por una alta comisión integrada por los miembros de la Corte Suprema y juristas independientes, para agilizar los procesos administrativos que existen contra algunos jueces acusados de corrupción.
De igual forma, los asambleístas tienen planteado declarar la emergencia para limitar sólo al área administrativa las funciones del Congreso, dominado por la oposición y en receso voluntario hasta octubre.
Los constituyentes de la coalición de gobierno Polo Patriótico defienden la tesis de que la Asamblea es soberana y tiene plenos poderes para actuar sobre los poderes públicos, pese a que en abril la Corte Suprema dictaminó que el nuevo cuerpo sólo tiene facultad para redactar una nueva Constitución en un plazo de seis meses.
"Mi voto es negativo, porque pienso que no es competencia de la Asamblea" declarar la emergencia, había sostenido durante el debate el opositor socialdemócrata Virgilio Avila Vivas, de Acción de Democrática, mientras Allan Brewer, otro de los cuatro opositores elegidos a la Asamblea en los comicios de julio, había pedido no declarar una emergencia de las instituciones, ya que "en el estado internacional la emergencia se interpreta como que existe la posibilidad de suspensión de garantías".
La propia esposa del presidente, Marisabel de Chávez, propuso durante el debate que, para evitar dar argumentos a quienes "nos enfocan con una visión caótica, no declarar una emergencia, sino reconocer esta emergencia".
Antes de que terminara el largo pero no sorpresivo debate de la Asamblea, la mayoritaria Central de Trabajadores de Venezuela alertó a la Organización Internacional del Trabajo del peligro de que la Cons- tituyente incluyera en la emergencia nacional una suspensión de las actividades sindicales, lo que finalmente no sucedió.