Indígenas de Chiapas y Oaxaca disputan 160 mil hectáreas


Chimalapas, 3 décadas de pugnas

Matilde Pérez U., enviada; Víctor Ruiz Arrazola y Guadalupe Ríos, corresponsales /I, frontera de Oaxaca y Chiapas n Rencor y odio se ensanchan entre indígenas chiapanecos y oaxaqueños por la disputa de 160 mil hectáreas de la selva tropical húmeda zoque, enclavadas en terrenos comunales de Santa María y San Miguel Chimalapas, en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. La tensión aumenta como los torrentes de los ríos de la zona y para presuntamente aminorarla, integrantes del Ejército empezaron a colocar ''retenes de revisión'' en el camino que conduce al ejido de Cal y Mayor, uno de los dos accesos rurales que llevan a los 28 poblados en conflicto.

Pero ejidatarios y comuneros dejan ''la última palabra'' --más de tres décadas lleva el conflicto-- a los gobiernos de Oaxaca y Chiapas, y cada una de las partes confía en que ninguno de sus respectivos mandatarios cederá ''un milímetro de territorio''.

El 2 de agosto los gobernadores de Chiapas, Roberto Albores Guillén, y de Oaxaca, José Murat, a propuesta de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), anunciaron que la solución al diferendo agrario será por la vía de la conciliación de ''pueblo a pueblo''. Con ello, retomaron la iniciativa de la conciliación de comunero a ejidatario que entre 1991 y 1992 llevaron a cabo las autoridades comunales de San Miguel y Santa María Chimalapas, y que fue desconocida por el gobierno de Chiapas.

El secretario de la Reforma Agraria, Eduardo Robledo Rincón, asegura que actuará con imparcialidad y apegado estrictamente a la búsqueda de una solución definitiva e integral al conflicto agrario. ''Mi origen chiapaneco y actuación como ex gobernador de Chiapas no pesará en la toma de decisiones. No alentaré regionalismos ni me involucraré en la disputa de los límites estatales entre Chiapas y Oaxaca'', acota.

Y a la discrepancia agraria entre indígenas zoques (Oaxaca) y chiapanecos -tzeltales, tzotziles y mestizos- se suma la exacerbación de los sentimientos regionalistas incitados por algunos diputados priístas del Congreso de Chiapas, para mezclarlo con el conflicto de límites con Oaxaca, provocado desde 1950 por grandes compañías madereras para apropiarse del bosque de los zoques.

Las frases ''ustedes no están solos... La soberanía la vamos a defender nosotros'', que en su visita del 10 de julio al ejido Rafael Cal y Mayor --uno de los poblados en pugna-- dijo el gobernador interino de Chiapas, Roberto Albores, y la posterior instalación de la Unidad Administrativa de la Coordinación General de Gobierno y despliegue de poli-cías chiapanecos en ese lugar, detonó los ánimos.

Para llegar al ejido Rafael Cal y Mayor, ubicado a 63 kilómetros al noroeste de Cintalapa, Chiapas, hay que viajar de cuatro a cinco horas en una camioneta del servicio mixto de pasajeros y carga por una brecha en mal estado, construida hace 15 años por las compañías madereras y los ganaderos que operan en la zona. Para abordar el primer vehículo --5 de la mañana-- hay que esperar desde la noche anterior, después viajar entre bultos con víveres, gallinas y pollos.

Allí, en esa localidad de 915 pobladores, se respira un ambiente de rechazo a los indígenas zoques de los Chimalapas y a todos los oaxaqueños, incluyendo al gobierno de ese estado. ''Si fueran de Oaxaca ni siquiera les dirigiríamos la palabra'', dicen los 220 ejidatarios, la mayoría originarios de Jitotol, San Cristóbal de las Casas, San Sebastián y Cintalapa, a través del suplente del comisariado ejidal, Heriberto Cruz Aguilar, a los enviados de La Jornada.

mas representantes del milagro mexicano

''Los gobernadores de Chiapas, incluso Albores Guillén antes de julio de este año, nunca nos apoyaron en la defensa de nuestros derechos como ejidatarios'', asienta Cruz Aguilar. Pero, agrega, este último cambió de actitud a principios de julio, cuando los comuneros de San Miguel Chimalapas que viven en la congregación San Antonio --a unos kilómetros del ejido-- retuvieron una camioneta cargada de palma camedor --de la que se obtiene la tinta para los dólares estadunidenses-- propiedad de los ejidatarios de Díaz Ordaz y quienes entonces tenían permiso de explotación expedido por la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap) en Chiapas.

Convencidos de que las 7 mil 400 hectáreas que les fueron otorgadas por resolución presidencial el 26 de abril 1971 son territorio de Chiapas, los ejidatarios se niegan a formar parte de la comunidad de Santa María Chimalapa, como se los propusieron entre 1991 y 1992 los indígenas zoques. Por eso, el 5 de junio de este año, cuando regresó Carmelo López López --simpatizante de la conciliación con los comuneros oaxaqueños para seguir trabajando la tierra-- se reavivó el rechazo a los zoques.

A mediados de 1998, López López fue expulsado por la asamblea de ejidatarios de Cal y Mayor por aceptar la conciliación con los comuneros. Decidió refugiarse en el ejido más cercano: Monte Sinaí Los Horcones. Los ejidatarios le dieron 30 días a su familia para que se fuera de la localidad. La misma suerte corrió su cuñado Víctor Carpio Mezares, quien abandonó su casa y su parcela y decidió no volver.

La plática con Ignacio Francisco López López, uno de los afectados, se interrumpe al acercarse uno de los ejidatarios, quien pregunta en forma despectiva: ''ƑQué les está informando ese chamaco? Ellos (los López) no tienen autoridad para hablar. Son de los volteados. Quieren que nos volvamos oaxaqueños y eso nunca lo vamos a permitir''.

Y como si fuera una consigna, en el ejido Gustavo Díaz Ordaz --localizado en San Miguel Chimalapa-- la afirmación también es rotunda: ''Este es territorio chiapaneco. Lo creemos y así lo es'', dice un grupo de campesinos encabezados por el comisariado ejidal, Rodolfo Delfino Velázquez. Aseguran que las congregaciones de San Antonio y Benito Juárez, de los Chimalapas, llegaron después y por eso en esta batalla por la definición de ''soberanía estatal'' son ellos quienes deben abandonar la zona.

Los comuneros de San Miguel Chimalapa reclaman los terrenos en que están asentados los ejidos Gustavo Díaz Ordaz, Rodulfo Figueroa, Ramón E. Balboa y Flor de Chiapas, habitados por chiapanecos. A esos poblados se accede por Rizo de Oro, Chiapas, pueblo ubicado a un lado de la carretera Oaxaca-Tuxtla Gutiérrez. Desde hace una semana, personal de obras públicas del municipio de Cintalapa empezó a realizar trabajos de desmonte y poda de árboles a lo largo del camino rural que va de Rizo de Oro a Díaz Ordaz porque, de acuerdo con los pobladores de éste, en breve llegará una constructora de Chiapas para reparar esa vía de acceso.

La agresividad antioaxaqueña es evidente en el ejido Rodulfo Figueroa. Los hombres, reunidos en la escuela de la localidad, exigen identificaciones, desconfían de quienes llegan a bordo de vehículos con placas del estado de Oaxaca y reclaman porque los reporteros ''siempre inventan las cosas, nos acusan de ser narcotraficantes e invasores''; deciden ''guardar silencio'' porque ya todo está dicho: ''šEsta es zona chiapaneca!''

Frente al parque ecológico del ejido Díaz Ordaz ''MVZ (médico veterinario zootecnista) Benigno Hernández Hidalgo'', Pascual Hernández Velázquez es uno de los más acérrimos defensores de la identidad chiapaneca y de las 4 mil 975 hectáreas que en 1984 entregaron a 55 jefes de familia: ''No hay que buscarle más chicha a la garrapata. Esta es decisión de gobierno; aquí la conciliación con los oaxaqueños no funciona. Nosotros somos legales y, por vía jurídica, estamos en territorio chiapaneco''.

Comenta que son los comuneros de San Antonio --en San Miguel Chimalapa-- los que no respetan el permiso de explotación de palma camedor que la Semarnap otorgó a los ejidatarios porque ''alegan que estos son sus terrenos. Pero yo tengo 35 años y desde pequeño he vivido aquí. Con los chimas (como se conoce a los comuneros de San Miguel y de Santa María) no se puede dialogar porque no respetan nada''.

Y el comisariado ejidal corta la plática: ''La zona noreste de Cintalapa no está en venta. Si los chimas y sus congregaciones San Antonio y Benito Juárez quieren conservar su tierra, tendrán que regirse por la norma de Chiapas porque éste es nuestro territorio''.