Astillero Ť Julio Hernández López
¿Desea usted saber cuáles puntos son los que discuten en privado las fuerzas políticas que buscan crear una alianza electoral opositora? Aquí está un boceto de los que se analizaron durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves recién pasados.
Tregua ideológica de dos años
Para empezar, se habló del establecimiento de una tregua ideológica con respecto a los puntos que más controversia causan entre PAN y PRD. Con esa idea, la Alianza por México se comprometería durante dos años a lo siguiente:
- A no emprender reformas a los artículos 3, 127, 28 y 130 de la Constitución. Con ello se buscaría mantener intacto lo referente al carácter laico y público de la educación, al régimen de propiedad agraria, al carácter público del petróleo y la electricidad, y a la relación entre las iglesias y el Estado.
- A mantener una política económica que combata la inflación, mantenga el déficit público en niveles bajos y consolide la independencia del banco central.
- A no promover reformas jurídicas en materia de política poblacional.
- A no realizar venganzas políticas ni revanchas partidistas con el argumento de que se lucha contra la corrupción y la impunidad, y poner siempre en alto el propósito de la reconciliación nacional.
Garantías jurídicas para la transición
En septiembre del 2000, la coalición opositora presentaría propuestas de reformas constitucionales y legales para que el nuevo Presidente de la República no pudiese evadir el cumplimiento de lo pactado en la alianza.
Estas serían algunas de las reformas constitucionales que se podrían intentar:
- Que los nombramientos de los secretarios de Desarrollo Social, de Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito Público fuesen hechos por el Presidente, pero ratificados por el Senado y, en casos graves, removidos por esta misma cámara.
- Que el secretario de Gobernación fuese nombrado por el Presidente, pero ratificado por la Cámara de Diputados, para buscar el establecimiento de una jefatura de gobierno, en una especie de sistema semipresidencial.
- Que se consolidase la capacidad de los diputados federales para que interviniesen, a tiempo y con fuerza, en las decisiones relacionadas con los presupuestos, precisando totalmente el sentido de la capacidad de veto del Presidente en esos asuntos.
- Que se adicionase el artículo 110 constitucional para que el Presidente pueda ser sometido a juicio político durante el periodo de su ejercicio en caso de violaciones constitucionales y, bajo procedimientos y normatividad plenamente delimitadas, abrir el camino para que, en los casos procedentes, participase el Poder Judicial.
- Que a partir del primero de diciembre del año 2000 hubiese un tribunal constitucional, ante el cual los interesados podrían reclamar la inconstitucionalidad de una legislación, y ante el cual podría ser denunciada la mayoría legislativa que fuese responsable de aprobar leyes inconstitucionales.
Congreso constituyente para un nuevo régimen
En el 2002 se convocaría a un congreso constituyente, cuyos objetivos serían el establecimiento de un nuevo régimen y la reforma de las normas referentes a las responsabilidades de los servidores públicos. Habría una comisión de reforma constitucional en la que participarían personajes relevantes para preparar el proyecto de reformas que conocería el constituyente, que terminaría sus trabajos en el mes de noviembre del 2002.
Además, en ese constituyente se buscaría acabar con la discrecionalidad en la aplicación de la ley (sobre todo en cuanto al Presidente y a los agentes del Ministerio Público); establecer el derecho a la información para que cualquier ciudadano pueda saber lo referente a la función pública; reordenar todo lo relacionado con seguridad pública y justicia; establecer claramente un sistema semipresidencial o, cuando menos, de verdadera separación de poderes; y rehacer el pacto federal, dando más fuerza a los gobiernos locales y recomponiendo la función del Senado.
Los cargos
¿Cómo se integraría políticamente la Alianza por México? Podría haber un gabinete de equilibrios, con cuando menos tres nombramientos importantes. Al efecto, se hizo un ejercicio de imaginación: Hacienda sería para el PAN si ganase el PRD; la Sedeso para el PRD, en caso contrario; y una secretaría que incluiría Fomento, Comercio, Comunicaciones y Transportes, y Turismo, para algún empresario capaz, autónomo de los partidos.
Además se acordarían liderazgos para cada una de las cámaras, para garantizar los contrapesos del Congreso con el Ejecutivo; se crearían comisiones del Ejecutivo, el Congreso y la sociedad civil con personajes reconocidos, para abordar los temas relacionados con la reforma a la Constitución, el impulso a la educación y la reforma fiscal.
En el Gobierno del Distrito Federal se atenderían los equilibrios políticos que la ciudadanía decidiese y, en las elecciones estatales, podría repetirse el esquema de la alianza, pero también cabría la posibilidad de trabajar con otros esquemas unitarios.
Los plazos
De acordarse la alianza opositora, podrían establecerse cuando menos los siguientes tiempos políticos: uno iría del momento de la constitución de la alianza hasta las elecciones de julio del 2000; otro sería el del trabajo legislativo con los puntos arriba mencionados; un tercer lapso iría de diciembre del 2000, cuando tomaría posesión el nuevo presidente no priísta, a noviembre del 2002, cuando terminaría el congreso constituyente y, finalmente, el cuarto tiempo que arrancaría con la preparación de los comicios del 2003 y la toma de la decisión referente a la continuidad o disolución de la citada alianza.
Astillas: Es importante la decisión tomada por Angeles Correa de Lucio, la diputada perredista del Distrito Federal (que además es integrante del nuevo comité nacional del sol azteca) de iniciar una demanda penal por difamación y calumnias contra el priísta Octavio West (miembro también de la Asamblea Legislativa) por las maniobras desinformativas con las que se pretende hacer creer que con el nuevo código penal propuesto por los perredistas (el vigente data de 1929) se disminuirán las penas relacionadas con delitos de carácter sexual. La diputada Correa aseguró que la bancada priísta no ha participado en las discusiones del proyecto de código y que, con frecuencia, la fracción tricolor envía a sus secretarias como representantes... A propósito de DF, la señora Araceli Pitman se reunió en un restaurante de Chapultepec con Oscar Espinosa Villarreal. La primera fue nombrada contadora mayor de hacienda de la Asamblea Legislativa cuando el segundo era quien tomaba todas las decisiones. Ahora, la primera debe investigar las acusaciones de corrupción contra el segundo, pero, por lo pronto, comen amigablemente... Las declaraciones de Esteban Moctezuma contra Roberto Madrazo son absolutamente ciertas y verdaderas en cuanto... ¡Uff! Se acabó el espacio.
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