La auditoría sobre los créditos del Fobaproa concentra la atención en la cuestión de los ``créditos ilegales'', y obtiene a cambio la ``limpieza'' de los demás pasivos del Fobaproa. El siguiente paso para el gobierno es continuar la maniobra para regresar al proyecto original y consolidar esos pasivos como deuda pública.

En teoría, la auditoría fue concebida para identificar pagarés emitidos por el Fobaproa, pero que están asociados a créditos en los que hubo ``irregularidades'' por parte de los bancos. La condición es que esos créditos serían devueltos a los bancos de donde provienen y serían canjeados por otros instrumentos. Desde luego, la ley del IPAB incluyó la palabrería de rutina sobre ``se deslindarán las responsabilidades, bla, bla, bla''.

Entre los créditos identificados como irregulares por Mackey hay ilegales por 6 mil millones de pesos (mmdp). La SHCP sostiene que sólo esos créditos ilegales, ``apenas'' el 1 por ciento del total de los pasivos del Fobaproa, deben regresarse a los bancos. La auditoría Mackey, por su parte, sostiene que además hay créditos irregulares por otros 66 mmdp.

La pregunta fundamental no concierne al monto de los créditos irregulares o ilegales. La pregunta fundamental es ¿qué sucederá con los demás créditos que forman los pasivos del Fobaproa? La pregunta es clave porque el gobierno no abandona su proyecto de consolidar los pasivos del fideicomiso como deuda pública. Y la complicidad del PAN en esta tarea no puede ocultarse.

Los términos de referencia de la auditoría incluían la tarea de analizar cuáles pasivos del Fobaproa ``podrían convertirse en deuda pública''. La respuesta se presenta en el apartado VI Costo Fiscal del informe final. Sólo los montos de los pagarés podrían ser sujetos de conversión a deuda pública. El auditor alcanza a cuantificar esos pasivos por unos 311 mmdp, y asegura que también podrían convertirse pasivos relacionados con la venta de sucursales y otros existentes en instituciones intervenidas. Esas cantidades se sintetizan en una sola frase: casi todos los pagarés emitidos por el Fobaproa ``podrían'' convertirse en deuda pública.

El informe Mackey señala que no se le preguntó si debía llevarse a cabo esa conversión a deuda pública. Pero la idea está en la misma ley del IPAB (que fue presentada como iniciativa del PAN). Su artículo 5¼ transitorio establece el mecanismo de canje de títulos del Fobaproa por otros del IPAB. Y los artículos 45 y 47 constituyen el soporte legal del proyecto que sigue buscando consolidar los pasivos del Fobaproa como deuda pública.

En 1998 no se pudo lograr de manera directa consolidar los pasivos del Fobaproa como deuda pública. Y la perspectiva de tener un debate agrio anual en la Cámara para determinar el monto que debe asignarse a la partida del rescate Fobaproa no es aceptable. Imagine usted que cada año, como establece el artículo 45 mencionado, ``el Congreso dictará las medidas que juzgue convenientes para el pago de las obligaciones garantizadas''. ¿Cómo se va a llevar a cabo el debate y la decisión final? ¿Qué sucede si la oposición gana la mayoría en el Congreso?

Es evidente que bajo las condiciones establecidas por la ley del IPAB los banqueros tenedores de los pagarés actuales no consideran que se ofrecen garantías adecuadas para la amortización del principal más intereses al vencimiento. La consolidación como deuda sigue siendo claramente preferible.

La maniobra sigue su camino. La SHCP, en sus preparativos para el proyecto de presupuesto de egresos de la federación para el 2000 ya comienza a hablar de canjear los pagarés del Fobaproa por ``bonos''. El PRI se encargará de hacer flotar la idea en la Cámara, a ver si no pasa nada y se logra lo que siempre se ha considerado será la solución para los banqueros tenedores de los pagarés.

El ejercicio de Mackey no fue una auditoría ``al'' Fobaproa, sino de la cartera adquirida por las operaciones de este fideicomiso. La auditoría constituye una gran cortina de humo. Todos los pagarés del Fobaproa son ilegales porque se emitieron violando la legislación federal en materia bancaria, además de haber sido inconstitucionales. La auditoría equivale a un colosal lavado de dinero cristalizado en títulos financieros. Si tiene éxito el gobierno, el costo fiscal marcará la política fiscal por décadas, condenando a la economía mexicana al deterioro irreversible.