n Presuntamente le molestó su contenido informativo
Otra vez confiscó el gobierno de Chiapas ejemplares de este diario
Angeles Mariscal, corresponsal, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 11 de agosto n Por segunda ocasión en este mes, personal a cargo del gobierno de Chiapas confiscó de los puestos de periódicos y revistas los ejemplares del diario La Jornada, presuntamente por contener información que cuestiona algunas de las acciones del mandatario estatal.
El pasado martes 10 de agosto, personal a cargo de la Coordinación de Comunicación Social del gobierno del estado, quienes iban a bordo de una camioneta, recorrieron los lugares en donde se venden o distribuyen los diferentes diarios "comprando" todos los ejemplares de La Jornada.
Según informaron algunos voceadores, les pidieron hasta el último de los ejemplares del diario, incluso los que ya estaban vendidos a los suscriptores, pagando por cada periódico el doble de su costo real. Esta misma operación se dio el miércoles 4 de agosto.
Fuentes cercanas a la Coordinación de Comunicación Social dieron a conocer que la intención al "confiscar" los diarios era impedir que se difundiera la información que cuestionaba las acciones del gobernador Roberto Albores Guillén en torno al conflicto de los Chimalapas y al apoyo que dio a Francisco Labastida durante su reciente gira por la entidad.
En la página 15 de la edición del 4 de agosto de La Jornada, el senador independiente Pablo Salazar Mendiguchía acusa al mandatario estatal de exacerbar los ánimos de los chiapanecos en contra de los oaxaqueños bajo el pretexto de la defensa de la soberanía de la entidad, pudiendo provocar incluso enfrentamientos armados; y todo con objeto de atacar al propio senador.
Mientras que en el diario del martes 10 se publicó una caricatura donde aparece nuevamente el gobernador abrazando a Labastida Ochoa y burlándose de Roberto Madrazo por el apoyo que se le dio al candidato a la Presidencia. En esta misma edición, Pablo Salazar reitera sus acusaciones contra Roberto Albores.
Estos hechos se dan en el marco de la marginación en materia de información que se hace contra algunos representantes de medios de comunicación no proclives a la política oficial.