CANDIDATOS PRIISTAS Y RECURSOS PUBLICOS
El proceso de selección de candidato presidencial emprendido por el partido gubernamental, ha puesto en evidencia la incapacidad de los integrantes de ese instituto para hacer política sin recurrir a los recursos públicos. Los propios aspirantes a la principal candidatura del 2000 se han acusado mutuamente de ello, y hay suficientes elementos de juicio para pensar que, tanto Roberto Madrazo Pintado como Francisco Labastida Ochoa -los punteros en la carrera por la postulación- han incurrido en esa falta.
El primero, cuando todavía ejercía el gobierno de Tabasco, financió con fondos públicos una dispendiosa campaña televisiva que supuestamente promocionaba esa entidad, pero que en realidad constituyó -como lo muestra la continuidad del estilo y la semejanza de las consignas publicitarias- la fase de lanzamiento de la precandidatura del propio Madrazo, quien, por lo demás, tiene tras de sí un largo historial de manipulaciones de dineros turbios, como las millonarias donaciones de Carlos Cabal Peniche a su campaña a la gubernatura tabasqueña, en 1994.
Labastida, por su parte, enfrenta numerosos señalamientos -varios de ellos formulados por su rival tabasqueño- de utilización de infraestructura federal o estatal en sus desplazamientos proselitistas. Como botón de muestra, la Coordinación de Comunicación Social del gobierno de Chiapas puso a su disposición bienes y servicios diversos para promover y facilitar su reciente gira por ese estado, de acuerdo con información publicada anteayer en estas páginas, no desmentida en forma convincente. El sitio de Internet en el que se difundió información sobre la visita del precandidato priísta (http://presidencia.chiapas.com) pertenece a la dependencia mencionada -por más que su coordinador, Manuel de la Torre, haya tratado de negarlo- y se utiliza en forma regular para difundir las visitas presidenciales al estado. Tal situación debiera suscitar una investigación judicial para deslindar posibles responsabilidades políticas, civiles o penales.
En este contexto, el presidente Ernesto Zedillo, en una reunión realizada ayer en Veracruz para evaluar el desempeño de los programas Progresa y Procampo, hubo de lanzar una advertencia sobre la utilización de "recursos del pueblo" para hacer "política barata", y amenazó con la sanción legal de tales prácticas. Con los antecedentes referidos, ha de entenderse que el señalamiento presidencial tiene por destinatarios a los precandidatos punteros de su propio partido.