El EZLN es para los aspirantes a la candidatura presidencial de los diversos partidos políticos un inevitable punto de definición. No tienen forma de evitarlo. Ante la opinión pública nacional se han visto obligados a decir cómo, de ganar la Presidencia, piensan tratar con esta fuerza. Los precandidatos del PRI, además, han hecho del asunto un elemento para ajustar cuentas o para tratar de expiar culpas. Curiosamente, nadie se ha atrevido a criticar de frente a los zapatistas.

En el PRD la relación con los rebeldes es un asunto complicado. Las bases perredistas mantienen una gran simpatía por ellos que no es compartida por una parte de su dirección. Ante la cercanía de las elecciones el trato con el EZLN es aún más incómodo pues aleja del partido a una franja de votantes ubicada en el centro del espectro político, y enreda la posibilidad de concretar una alianza electoral con el PAN.

Sabedor de que en el conflicto chiapaneco tiene uno de sus flancos débiles, Francisco Labastida, responsable del fracaso de la política oficial hacia la rebelión del sureste durante cerca de año y medio, decidió enfrentar el "toro por los cuernos" y hacer de su visita a Chiapas un punto clave de su campaña por la nominación presidencial. En medio del más clásico de los acarreos, el candidato que quiere presentarse ante la opinión pública como el representante de la renovación priísta sostuvo que coincide con las causas que originaron el levantamiento armado, insitió en atacar las raíces que originan la pobreza y ofreció a los zapatistas que, de ganar las elecciones, no los perseguirá y les propondrá que se conviertan en una fuerza política.

Los límites de las propuestas de "paz" y de cambio enarbolados por Labastida se evidenciaron rápidamente. Según Manuel Bartlett, su rival "no pudo resolver el problema de Chiapas como secretario de Gobernación, y ahora dice que como presidente sí va a resolverlo...". Samuel Sánchez, dirigente del grupo paramilitar Paz y Justicia, responsable de decenas de asesinatos en la región chol, y el diputado Norberto Santiz, líder del Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista (MIRA), fueron nombrados coordinadores de su campaña electoral. Simultáneamente, el exsecretario de Gobernación emprendió la defensa apasionada del enésimo gobernador interino, Albores Guillén, responsable de una demencial política de confrontación y arrebato, señalando que "gobierna, escucha a su gente y actúa en función de lo que la gente pide".

El efecto inmediato de esta situación ha sido reconocer que el conflicto no tiene solución dentro de la administración de Ernesto Zedillo. Cada vez que un suspirante habla de lo que haría para resolver el conflicto en Chiapas de ganar la Presidencia de la República acepta que el problema en la entidad no tiene desenlace en el corto plazo.

Con su antiguo jefe llevándose la escalera, Emilio Rabasa se ha quedado, una vez más, colgado de la brocha. Sus recientes llamados a reanudar el diálogo entre el gobierno federal y el EZLN y su oferta de una reunión entre el secretario de Gobernación y los rebeldes están completamente fuera de foco. No tienen ninguna viabilidad de materializarse. Son, solamente, acciones publicitarias destinadas a vender en la opinión pública la idea de que el gobierno federal está abierto a la negociación, mientras disfraza al Ejército de ecologista y manda a 6 mil soldados a sembrar árboles en la selva.

Más delicado es el comportamiento de la Comisión Episcopal por la Paz. Genuinamente preocupada por el dolor humano que se vive en la zona de guerra, buscando ser útil, ha reactivado sus gestiones para tratar de restaurar el diálogo. El próximo 11 de agosto comenzará una serie de entrevistas con actores esenciales del proceso. Hace dos años, la buena voluntad de los jerarcas religiosos fue usada por el gobierno federal para promover su intervención en el conflicto, contener la mediación de Don Samuel Ruiz y forzar soluciones inviables. Aquella iniciativa terminó en un costoso fracaso y en el desgaste de la comisión. Hoy, nuevamente el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Embarcarse en la intentona de tratar de reanimar la negociación en las actuales condiciones sólo puede culminar en un nuevo descalabro, y en hipotecar la confiabilidad de un actor que puede desempeñar un papel determinante en el futuro.

La sucesión presidencial ha enredado el conflicto chiapaneco más de lo que ya estaba. Que no existan condiciones para reanudar la negociación en el corto plazo no significa que no pueda hacerse nada. Un intenso diálogo entre los zapatistas y la sociedad civil está en marcha. En su ampliación y profundización está la clave para avanzar en el proceso de paz.