Ť El vigente es "suave" y "flexible" para combatirlas: Angeles Correa

Persiguen reformas al Código Penal acabar con corrupción e impunidad

Ť Estos dos vicios han convertido a la administración local en una mina de oro, dice la legisladora

Raúl Llanos Samaniego Ť El Código Penal federal considera como delito no grave los actos de corrupción de funcionarios públicos, y quienes incurren en este tipo de conductas gozan de libertad bajo caución. Las penas aplicables son "mínimas" y las multas, en algunos casos, llegan a los 900 pesos.

De acuerdo con Angeles Correa, integrante del grupo plural de diputados encargados de la elaboración del nuevo código penal para el DF, la impunidad ha permitido que servidores públicos se enriquezcan ilícitamente, se coludan con bandas organizadas y roben el dinero de los capitalinos, o bien que un juez deje libre a cualquier delincuente a cambio de dinero, todo lo cual termina en el descrédito de las instituciones, daño al erario público y desconfianza de la gente hacia sus autoridades.

La diputada local precisó que el actual marco legal establece que el tráfico de influencias, ejercicio indebido de funcionarios, enriquecimiento ilícito y los delitos cometidos contra la administración de la justicia tienen una penalidad de tres meses, como mínimo, hasta ocho años, como máximo, y una multa que va de 30 a 300 salarios mínimos.

La propuesta de los diputados en la Asamblea Legislativa es reclasificar como delito grave aquellos delitos cometidos por servidores públicos, incrementar las penalidades y, sobre todo, eliminar el beneficio a la libertad bajo caución.

En este contexto, precisó que se busca el establecimiento de un proceso ágil y claro que no permita a los inculpados evadir la acción de la justicia.

El objetivo, explica Angeles Correa, es atacar de frente a la corrupción y la impunidad, que han hecho de la administración local una mina de oro, levantando a su alrededor toda una "cultura del ejercicio público", que ha dado paso a frases como: "No me des; nada más ponme donde haya".

Para la representante popular, el Código Penal federal que rige al DF "es suave y flexible" para combatir los casos de corrupción, pues no existen los candados suficientes para que quienes incurren en delitos sean castigados ejemplarmente y se rompa así las cadenas delictivas formadas durante años.

Manifestó que en los gobiernos priístas anteriores o no se hicieron reformas en materia penal, o aquellas que se impulsaron fueron con el único objetivo de protegerse mutuamente, pero nunca se dio paso a ningún instrumento que rompiera con esas cadenas.

Por eso representaban un "botín" las áreas de expedición de licencias de construcción, de conducir, de operación de giros comerciales, así como la Dirección General de Reclusorios y muchas dependencias más, donde el dinero era la llave que abría todas las puertas.

Algunos casos

Durante la entrevista, Angeles Correa citó los casos de José Merino, ex oficial mayor del DDF; José Parcero, ex titular en la delegación Gustavo A. Madero, y Fernando Peña Garavito, ex responsable de la entonces Dirección General de Servicios al Transporte, quienes fueron señalados como responsables de diversos delitos que dañaron las arcas públicas.

"En estos casos, la Procuraduría General de Justicia del DF actuó con firmeza y presentó las pruebas correspondientes, pero las leyes actuales son inoperantes y no se contó con las herramientas necesarias para castigar eficazmente esos actos", razón que obliga a llevar a cabo las reformas, cambios y adecuaciones necesarias para romper los casos de complicidad de impunidad.

Subrayó que hoy en día el robo, en cualquier modalidad, efectuado en un lugar cerrado, es un delito grave, pero dejar las arcas del DF vacías no lo es, y quien incurre en esa conducta goza de derecho a fianza y sale sin mayores problemas, "y no les preocupa lo que penalmente les pueda pasar".

Pugnan por que se mantengan castigos contra los violadores

Jorge Fuentes Ť Las modificaciones al nuevo código penal para el Distrito Federal no deben poner en riesgo los logros alcanzados en materia de tipificación, penalización, procesamiento y castigo a las violaciones sexuales, ya que alcanzan cifras alarmantes.

Así lo señaló Marcela Rivera, directora de la Asociación Mexicana contra la Violencia hacia las Mujeres, quien indicó que en la capital del país se llega a cometer una violación sexual contra mujeres cada siete minutos, y al año llegan a sumar hasta 11 mil.

Al participar en el seminario Justicia y no tolerancia a la violación sexual, refirió que las políticas impulsadas tanto por autoridades federales como locales representan un importante gasto de recursos en infraestructura para atención de víctimas, pero que dejan en segundo término la prevención.

"Se está invirtiendo mucho dinero en la asistencia, pero no existe un valor equiparado para la prevención y para darle al delito la importancia que tiene en la cuestión social, pues son costos que no están redituando en un beneficio social".

Indicó que otra desventaja para el aprovechamiento de la infraestructura es el hecho de que las mujeres no denuncien por no sentirse protegidas por las leyes.

Dijo que, por ejemplo, de cada mil mujeres que se atienden en los centros de apoyo existen otras diez mil que no son atendidas, porque 80 por ciento prefiere no presentar la denuncia.

Por ello, señaló que es necesario que a parte de invertir en centros de atención a víctimas también se genere una prevención mucho más eficiente para que los costos sociales se potencialicen y exista un real beneficio para la sociedad.