Ana Esther Ceceña
Derecho a la educación y huelga

Complicado momento por el que atraviesa la UNAM. La discusión sobre los derechos elementales del ser humano, entre los que el derecho a la educación es uno de los más importantes, ha dejado el lugar a un discurso más pragmático centrado en la toma o devolución de las instalaciones universitarias.

El problema planteado por el actual movimiento estudiantil en la universidad, sin embargo, tiene una trascendencia nacional profunda pues atañe a la formación de nuevas generaciones de mexicanos, universitarios o no, y a la independencia de pensamiento del pueblo de México.

La universidad es el espacio de creación del conocimiento de frontera en nuestro país y lo debe ser en todos los sentidos: debe también ser el laboratorio de las formas más avanzadas de ejercicio de la democracia y de la búsqueda incesante de caminos para difundir la cultura hacia el resto de la nación. Debe ser una universidad abierta hacia la sociedad, al tiempo que generadora de los más avanzados conocimientos científicos capaces de contribuir a la superación de los grandes problemas nacionales.

La huelga estudiantil, a pesar de interrumpir algunas de las actividades universitarias, ha sido un llamado a la conciencia nacional, tan apartada de los fines colectivos. La historia no es un destino sino una construcción social en la que las distintas rebeliones marcan límites y posibilidades. La UNAM no puede rendirse ante la fatalidad neoliberal y renunciar a ser la máxima fuente de ciencia y cultura de la nación, su conciencia crítica y el bastión de su soberanía intelectual.

El actual conflicto y las dificultades para resolverlo evidencian la diversidad de opiniones sobre las funciones sustantivas de la universidad y los procedimientos para cumplirlas. Para algunos la calidad de la enseñanza y la investigación son incompatibles con la función social de difusión de la cultura cuando se pretende que ésta tenga un carácter abierto y recoja también las enseñanzas y preocupaciones de la sociedad con la que se relaciona, y que incluye a los diversos grupos que la conforman (no sólo a la empresa privada y al sector público).

Después de tres meses de huelga los temas fundamentales sobre el carácter de la universidad y su función social, sobre los contenidos y dinámicas de sus procesos internos de creación y transmisión de conocimientos, sobre sus procedimientos de decisión y sus políticas académicas no han encontrado un espacio adecuado de discusión. El problema no parece ser la huelga, que podría haber proporcionado el tiempo y el acicate para que la comunidad se expresara; el levantamiento de la huelga tampoco podrá, por sí mismo, crear esa posibilidad.

El primer vacío provino de las autoridades universitarias que se resistieron a escuchar las voces diversas de la comunidad pero no fue el único. La dificultad para establecer un diálogo sin recelos entre estudiantes y académicos de diferentes adscripciones y especialidades es el verdadero problema a resolver para poderse plantear conjuntamente el del reconocimiento a la educación en todos sus niveles como uno de los derechos fundamentales y el de la consecuente exigencia al Estado para proporcionar los medios para garantizarlo.

En este contexto, la propuesta de los eméritos tiene importancia sobre todo por haberse formulado en el momento en que las autoridades universitarias declararon la inutilidad del diálogo frente a una espera ruinosa en la que perderemos todos. La expectativa que ha despertado el debate entre el CGH y los eméritos firmantes de la propuesta resalta el interés de la comunidad por impulsar ya una discusión amplia y sustantiva sobre la universidad que queremos y que podemos lograr. El debate universitario debe girar en torno a los proyecto(s) de la universidad que subyace(n) en la terriblemente difícil pero efectiva unidad y cohesión del CGH y los que enarbolan los diferentes sectores de académicos o las actuales autoridades y, dadas las circunstancias, la iniciativa de los eméritos y las adhesiones que ha logrado pueden ofrecer la oportunidad que desecharon las autoridades.

No obstante, no podemos engañarnos acerca de la necesidad de resolver los puntos fundamentales que movilizaron a los estudiantes hacia la huelga y suponer que después de tres meses de sostener su movimiento renuncien a resolver, de entrada, por lo menos la derogación del Reglamento General de Pagos (RGP). Es decir, pedir el levantamiento de la huelga en aras de una discusión posterior parece ser un poco ingenuo y pone del lado del CGH la responsabilidad total de lo que ocurra en la UNAM.

En recientes declaraciones el doctor Barnés señaló que con la información que ahora tiene no hubiera presentado su iniciativa de modificación al RGP (La Jornada, 5 de agosto). Pues es momento de corregir los errores y solicitar al Consejo Universitario derogar los acuerdos del 7 de junio y abrir una perspectiva real de solución al conflicto por la vía de un gran debate universitario que puede ser construido desde ahora tomando como punto de partida la propuesta de los ocho eméritos.

El mejor comienzo para sentar las bases de una discusión respetuosa y sin recelos y un primer acuerdo para solucionar el conflicto consistiría en llamar conjuntamente (eméritos, CGH y académicos) al rector y al Consejo Universitario a derogar el RGP del 7 de junio. Se hará así evidente la convicción de que queremos una universidad abierta y más sólida que nunca. El debate del 10 de agosto podría ser el escenario indicado para ese acuerdo.