Son tiempos de cirugía mayor. La crisis de la UNAM plantea urgencias que no estaban presentes hace tres meses en la conciencia colectiva, cuyas desfiguraciones abarcan a la educación en conjunto.

Es demagógico sostener un discurso sobre la construcción de una democracia moderna y sobre la "importancia determinante" de la educación para la "sociedad del conocimiento" del próximo siglo, mientras mantenemos un sistema educativo de baja calidad. Asimismo, la cobertura de educación superior, que apenas rebasa el 15 por ciento (la mitad de la de Chile, un tercio de la de España, o un séptimo de la de Canadá, grosso modo), no se compadece con la modernización pregonada.

Es menester una política de Estado para abrir un largo periodo de reformas. Para ello es inexcusable destinar los recursos necesarios. O creamos una sociedad educada, o no tendremos más que nuevas extensiones y reproducciones del subdesarrollo en todos los órdenes.

Como en el caso de España en los años ochenta, nos es indispensable una Ley de reordenación educativa que coordine al conjunto de las instituciones educativas del país, privadas y públicas, desde el nivel preescolar hasta el posgrado, incluidas todas las instituciones de capacitación técnica y profesional no universitaria, y que regule al propio proceso de reforma.

Esa ley derivaría de una nueva reforma al artículo 3Ɔ constitucional, que siente las bases de esa reordenación y que ponga en claro, sin ambigüedades, el asunto de la gratuidad. En este tema, los países de la Comunidad Europea conservan su criterio original: es gratuita la educación que es obligatoria; 12 años en los Países Bajos y Alemania; diez en España y Francia; nueve en Bélgica, Dinamarca, Grecia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Reino Unido; ocho en Italia. En los Países Bajos y en Alemania la educación obligatoria y gratuita abarca primaria, secundaria y bachillerato; en el resto, primaria y secundaria. La gratuidad no abarca a la educación preescolar, ni a la técnica o la profesional no universitaria, ni al bachillerato (con las excepciones señaladas), ni a la universitaria, porque no son obligatorias (salvo en casos particulares).

Los espacios educativos a coordinar: 1) preescolar; 2) educación primaria; 3) educación secundaria, con dos ciclos, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato; 3) educación técnica elemental (posterior a la secundaria obligatoria); 4) educación técnica media (posterior al bachillerato); 5) educación técnica superior o educación profesional no universitaria (también posterior al bachillerato); 6) educación universitaria.

Una evaluación nacional de verificación de metas educativas en el cuarto de año de primaria y en el segundo año de la secundaria obligatoria, a semejanza del diseño estadunidense, es altamente conveniente.

La vía principal para aumentar la calidad del bachillerato y fijarle finalidades explícitas (actualmente es un nivel sin objetivos educativos nacionales), consiste en organizarlo como sistema conjuntamente con la escuela secundaria obligatoria, y en establecer un examen nacional riguroso para acceder a la educación superior (a semejanza del sistema francés o inglés).

El examen nacional, además, serviría de referente y guía para la formulación de los planes de estudio en todas las escuelas de bachillerato del país. Cada escuela tendría el reto de alcanzar los estándares académicos necesarios para que sus egresados pudieran aprobar el examen nacional y acceder a la educación superior. El bachillerato debe dar a los alumnos madurez intelectual y humana, y conocimientos y destrezas que les permitan conducirse con responsabilidad y competencia.

A los espacios de educación técnica o profesional no universitaria debe poder accederse por la vía de la acreditación de la educación formal establecida, o por un examen de conocimientos y experiencia.

La formación universitaria, por su parte, debe alcanzar, especialmente en las disciplinas profesionalizantes, estándares básicos generales, acordados y obligatorios, diseñados por los especialistas de cada disciplina.

Como otras universidades públicas, la UNAM demanda una reforma profunda.