Nuestro futuro eléctrico está lleno de retos. Menos por lanzarnos a cambios privatizadores compulsivos. Más por la necesidad de superar vicios y profundizar bondades actuales para lograr un sector eléctrico nacional que coadyuve a un desarrollo más justo. Se trata de algo más que palabras. Para ello será imprescindible fortalecer la regulación estatal, independientemente de la forma que asuma esta noble industria los próximos años.

No se trata de una regulación que se limita al control de precios y tarifas --subsidios, sin duda--, o a la supervisión de inversiones para que resulten ser las necesarias --no menos pero tampoco más--, para la adecuada expansión de la generación, la transmisión y la distribución del fluido eléctrico. Prioridad máxima, entonces, será avanzar en la reglamentación de la conducta que deberán observar los múltiples actores de una industria eléctrica nacional reformada, en la que además de las grandes compañías estatales (CFE y LFC), habrá --de hecho ya hay--, importantes productores independientes (Mérida III, primera experiencia en este sentido, entrará en operación durante el cuarto trimestre de este año), y un conjunto nada despreciable de autoabastecedores, cogeneradores y pequeños productores (7 por ciento del total nacional).

Con la necesaria reforma a impulsar, pronto veremos nuevos actores, incluso al interior de las mismas empresas estatales, que exigirán nuevas reglas y normas de conducta. Por ejemplo, parece inminente que CFE y LFC se restructuren sea funcional o regionalmente, es decir, que se exijan resultados de competitividad, eficiencia, rentabilidad, seguridad y cuidado ambiental a las fases de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica; más aún, que estas exigencias se establezcan y se evalúen regional y localmente.

No se vale solapar ineficiencias, tapándolas con las eficiencias de otros. La conducta de plantas, áreas de transmisión, zonas de distribución y agencias de comercialización debe ser impecable, eficiente, segura y con extremo cuidado del ambiente. Pronto la sociedad y los usuarios organizados deberán estudiar los informes de operación y los resultados de explotación ya no sólo globales, sino de un área de generación; asimismo deberán analizar con cuidado los estados de resultados de las centrales de generación, así como también los de las áreas de transmisión que actúan en cada zona y que vinculan eléctricamente a todas las del denominado Sistema Interconectado Nacional, y que nutren a las áreas de distribución.

El análisis debe preservar ese principio clave de la nacionalización: homogeneización de costos a través de ese sistema que agrupa la red nacional de transmisión, y que es condición para establecer un costo nacional de producción y, con base en él, una tarifa nacional de electricidad con factores de regionalización. Con éste se evita que las rentas derivadas no sólo de la utilización de bienes nacionales, como el agua de las cuencas hidráulicas o el vapor geotérmico del subsuelo, sean apropiados privadamente; también se logra que el abatimiento de costos derivado del cambio tecnológico se traduzca en baja de precios en las tarifas no subsidiadas o en elevaciones menos severas en aquellas en las que resulte impostergable racionalizar el subsidio.

Pero también parece inminente que aparecerán muchos más productores independientes, más autoabastecedores, más cogeneradores, más pequeños productores, pero también, como muchos especialistas sugieren, empresas de servicio que podrían atender al usuario final para lograr que desde el poste del transformador al que llega la electricidad en calles y avenidas, hasta el interior de las casas, oficinas, tiendas, comercios, edificios públicos y fábricas, el servicio experimente una mejoría notable, que debe incluir de manera fundamental a las actividades de medición y facturación. Para que la alternativa de reforma sin privatización sea algo más que palabras, resultará necesario pensar en todo ello, buscando que estos tiempos de la gran discusión nacional sean también de preparación para que la sociedad y el gobierno ejerzan sus imprescindibles tareas de supervisión y regulación, siempre en bien de un mejor servicio. De otra manera la defensa del carácter nacional de la industria será vacía.