INTOLERABLES ABUSOS CONTRA MENORES

Las violaciones de menores acontecidas en un jardín de niños ubicado en el sur del Distrito Federal son motivo de justificada indignación y preocupación social, no sólo por la gravedad y perversidad de los delitos -cometidos contra infantes indefensos-, sino, también, porque los bárbaros atentados tuvieron lugar dentro de una institución educativa que está obligada a brindar seguridad y protección a sus educandos, y porque se perpetraron, hasta donde se sabe, de manera premeditada y organizada, con el fin de producir fotografías y videos de pornografía infantil.

La violación es un crimen intolerable que, en cualquiera de sus formas, lesiona severamente a sus víctimas tanto en lo físico como en lo moral. Pero en el caso que nos ocupa, a la crueldad, al sadismo y al desprecio con que fueron agredidos niños inocentes debe sumarse la perturbadora posibilidad de que los responsables de estos delitos -que deben ser sancionados de manera ejemplar y con todo el rigor de la ley- formen parte de una organización criminal dedicada a la pornografía infantil que operaría con la complicidad o la complacencia de trabajadores o autoridades de centros educativos. Hasta el momento, sólo ha sido detenido un individuo -el conserje del jardín de niños Tonali, donde se registraron los hechos-, pero la Procuraduría capitalina realiza indagaciones para clarificar si existen más personas -dentro o fuera de la escuela- involucradas en estos dolorosos acontecimientos.

Por otra parte, resulta indignante la pasividad y la poca cooperación que -a decir de los padres de los menores agredidos y de las autoridades judiciales y de la delegación Tlalpan- han mostrado los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública, dependencia a la cual pertenece el jardín de niños Tonali. La SEP tiene la obligación ineludible de colaborar en el esclarecimiento a fondo de estos delitos, y debe brindar apoyo y asistencia a las víctimas, las cuales se encontraban bajo su custodia cuando se cometieron las violaciones. Y si, en efecto, se descubriera la existencia de una red de pornografía infantil que opera en planteles educativos de la SEP, las autoridades de esa secretaría deberán asumir su responsabilidad en esos gravísimos hechos.

Por último, debe señalarse que el abuso sexual contra niños es, desafortunadamente, un problema de dimensiones preocupantes tanto en el DF como en otras entidades de la República. Tan sólo en la ciudad de México, según cifras de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el primer semestre de este año se tuvo conocimiento de mil delitos sexuales en agravio de menores, mientras que 32 por ciento de los infantes que abandonan su hogar en el DF, según reportes oficiales, lo hacen por hostigamientos de índole sexual. Por ello, ampliar los programas de orientación y concientización sexual entre padres e hijos, fomentar el aprecio y la defensa de los derechos humanos y la dignidad de los menores, y ampliar las redes de asistencia social, sobre todo entre los menos favorecidos, son medidas que resultarían pertinentes para reducir la violencia intrafamiliar, en sus diferentes formas y grados.

Y en lo concerniente a las violaciones acontecidas en el jardín de niños Tonali, es de esperar que las autoridades identifiquen y sancionen de manera rigurosa y expedita a los responsables de esos infames atentados y brinden decididamente a las víctimas todo el apoyo y la solidaridad que requieren.