LA ENCRUCIJADA VENEZOLANA
Luego del triunfo abrumador obtenido por la coalición del presidente Hugo Chávez en las elecciones para conformar la Asamblea Constituyente, parece claro que el mandatario venezolano ha decidido capitalizar al máximo su victoria y emprender una serie de modificaciones, tan arriesgadas como radicales, al sistema político de su país.
Ciertamente, Chávez se apoya en la contundente mayoría obtenida en los comicios pasados y en el amplio respaldo social que actualmente posee, circunstancias que le confieren legitimidad y popularidad a sus actos. Sin embargo, los métodos con los que el mandatario venezolano ha conducido sus movimientos políticos, en especial en lo relativo a las facultades y alcances de la Constituyente, resultan cuestionables.
En primer término, dada la composición de la nueva Asamblea -90 por ciento de sus integrantes forma parte del Polo Patriótico de Chávez- no queda claro si ésta formulará de manera independiente la nueva Constitución venezolana o si se limitará a validar las iniciativas presidenciales. El hecho de que Chávez haya presentado ante ese órgano un proyecto de Constitución prácticamente terminado apunta a lo segundo.
Por otra parte, no debe olvidarse que mientras no sea promulgada una nueva Carta Magna, los organismos previstos por la anterior (el Congreso y la Suprema Corte, principalmente) siguen siendo legales y legítimos, independientemente de que formen parte del sistema político que Chávez se empeña en desmantelar. La pretensión presidencial de declarar el estado de emergencia y la disolución de los poderes resulta, así, riesgosa para la democracia venezolana, pues dejaría a la Asamblea Constituyente, incondicional de Chávez, sin contrapesos. La oposición, cabe señalar, considera que sería ilegal llevar a cabo estas determinaciones.
Igualmente, la propuesta para ampliar en un año el mandato presidencial y permitir la relección inmediata del presidente de la República deja traslucir la intención de Chávez de abrirse el espacio para gobernar durante un periodo dilatado. Y aunque Chávez propuso también la creación de la figura de vicepresidente y de un Consejo de Estado "para restarle poder al presidente", cabe preguntarse hasta qué punto estas iniciativas no son sino un intento por disimular las inclinaciones autoritarias de las que no está exento Chávez.
Es muy relevante, en cambio, la propuesta de instituir la figura del referéndum revocatorio, que permitiría a los ciudadanos remover a los funcionarios que no cumplan con los programas ofrecidos a los votantes. Sin embargo, los venezolanos harían bien en cuidar que tales procedimientos no fueran utilizados como instrumentos para contener u hostigar a los opositores.
Finalmente, ha de señalarse que el puro voluntarismo no puede, por sí mismo, lograr los cambios políticos y económicos que los venezolanos -hartos de gobiernos anquilosados, ineficaces y plagados de corrupción- demandan con toda justicia. Hasta el momento, no está claro si Chávez conseguirá corregir los graves problemas económicos y sociales que padece Venezuela ni si podrá mantener con hechos el respaldo popular que hoy le permite llevar a cabo sus drásticas modificaciones institucionales. Las grandes esperanzas que el pueblo venezolano ha depositado en Chávez merecen más que desplantes retóricos y reivindicaciones políticas, y sólo una evidente mejoría económica y una ampliación de las libertades democráticas lograrán cristalizar las aspiraciones sociales.
Chávez es, ciertamente, un presidente atrevido y un caudillo popular, pero aún no está claro si se convertirá en el estadista democrático que se requiere para conducir a Venezuela a un futuro más justo y auspicioso.